Con una sala colmada de público y la presencia de las Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas y Elia Espen, se dio inicio a la lectura de las acusaciones que pesan sobre Héctor Horacio Marc (ex Servicio Penitenciario Federal), Eduardo Ángel Cruz (de la central de informaciones de la Policía Federal Argentina), Juan Miguel Méndez (ex Gendarme), Raimundo Izzi (ex PFA), Mario Chacra (del cuerpo de informaciones de la superintendencia de la PFA), Alfredo Omar Feito (del Ejército), Carlos Lorenzatti (quien se retiró como subcomisario de la PFA), Gerardo Arraez (ex PFA) y Ricardo Valdivia (ex PFA), por 352 casos de  compañeros detenidos desaparecidos que pasaron por los centros clandestinos comandados por el Primer cuerpo del Ejército, conocidos como circuito Atlético-Banco-Olimpo (ABO). Entre ellos, se encuentran los casos de nuestro compañero Pablo Rieznik, el de Hugo Miedan (hijo de Elia Espen, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) y Luis Guagnini (hijo de nuestra compañera Cata Guagnini).

Este juicio, cuya duración se estima en 18 meses, llega después de 2 años desde que la causa fuera elevada a juicio por el juez Rafecas. Una vez más, no agotará la totalidad de los casos de compañeros que pasaron por esos centros clandestinos (entre ellos, los siete compañeros de Política Obrera), ni la totalidad de los delitos, puesto que no se juzgarán delitos sexuales durante este tramo. 

Por otra parte, la cantidad de genocidas que llegan a juicio es mínima (nueve) y, si bien están acusados de 19 homicidios y más de 200 casos de privación ilegítima de libertad y tormentos,  solamente uno de ellos se encuentra preso. El resto de ellos se retiró por su cuenta del tribunal como cualquier hijo de vecino.

Sin ir más lejos, y sólo a modo ilustrativo, por el caso de nuestro compañero Pablo Rieznik hay un solo imputado (Marc) y por el caso de Hugo Miedan, dos (Marc y Chacra). Irrisorio.

En el comienzo de la audiencia se permitió el ingreso de fotógrafos, pero sin que hubieran ingresado aun los imputados. La fiscalía cuestionó el motivo, recibiendo como respuesta que una resolución dictada horas antes impedía tomar imágenes de los acusados hasta tanto se concluya con la etapa probatoria –es decir, la testimonial. Esta resolución del Tribunal Oral Federal N° 2 no puede leerse de otra manera que como un blindaje a los imputados, para que no se den a conocer sus rostros.

La lentitud de los juicios y sus permanentes desguaces son producto de una política de Estado que se mantuvo firme desde el fin de la dictadura, manteniendo bajo siete llaves los archivos de la dictadura y con la vocación de juzgar a un puñado de milicos.

Al final de la audiencia, la sala repleta de familiares, organismos de derechos humanos y sobrevivientes dejó en claro con cánticos que esta lucha continúa.

Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas por todos los compañeros