El gobierno nacional y el de Santa Fe firmaron este miércoles un convenio para instalar una agencia de la Unidad de Información Financiera (UIF) en Rosario. Según Omar Perotti, el gobernador santafesino, es una herramienta para “ir sobre la pata financiera de la narcocriminalidad (lavado de activos)”. Se supone que esta medida, sumada al envío de fuerzas federales y efectivos del Ejército dispuesto por el presidente Alberto Fernández, ayudaría a combatir el narcotráfico en Rosario.

El lavado es un mecanismo utilizado por capitalistas y narcotraficantes para legalizar fondos obtenidos mediante actividades ilegales como el tráfico de drogas, la trata de personas, el contrabando, entre otros, e introducirlos en el circuito formal de la economía. Existen varios métodos para hacerlo, es un proceso que se caracteriza por su complejidad, en el que se ven involucrados varios eslabones de la economía, como la banca, que además de realizar negocios de todo tipo, es uno de los principales agentes del lavado de activos.

El dinero es ingresado en el sistema financiero a través de transacciones ficticias o mediante la compra de bienes o activos de alto valor que puedan ser fácilmente convertidos en efectivo. Luego, ese efectivo es utilizado en actividades legales. En Rosario, las inmobiliarias, financieras, constructoras y las concesionarias de vehículos son algunos negocios utilizados por los clanes criminales para lavar dinero.

A modo de ejemplo, los rosarinos Guillermo y Fernando Whpei, dueños del grupo Unión S.A., están siendo investigados por la Justicia por delitos de estafa, asociación ilícita y lavado de activos. Los hermanos Whpei tienen vínculos políticos con Alberto Fernández. Unión S.A. oficia como prestador mayorista; “el acceso al código de descuento de las cuentas sueldos de empleados públicos, en todo el país a partir de una red de mutuales, fue la base del crecimiento exponencial del grupo” (Urgente 24, 27/2).

TMF Group, un fondo de inversión holandés que compró la cartera de préstamos de las mutuales, denunció por estafa a la compañía de los Whpei, en diciembre de 2021. TMF pagó $865 millones por los derechos, títulos e intereses de la mutual de jubilados, retirados y pensionados provinciales, pero el cobro de los préstamos continuaba en manos del grupo Unión. Los negociados que existen detrás de estas movidas son dantescos.

La banda narco más famosa de Rosario, Los Monos, lavó más de $1.200 millones a través de 40 sociedades ficticias. Sus integrantes no solo blanquearon el capital, sino que también accedieron a distintos beneficios fiscales, porque crearon esas empresas utilizando el régimen de Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), una figura creada durante el gobierno de Macri, que los estipulaba.

En Santa Fe, los puertos privados de la Hidrovía del Paraná cumplen un papel fundamental en el desenvolvimiento del negocio narco y el lavado de dinero.

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De conjunto, en Argentina sobran ejemplos de cómo grupos narco y capitalistas lavan dinero que es fruto de actividades espurias. En Nordelta, localidad del partido de Tigre, se investigó hace algunos años un entramado de negocios millonarios que involucró a fondos narco con un mega emprendimiento en barrios privados (Página 12, 5/6/2014). En Río Cuarto y en Posadas ha habido otros escándalos narco, vinculados a concesionarias de autos. La lista de casos es inacabable.

Es difícil saber con precisión la cantidad de dinero que mueve el narcotráfico en el país, porque se trata de negocios que están al margen de la ley. En 2017, un estudio señaló que solo la venta de cocaína movía unos U$S500 millones (Infobae, 3/2/2022).

En el lavado de dinero en sí, se han visto envueltos algunos políticos del sistema. La vicepresidenta Cristina Fernández fue sobreseída en noviembre de 2021 de la causa Hotesur-Los Sauces, en la que se la investigó por asociación ilícita, lavado de dinero y dádivas. Por su parte, Amado Boudou, quien fue vicepresidente durante el mandato de Fernández entre 2011 y 2015, fue detenido en 2017 por presunto lavado de activos y ocultamiento de bienes.

La UIF acusó en 2020 al expresidente Mauricio Macri, a los extitulares del Banco Central y Nación, Guido Sandleris y Javier González Fraga, y a directivos del grupo Vicentin, de cometer varios delitos, entre ellos lavado de dinero. Nicolás Dujovne, exministro de Hacienda de Macri, también estuvo vinculado a este tipo de maniobras.

No hay grieta para los negocios turbios. Tampoco la hubo para aprobar las distintas leyes de blanqueo de capitales que han servido para legalizar dinero proveniente del narcotráfico, el tráfico de armas y las redes de trata. Los sucesivos gobiernos capitalistas (CFK, Macri, AF) han avanzado en esta dirección. Una parte significativa del dinero blanqueado fue utilizada por las patronales para realizar inversiones en el negocio inmobiliario, o en el de la construcción, que son fachadas legales para el lavado de activos.

Ni siquiera el fascista Javier Milei escapa a esta tendencia. Como se sabe, el diputado libertario es un defensor y promotor del mercado de criptomonedas. Este mercado es otra de las plataformas a través de las cuales las bandas criminales legalizan sus fondos.

En 2021, se lavaron U$S8.600 a través de operaciones con criptoactivos, un 30% más con respecto al año anterior. En enero de este año, el gigante de las criptmonedas Binance se vio implicado en el lavado de 346 millones de dólares. Si Milei llegase al poder y aplicara las políticas de desregulación del sistema financiero que propone, convertiría a Argentina en un paraíso narco.

El narcotráfico ha penetrado de esta forma en el país gracias a la burguesía nacional y sus políticos. Las fuerzas de seguridad del Estado son cómplices del tráfico de drogas, como lo demuestra la existencia de gendarmes y policías narcos. El narcotráfico permite a grupos capitalistas obtener beneficios extraordinarios en un cuadro de sobreproducción de mercancías y capitales. Las salidas represivas que se proponen desde ambos lados de la grieta, como el envío de tropas federales de los Fernández, o la propuesta de introducir totalmente al Ejército para “combatir” al narcotráfico de Bullrich, no harán más que agravar la situación.

El problema es el régimen social vigente, que está en un avanzado estado de descomposición. Hay que nacionalizar la banca, los puertos, y toda la economía, bajo control de los trabajadores, para afectar los intereses capitalistas que se encuentran detrás del narcotráfico. Sin un gobierno obrero, Argentina no tiene futuro.

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