Este lunes 8 de mayo por la mañana comenzó en Mar del Plata el juicio por el caso de gatillo fácil de Brandon Romero, asesinado el 5 de julio de 2020 por Pedro Arcángel Bogado, teniente de la policía bonaerense.

El inicio de la jornada fue escandaloso. Desde el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Mar del Plata se ordenó el vallado de toda la cuadra. No se dejó pasar ni siquiera a familiares de víctimas de gatillo fácil, que vinieron a presenciar el juicio desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y del país. La Bonaerense, ubicada en las esquinas, provocó a quienes llegábamos y preguntábamos si podíamos pasar, incluso sus efectivos llegaron a decirle a la mamá de Brandon que tampoco iban a poder pasar sus propios hijos para acompañarla. Con un cordón de Infantería, comenzó la selección del jurado popular de doce personas, que tendrán que determinar la sentencia de Pedro Bogado, que ingresó al Tribunal caminando entre el vallado y pasando por al lado de la familia de Brandon. Toda una provocación, mientras Romina, la madre de Brandon, era asistida en la calle y esperaba más de 6 horas sin que la dejaran pasar siquiera al baño.

Conformado el jurado, las primeras declaraciones fueron las que hicieron los padres de Brandon Romero. La estrategia de la defensa es la misma que viene apareciendo en distintos casos de impunidad: la revictimización y el juzgamiento de la propia víctima. El caso está plagado de irregularidades, como por ejemplo el encubrimiento del accionar de la Bonaerense que masacra a los pibes en los barrios más pobres. La Justicia actúa amparando a las fuerzas represivas en tanto es la misma policía la que forma parte de la investigación en cada uno de los casos.

El caso de Brandon es un reflejo de la política que desenvuelven los distintos gobiernos y sobre todo el gobierno peronista, que en los últimos años acumuló múltiples denuncias de atropellos y todo tipo de tropelías en los barrios, dentro y fuera de las comisarías, lo que tiene como víctima principal a una juventud afectada por el hambre y el trabajo precario. Con Sergio Berni a la cabeza, en la provincia se multiplicaron las denuncias de detenciones arbitrarias. El Estado capitalista ampara y encubre a las fuerzas represivas que organizan el delito y el narcotráfico y es defendido abiertamente por Kicillof y compañía. El gobierno bonaerense desalojó ocupaciones de tierra por vivienda y reprimió luchas de trabajadores, como ocurrió en La Matanza luego del asesinato de Daniel Barrientos.

En la espera de los alegatos y del dictamen del jurado popular, que se conocerán este viernes 12 de mayo, seguiremos acompañando a la familia de Brandon, reclamando justicia en el camino de terminar con la impunidad garantizada por este Estado capitalista asesino.