Del Obelisco a Tucumán: los ajustadores reprimen hasta la alegría popular futbolera

Los festejos por la victoria de Argentina se convirtieron en un terreno de disputa y de disciplinamiento social.

Represión policial.

La clasificación agónica de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, con el triunfo por 3 a 2 frente a Egipto, desató una verdadera movilización popular en todo el país. Miles de trabajadores, jóvenes y familias salieron espontáneamente a las calles para compartir una alegría colectiva que desbordó plazas y avenidas. Sin embargo, la respuesta de los distintos gobiernos volvió a poner de manifiesto un rasgo permanente del régimen capitalista: la ocupación policial del espacio público y la utilización de la represión como método de disciplinamiento, aun cuando no exista una protesta política sino una simple manifestación popular.

En la Ciudad de Buenos Aires, alrededor de cinco mil personas se concentraron en el Obelisco para celebrar el triunfo. La jornada transcurría sin incidentes hasta que un gigantesco operativo de la Policía de la Ciudad avanzó para desalojar el lugar, con camiones hidrantes, efectivos de Infantería y corridas. El saldo fue de quince detenidos, varios heridos por golpes y una nueva demostración de fuerza por parte del gobierno porteño, que viene haciendo “campaña” en defensa de un “Estado policial”.

La versión oficial apeló al libreto habitual, señalando la presencia de personas alcoholizadas,  agresiones contra la policía y supuestos disturbios para justificar una intervención que las imágenes mostraron como desproporcionada. Incluso distintas personas presentes señalaron que la represión comenzó con el desalojo de vendedores ambulantes y puestos de comida, es decir, con el intento de limpiar el espacio público de toda actividad no controlada por el Estado. Como ocurre reiteradamente en las movilizaciones obreras y populares, las provocaciones policiales y el operativo terminaron con varias detenciones.

En Tucumán la situación adquirió un carácter todavía más grave. En la previa de la llegada de Javier Milei para los actos por el Día de la Independencia, el gobierno de Osvaldo Jaldo ordenó despejar la Plaza Independencia mediante un violento operativo de Infantería. Gases lacrimógenos, balas de goma y palazos fueron la respuesta frente a miles de personas que festejaban el triunfo argentino. Entre los heridos se encontraba un niño de apenas seis años. La explicación oficial volvió a responsabilizar a supuestos “inadaptados” que habrían arrojado objetos contra la policía, una justificación que se ha convertido en el argumento automático para habilitar cualquier despliegue represivo.

La represión en Tucumán expuso además el verdadero objetivo del operativo: garantizar una ciudad completamente controlada antes de la visita presidencial. El derecho de la población a ocupar la principal plaza de la provincia quedó subordinado a las necesidades políticas del del Ejecutivo nacional y provincial.

En Córdoba también predominó una lógica similar. Si bien existieron hechos delictivos aislados, la respuesta estatal consistió en un amplio despliegue policial que concluyó con cuarenta y dos personas detenidas. Una vez más, delitos concretos fueron utilizados para justificar una política general de saturación policial y criminalización de la concentración masiva de personas.

Sería un error interpretar estos episodios como excesos aislados o decisiones equivocadas de determinados jefes policiales. Lo ocurrido en Buenos Aires, Córdoba y Tucumán forma parte de una orientación política que atraviesa a gobiernos de distinto signo y representa una política de Estado: la restricción a la utilización independiente del espacio público, que va en la línea de la prohibición, censura y represión de movilizaciones piqueteras, marchas estudiantiles y de jubilados, entre otras. Esta dinámica se extiende incluso a cuando la población ocupa espontáneamente las calles para celebrar un triunfo deportivo, algo que se vio reflejado también en la represión en CABA a quienes se movilizaron para homenajear al Indio Solari tras su partida; o lo sucedido en la despedida de los restos de Maradona, jornada que culminó con represión policial.

El problema no reside en el contenido de cada movilización sino en el hecho mismo de que amplios sectores de la población se organicen y ocupen el espacio público por fuera de los mecanismos controlados por el propio Estado. El Estado no actúa como un “arbitro neutral” que procura el bien común, sino realmente como lo que es: un aparato de coerción de la clase dominante utilizado contra la población trabajadora, cuyo ejercicio del monopolio de la fuerza es empleado también frente a expresiones populares que, aun careciendo de un contenido político explícito, implican la apropiación colectiva del espacio urbano. El dispositivo policial represivo es destinado a restablecer rápidamente la “normalidad” de los negocios capitalistas.

Hoy son los festejos de un triunfo futbolístico; los miércoles son los jubilados frente al Congreso; otros días son los trabajadores movilizados por sus reivindicaciones; o particularmente el movimiento piquetero, donde el gobierno nacional se atribuye falsamente el “logro” de “sacar a los piqueteros de la calle”; existe un mismo criterio político: desmovilizar a las y los trabajadores.

Defender el derecho del pueblo a reunirse, celebrar, protestar y manifestarse constituye una tarea elemental, que choca contra la verdadera naturaleza del Estado capitalista, que Lenin supo sintetizar como “destacamentos especiales de hombres armados” para garantizar la dominación de clase. Repudiamos la represión policial y llamamos a ganar las calles para los trabajadores, en la lucha más general por echar a este gobierno, derrotar la ofensiva patronal y transformar la sociedad sobre nuevas premisas.

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