Libertades democráticas
7/6/2024
Córdoba: Llaryora pide la intervención del Ejército en la seguridad interna
Un refuerzo en la política represiva del gobierno que no resuelve el problema de la inseguridad.
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Foto: La Nueva Mañana.
El gobernador de Córdoba, Martin Llaryora, planteó estar a favor de incorporar el Ejército y la Gendarmería a la seguridad interna. La posición implica un refuerzo en la política represiva que no resuelve los problemas de inseguridad, sino que implica más represión para lxs trabajadores y regimentación en las barriadas populares. También repitió acordar con la baja en la edad de imputabilidad, y el uso de armas no letales.
Lo señalado por Llaryora fue en ocasión de un discurso que dio en el marco de la salida a la calle de 1.500 cadetes de la Policía de Córdoba, en una “formación práctica” en las que operarán sin armas de fuego en zonas de baja criminalidad, con tutores de mayor antigüedad en la fuerza. Se anunció que se dispondrán más de 200 móviles policiales, cámaras, chalecos antibalas, armas no letales y otras herramientas.
En declaraciones a los medios, el gobernador llamó a reforzar a la policía, a la coordinación con las fuerzas federales y llegó a reclamar la intervención del Ejército en la lucha contra el narcotráfico. Esto dejando de lado la profunda descomposición de las fuerzas de (in)seguridad y que, en ciudades como en Rosario, las intervenciones de otras fuerzas represivas tampoco resolvieron el flagelo del narcotráfico.
Lo claro es que el gobernador está en sintonía con el gobierno nacional en materia de “seguridad”. Cabe recordar que, según el legislador Maqueda, a los civiles se los combate con fuerzas de seguridad y no militares.
Llaryora planteó que era necesaria una formación práctica de los cadetes pero todos los protocolos de formación y de uso de la fuerza han fracasado en modificar la estructura de una fuerza policial que se encuentra involucrada en hechos de gatillo fácil, de homicidios en el marco de persecuciones, como el reciente caso de Elias Moreno (15), y en sus relaciones con el narcotráfico y la trata de personas. Todos los vecinos de los barrios saben quiénes son los punteros y narcotraficantes, pero la policía aparentemente no conoce lo que todo el mundo conoce.
Así, el gobernador pide la intervención del Ejército en tareas de seguridad interna, lo que viola las competencias de cada una de las fuerzas, la ilegalidad, aparentemente es la regla del gobierno y el Ministerio de Seguridad, que se habría involucrado en hechos de corrupción en la compra de 400 móviles para las guardias urbanas, al grupo Tagle y al grupo Quijada. Todo esto, mientras también salieron a la luz los recorridos de la corrupción en el servicio penitenciario, con el caso Bouvier, que permitía el ingreso de drogas y armas a los establecimientos penitenciarios.
Hay que decir que Llaryora, en su momento, también planteó que el crecimiento de la pobreza es la causa de la inseguridad. Se desliga, ya que el peronismo provincial gobernó los últimos 30 años en la Córdoba y son los responsables de la pobreza de los trabajadores de la provincia. Ahora desea bajar la edad de imputabilidad como si prontuariar a un adolescente cambiara su realidad social o las de sus entornos en los barrios populares, donde la violencia, la delincuencia y el narco es constante, por la acción y omisión del gobierno. Una política punitivista que no soluciona el problema de raíz.
Por otro lado, el gobierno apoya la Ley de Bases y las leyes de blanqueo, que permitirán el lavado de millones de activos provenientes del narco. Una impostura total: apoyan el narcotráfico, al punto que la Justicia federal ya descubrió rastros de ingreso del grupo de ´´Los monos´´ al territorio provincial. A su vez, la reforma laboral que promueve la ley mencionada empobrece y precariza a los trabajadores y a la juventud.
El gobernador está desbocadamente en modo libertario y represivo. Aplica el ajuste a los trabajadores del Estado, y la crisis económica nos lleva a casi 70.000 despidos en el empleo industrial formal y otras 70.000 suspensiones en la industria. Son las consecuencias del plan de Milei en Córdoba, aplicado por el gobernador. Es una situación económica y política explosiva, mientras el gobierno nacional se ve involucrado en hechos de corrupción, sumado al escándalo de los alimentos.
El peronismo cordobés refuerza año a año el aparato represivo pero la inseguridad sigue creciendo. La cartera de Seguridad ya utiliza un 13% del presupuesto provincial, porcentaje en aumento que no muestra resultados.
Así las cosas, es claro que el reforzamiento del aparato represivo es una política contra el pueblo trabajador. En ese sentido, no deben ser pasado por alto los sucesivos allanamientos en domicilios particulares de trabajadores estatales, entre ellos el de Federico Giuliani, Secretario general de ATE-CTA Autónoma de Córdoba, y en la sede de ATE Río Cuarto. Todo esto en las vísperas de la apertura de una nueva apertura de la discusión salarial en los estatales.
Además, cabe recordar que el Poder Judicial adicto también armó la causa contra el movimiento piquetero, en la que también están imputados Emanuel Berardo, Soledad Díaz, junto al mencionado dirigente sindical.
Llaryora pretende regimentar a la sociedad en medio de un ajuste que no cesa. El hambre crece y traerá nuevos enfrentamientos del gobierno con la clase trabajadora ocupada y desocupada. Para enfrentar la política de ajuste, persecución política y represión, organicemos la huelga general, único método capaz de terminar con el gobierno liberfacho de Milei y su cómplice Llaryora. Esa es la tarea de la etapa. Con una acción de masas podemos golpear al régimen de la pobreza e inseguridad ciudadana y abrir un curso político reivindicativo desde el campo de las y los trabajadores.
