Dos policías que se encontraban cumpliendo prisión preventiva por el crimen de Joaquín Paredes, en la localidad cordobesa de Paso Viejo, fueron puestos en libertad. Los agentes Ronald Fernández y Jorge Gómez fueron excarcelados tras pagar una fianza por orden de la Cámara del Crimen de Villa Dolores.

En su resolución, la Cámara le echa en cara a la fiscalía negligencias acusatorias y probatorias. Mientras libera a dos involucrados que participaron de la balacera contra pibes aquella madrugada del domingo 25 de octubre de 2020. Todavía quedan dos efectivos tras las rejas, entre ellos Maykel Mercedes López que es el principal acusado.

La Cámara de Villa Dolores afirmó que ‘‘no se puede tolerar que la necesidad de privación de libertad de una persona durante el proceso responda a las sensaciones colectivas o alarma social, dado que tal interpretación resultaría violatoria del principio de inocencia”. Una vergüenza, porque la prisión a los responsables del crimen de Joaquín Paredes es el resultado de la gran cantidad de elementos probatorios.

Las resoluciones de la Cámara critican el trabajo de la fiscal Fabiana Pochetino, a la cual recriminan no haber probado que los acusados pueden entorpecer la investigación. La fiscal sostene que hubo una actitud corporativa de la fuerza policial porque el día del crimen se alteró el libro de guardia de la comisaría, se borraron y manipularon las comunicaciones desde los teléfonos celulares, la comisaria Natalia Lorena Moreta nunca dio la clave para que se peritara su teléfono celular, e incluso cuatro de los cinco imputados se lavaron las manos antes de ser sometidos al dermotest, por lo que el análisis dio negativo. La Cámara retruca que ella nunca imputó a nadie por alterar el libro de guardia ni avanzó en investigar a la comisaria Moreta.

De esta manera se pasan la pelota de un lado a otro del Estado, mientras los policías quedan impunes y quedan en pie todo el operativo de encubrimiento de toda la cadena de responsabilidades. La realidad es que los testimonios son demoledores: los uniformados dispararon a mansalva contra el grupo de jóvenes, matando a Joaquín y lesionando a otro joven. Todos los policías involucrados son responsables. La familia de Joaquín, mientras tanto, sigue luchando por justicia.

Cabe traer a colación que en la causa de Blas Correa, otro crimen policial, la familia dice que la cadena de responsabilidades del crimen va más allá de la imputación del comisario Gonzalo Cumplido, mientras que en el caso de Álvaro Zarandon -que lleva años sin sentencia- también se quiere lavar de culpas a los partícipes y encubridores. Esto revela que ante cada caso de gatillo fácil policías, jueces, camaristas, fiscales y gobierno se trenzan para ocultar sus propia complicidad con este accionar criminal.

A cinco días de que se cumplan seis meses de la muerte de Joaquín, insistimos en el reclamo de justicia y hacemos responsable al Estado en todos sus niveles. Reclamamos el desmantelamiento del aparato represivo y la elección popular de jueces y fiscales, para hacer efectiva la consigna “gatillo fácil nunca más”.