La instancia de impugnación pedida por la defensora de la Lof Quemquemtrew, Andrea Reile, para frenar al juez de garantías Ricardo Calcagno y su intento de desalojo fue el 27 de diciembre. Ese día se estableció un cuarto intermedio de 48 horas para que las partes intentaran establecer un avance por las vías de la negociación que no llego. En dicha audiencia el Juez Gregor Joos, el mismo que acaba de confirmar el desalojo forzoso (Anred, 04/1) pidió que la audiencia no sea transmitida en vivo por ningún medio. Las acusaciones contra la comunidad mapuche son por usurpación, y según dicho Juez el desalojo “se ajusta a derecho”.

Durante todos los conflictos que hoy tienen como protagonistas a pueblos originarios y sus procesos de recuperaciones territoriales, hay que mencionarlo con claridad, sea el Frente de Todos, gobierno nacional, o los provinciales, como el de Juntos Somos Río Negro, y la justicia han operado en beneficio de intereses de privados y negociados con la tierra, sea para explotación forestal, como ocurre en este caso con la familia Rocco, que reclama el territorio amparado en el Estado, o la megaminería, que en el caso de esta provincia avanza sin consenso social. Fue el propio Juez Joos el que considero en dicha audiencia que: “el empresario Rocco es víctima del despojo, por lo cual es urgente la restitución de las tierras”.

A poco de cumplirse cuatro años del asesinato de Rafael Nahuel, lxs muertxs siguen siendo mapuches, lxs perseguidxs también. Esto lo evidencio una vez mas el asesinato de Elías Garay en la misma Cuesta del Ternero, miembro de la comunidad, y lo evidencia la confirmación de este desalojo forzado. La resistencia de los pueblos originarios tiene uno de sus epicentros en Río Negro, y el ataque del Estado y los gobiernos a esta debe leerse en la línea de políticas capitalistas, de saqueo ambiental y coloniales impuestas por la negociación del FMI.

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Un dato de toda esta situación es la falta de convocatorias a mesas de negociaciones entre todas las partes involucradas. Aunque sea cierto que faltan “actores fundamentales, el estado provincial y nacional; el Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia representado por Orlando Carriqueo, El INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y la secretaría de Derechos Humanos de Nación”, la criminalización de los y las luchadoras en cuestión los y las saca de dichas mesas de negociación. Además, estas políticas son promovidas desde el propio gobierno. Hace solo meses se desarrolló en Bariloche el 1° Foro Consenso, un monólogo de odio y racismo.

La Lof Quemquemtrew expresó que “Rolando Rocco es un concesionario, testaferro del poder político, que no tiene ningún interés en llegar a un acuerdo, sólo pretende que seamos sus esclavos y que el gobierno con la ayuda de la fiscalía y nuestra defensa le gestionen un título de propiedad», y continuaron diciendo que «Nada se resolverá con él, dado que es la provincia quien entrega territorios a negociados turbio. Una vez más decimos al gobierno que estamos dispuestos al diálogo, pero no soportaremos más manipulaciones, falsedades y acuerdos perversos”. La comunidad advirtió que “el territorio seguirá a resguardo, allí se derramó la sangre de nuestro peñi/ lamien, y el Gobierno es responsable de lo que sucedió y también de lo que hoy acontece en el acampe solidario (dos asambleístas han sido criminalizadas por “turbación de la posesión”) y el territorio. Dejaron un nuevo mensaje mafioso en los carteles de la ruta cercanos a la Lof, con impactos de bala” (Anred 04/1).

El avance de las causas sobre los y las luchadoras de las mas variadas y representativas luchas es una política del nuevo gobierno nacional, y de los provinciales, con el solo objetivo de proteger e impulsar los negociados privados, toda una garantía para el régimen capitalista en el marco de la negociación con el fondo.

Abajo el desalojo de la comunidad Lof Quemquemtrew. El Estado es responsable.

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