Córdoba: debaten proyecto dictatorial para criminalizar la protesta social

Para continuar imponiendo el ajuste la UCR y el PJ quieren sobre pasar garantías constitucionales.  

El acampe piquetero en Córdoba despertó la ira de los políticos capitalistas.

En la legislatura de la provincia de Córdoba a iniciativa del PJ, y posteriormente la UCR, se presentaron proyectos que apuntan a criminalizar la protesta social. El oficialismo a través del diputado Juan Manuel Cid, y la oposición patronal con los legisladores Dante Rossi y Verónica Garade Panetta son autores de “propuestas legislativas” que sobrepasan garantías constitucionales. El ataque se dirige a la lucha piquetera en particular, pero es un tiro por elevación a la lucha obrera y popular, en momentos en que el ajuste no da respiro a las familias trabajadoras.

Medios de comunicación informan que en la discusión en comisión ya hay un principio de acuerdo. En efecto hay “consenso” en torno a compatibilizar los mencionados proyectos. Sobre esa base ahora buscan un acuerdo de bloques, trascendió que legisladores vecinalistas y macristas también apoyan sancionar una medida que viola las más elementales libertades democráticas.

Así las cosas, “la comisión de Asuntos Constitucionales avanzará en regular las protestas y piquetes a través de la modificación del Código de Convivencia Ciudadana, y se dispondrán fuertes sanciones ante los incumplimientos y excesos en la vía pública”, informó Perfil. Rossi, el legislador del “ala progresista del partido radical” aclara que “no tiene nada que ver con prohibir”. Sin embargo, cualquier protesta debe estar sujeta a “aprobación”. Además, el proyecto de la UCR pretende prohibir manifestarse en el centro de la capital cordobesa.

En tanto que el legislador peronista Cid declaró a Perfil que un punto clave para hacer “efectiva” la norma en la práctica, radica en la “ampliación de poderes al Poder Judicial” para que pueda actuar in situ y verbalmente. “Se hace cesar la infracción de manera verbal y después se hace el expediente”, puntualizó el parlamentario. La citada fuente aclaró que incorporarán “penas gravísimas a los que faciliten la logística” de los piquetes. Es decir, “el que organiza, el que toma asistencia, el que los moviliza (transportistas), al que alquila los baños químicos”.

Los proyectos antiprotesta pretenden imponer luego de que el último acampe de la Unidad Piquetera conmocionaron una provincia hundida en la miseria y la pobreza. Además, crece la tendencia patronal a judicializar la lucha obrera, las propuestas del peronismo y de la UCR siguen esa orientación represiva. Tenemos por lo tanto que la respuesta de los bloques políticos a los reclamos sociales es la quita de derechos constitucionales.

En ese sentido, también debe verse los incesantes planteos de proceder a una nueva reforma de convenios colectivos de trabajo. Esto cuando “el costo laboral” se encuentra en franco descenso, sin embargo las patronales y sus políticos insisten que para salir de la crisis lxs trabajadores deben resignar derechos.

“En el gran Córdoba hay más empleados privados informales que registrados”, según La Voz del Interior. Esto explica en parte la grave situación laboral en la provincia, que crea una condición objetiva para el desarrollo de un gran movimiento de reclamos y de lucha. Esto es visto por los partidos patronales, por eso las declaraciones que se realizan tanto del PJ como de la UCR apuntan contra la movilización piquetera.

Cabe recordar que en el Concejo Deliberante también se presentaron proyectos contra las movilizaciones piqueteras en particular. En este caso primero fue el concejal de la UCR Juan Negri, y luego el edil peronista Diego Casado apuntaron contra quienes llevan sus hijxs a las manifestaciones. Hay un claro ensañamiento contra las mujeres, madres piqueteras, un discurso bien de clase, que pretende separar a la vanguardia piquetera del resto de los sectores obreros y populares.

El PJ y la UCR coinciden atacar el derecho a la protesta y continuar imponiendo el ajuste. La posición de los partidos patronales pretende sentar las bases para la represión de la protesta social. Vale tener en cuenta que primero calificaron de “practicas extorsivas” a la protesta social, y a quienes protestan descalifican con términos como “planerxs”.

En oposición a planteos reaccionarios que no representan ninguna salida para los reclamos populares, el Polo Obrero y el Partido Obrero, llaman a reforzar la construcción por el paro y un plan de lucha, conscientes de que una acción colectiva e independiente de la clase obrera es capaz de desbaratar planteos fascistizantes y abrir paso a un curso político reivindicativo de la clase obrera. Para eso es clave defender el derecho a la protesta, porque luchar no es delito. Al servicio de esa orientación, el próximo 21 de octubre realizaremos un masivo acto de la izquierda y las luchas.