Hace unos meses que el aumento de los hechos delictivos, particularmente de los delitos contra la propiedad (robos y hurtos), está en boca de los medios y políticos. El incremento del volumen de causas de flagrancia (causas en las que se detiene en el acto al autor del delito) cuestionan al poder político y judicial, que insisten en reforzar un aparato descompuesto.

Hay que tener en cuenta que, en la flagrancia penal, participan tanto la Justicia con el ministerio público fiscal, la policía judicial y las cámaras del crimen como el ejecutivo con la Senaf, el servicio penitenciario y la policía, en donde se encuentran incluidos el Ministerio de Seguridad y Ministerio de Justicia de la provincia. Y que se han relevado una serie de estadísticas que muestran datos fríos: “La cantidad de casos en los que se resolvieron…Fueron 934 en total, de las 22 fiscalías de Instrucción de los cuatro Distritos en que está dividida la Capital”, publicó Perfil. Estas son las causas que llegan a juicio o en las que se resolvieron prisiones preventivas, pero los procedimientos de flagrancia son miles y miles por año.

La nueva ley de seguridad reaccionaria del gobierno fundará decenas de fiscalías de instrucción, entre las que se incluirían algunas especializadas en flagrancia. Ahora se plantea poseer 4 Centros de Recepción de Procedimientos de Personas Aprehendidas (Unidades judiciales especializadas en flagrancia) y se está elaborando un nuevo protocolo de flagrancia, del que por ahora no tenemos detalles.

El fiscal general Juan Manuel Delgado declaró a Cadena 3 que “se le perdió el respeto a la Policía” y que “los recursos crecen a una velocidad y la delincuencia a otra”. Sin embargo, Córdoba tiene cada vez más policías, pero la inseguridad no baja y tiene a los sectores populares entre sus principales víctimas.

Sucede que elementos del aparato policial tienen lazos son autores del robo y cómplices del narco y la trata, las usinas generadoras del delito. Cualquier vecino de los barrios populares conoce los lugares donde se comercializa drogas, pero aparentemente el Ministerio de Seguridad y sus fuerzas, o no han entrevistado a los vecinos, o forman parte activa del negocio. Es lo que está sucediendo actualmente en B° Muller. Es una cadena de responsabilidades que involucra al gobierno y a sectores patronales que se benefician de negocios espurios y cuyas víctimas son los trabajadores y los jóvenes de los barrios que a menudo son reclutados como soldaditos. En este rumbo Córdoba puede ser Rosario con la política de Martín Llaryora y cía.

Además, pretende usar herramientas que se encuentran podridas (la policía, servicio penitenciario). La ley reaccionaria de Quintero y Llaryora no soluciona ni solucionará nada. Es la policía del gatillo fácil de Blas y Joaquín, del narco y la trata. Es el servicio penitenciario del crimen de Ezequiel Castro y Santacruz, del narco y la corrupción. Un sistema a desmantelar. El gobierno y sus esbirros optan por criminalizar la protesta y la pobreza, en lugar de atacar a las grandes usinas del delito, que están ligadas íntimamente con bancos y entidades financieras al momento del lavado de sus activos.

En este marco, el fiscal Delgado declaró a la citada fuente que “el régimen de menores está obsoleto y ahí tenemos un problema donde el fiscal debe cumplir la ley”. Pero el problema no es reprimir el delito, sino evitarlo, fundamentalmente en la niñez y adolescencia, donde existe un largo futuro por delante. Es sabido que los programas de quienes gobiernan buscan bajar la edad de imputabilidad, antes que educar y dar trabajo a niños y adolescentes. Por abajo, observamos por ejemplo que los trabajadores de la Senaf se encuentran profundamente precarizados y no logran darle el mínimo amparo a una serie de niños, niñas y adolescentes. No solo a los que se encuentran “en conflicto con la ley penal’’, sino a las víctimas de violencia doméstica y familiar.

Mientras el gobierno quiere acelerar la investigación de los hurtos famélicos (hurtos de alimento, por hambre, de útiles, etc), sigue garantizando la impunidad en el narcotráfico, el lavado de activos y una serie de delitos de cuello blanco que no resaltan en los medios masivos. Se encubren las maniobras fraudulentas de políticos, banqueros y empresarios, que siempre poseen una “ley” para estafar a los trabajadores. Cabe recordar que la ley de entidades financieras proviene de un decreto ley del golpe de Estado del ’76 y ningún gobierno de la “democracia” derogó.

Anteriormente en Prensa Obrera planteamos que “se han hecho innumerables reformas y protocolos en la provincia, se han aumentado los presupuestos. Pero la violencia de género, los robos y hurtos, el narcotráfico y la criminalidad juvenil aumentaron”. Una tesis que se refuerza día a día. Es necesario desmantelar el aparato represivo del Estado. Ir por la elección y revocación popular de jueces y fiscales. Eliminar la impunidad que reina en el servicio penitenciario, la policía, la justicia y la casta empresarial, bancaria y política. Esto como parte de una transformación social sobre nuevas bases.

A 40 años de la vuelta de la democracia, vivimos en un cuadro de hambre y miseria profundizado día a día por la clase capitalista y sus gobiernos. Este 24 de marzo marchamos contra la impunidad de ayer, pidiendo juicios y castigos, la apertura de los archivos, etc. Pero también contra la impunidad de hoy, contra el Estado del gatillo fácil, de la tortura y la violación de los derechos básicos en las cárceles comunes, de los negocios con el narco, la trata y los empresarios y banqueros corruptos. Vamos por una gran movilización independiente de todos los gobiernos nacionales y provinciales de las últimas décadas.

https://prensaobrera.com/politicas/por-que-defendemos-a-telam

https://prensaobrera.com/libertades-democraticas/crimen-de-jorge-reyna-11-anos-de-impunidad-para-la-policia-de-cordoba