Este lunes 23 de noviembre junto al abogado de las familias, Dr. Jorge Navarro, y dirigentes del Partido Obrero presentamos un escrito de Control de Jurisdicción contra el fiscal Tomás Casas que intervino en el desalojo ilegal de 120 familias en la ocupación de Estación Ferreyra. El procedimiento represivo, que contó con la participación de alrededor de 400 efectivos de la policía de Córdoba, entre ellos la Infantería, la policía motorizada, la división canes, la Caballería y la división especial SAF, tuvo como resultado decenas de pobladores heridos y una “cacería de brujas” que arrojó once detenidos.

Realizamos la presentación ante el Juzgado de Control N°10 a cargo del Dr. Juan Manuel Fernández López a fin de que intervenga en el inmediato cese de prisión de las detenidas Karen Altamirano y Marina Rivadero. Ambas compañeras se encuentran privadas de la libertad desde el jueves 19 de noviembre último en el marco del procedimiento de desalojo ilegal, e incluso después de que todos los demás detenidos ya recuperaron su libertad.

El control de jurisdicción es un recurso disponible ante la conculcación de derechos por parte del juzgado de origen, y en este caso procede absolutamente luego de reiteradas irregularidades en la actuación del fiscal interviniente. En este caso, se debe señalar que toda detención se dio en circunstancias sumamente lesivas de los derechos humanos y democráticos, porque que nunca se emitió o notificó orden de desalojo a los ocupantes, negando de manera grotesca la defensa legal de las familias.

La continuidad y permanencia en el tiempo de la detención irregular de las compañeras Karen y Marina es un claro signo del ensañamiento y el intento de aleccionar al sujeto social más relevante en las ocupaciones. Puesto que se trata de mujeres solas con hijes a cargo y en situación de extrema vulnerabilidad social. La hostilidad y el ensañamiento dirigido particularmente contra las mujeres protagonistas de las ocupaciones se puso de manifiesto desde el primer momento del desalojo, cuando a las seis de la mañana los agentes policiales irrumpieron violentamente en las casillas precarias con amenazas de que les arrebatarían les hijes para colocarlos a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF).

El fiscal Tomás Casas desde el primer momento actuó con desidia demorando y obstaculizando arbitrariamente la designación de abogado defensor para Karen y Marina. El sábado 21 de noviembre, cuando habían transcurrido 72 horas desde la detención y habiendo constatado la ausencia de antecedentes penales mediante las correspondiente planillas de prontuario, el Fiscal emitió un decreto denegando injustificadamente el recupero de la libertad solicitado por la defensa legal. Ante tal decisión inmediatamente presentamos un escrito de oposición, sin embargo, la fiscalía de Casas no se expide al respecto. En definitiva, hace cinco días que Karen y Marina permanecen privadas de la libertad sin justificación alguna porque tampoco se tomó declaración indagatoria, ni se dictó la prisión preventiva.

Este desalojo ilegal constituye solo un peldaño de una escalada de violencia, hostigamiento y amedrentamiento que ya tuvo episodios dramáticos en el mes de junio y octubre, y que las familias revirtieron con lucha, tenacidad y organización. En dichas oportunidades la lucha por la tierra y la vivienda también se tradujo en sendas presentaciones ante el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de las Mujeres, y en proyectos y pedidos de informe presentados en la Legislatura cordobesa a través de la banca del Partido Obrero – Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Ninguno de los requerimientos fue respondido jamás y, como es habitual en la provincia, el primer contacto con el Estado de las familias y mujeres pobres no ha sido la asistencia social y de género, sino la represión y la criminalización.

Estamos ante la confirmación de que la única política habitacional del gobierno de Schiaretti, al igual que el gobierno de Fernández y de Kicillof, es  la de las topadoras y la represión. Responsabilizamos a todo el andamiaje judicial adicto al gobierno, por eso además de la presentación del Control de Jurisdicción y la denuncia ante la Oficina de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia de la provincia, emprendemos una campaña pronunciamientos de apoyo de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Este martes 24 de noviembre desde las 9 horas realizaremos un corte en Puente Centenario y marcharemos a Tribunales II para exigir la libertad; como también obtener respuestas al reclamo de las familias sin viviendas. Tierra para vivir y no para la especulación inmobiliaria.