El viernes 14 de junio se cumplieron dos años de la muerte de Ezequiel Castro. El joven fue torturado privado ilegítimamente de la libertad, lo que causó su muerte. El mencionado día ingresó al hospital Misericordia, trasladado por personal del Servicio Penitenciario. Pero, el 10 de junio, la Justicia ya había ordenado su libertad.

La familia de Ezequiel no tuvo respuestas de la Justicia, ni de los gobiernos de Juan Schiaretti y Martín Llaryora, los responsables políticos de un servicio penitenciario. La familia de Ezequiel salió a luchar con las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos y con los familiares de víctimas de la represión estatal.

Desde Prensa Obrera nos comunicamos con Guillermo Castro, padre de Ezequiel, que se ha convertido en un vocero de las víctimas de los crímenes que comete el servicio penitenciario y los órganos represivos del Estado.

Consultado, Guillermo nos informa: “Actualmente la causa se encuentra parada. El año pasado, cuando se cumplió un año de la muerte de Ezequiel, fuimos a tribunales y presentamos escritos con Amnistía Internacional, el Comité contra la Tortura y la Secretaria de DDHH de la Nación. La fiscal nos recibió y nos dijo que había 27 personas investigadas, todas imputadas por el art. 80 del CP por homicidio agravado y esa fue la única información que nos dio. Nos ponen trabas para acceder al expediente. Yo alcancé a hablar con los médicos que atendieron a mi hijo en el Hospital Misericordia y me informaron que ya habían declarado, pero esas declaraciones no constan en el expediente, según me informan nuestros abogados. La Fiscalía no nos recibe, tampoco a mis abogados y no nos dan respuesta”.

La complicidad judicial y el encubrimiento constante son para los hechos delictivos cometidos por los funcionarios políticos, judiciales, policiales y penitenciarios.

La denuncia de la familia se amplió. Con los casos de Matías Mariño, el caso Bouvier, y la tortura seguida de muerte de Cesar Darío Moreno, se destapan las aberraciones que se producen en el servicio penitenciario: “El servicio Penitenciario está en decadencia. El director Bouvier está detenido y estaba a cargo del EP9 en el momento del hecho de mi hijo. Bouvier tenía denuncias por violencia de género. Hay que investigar todos estos hechos. En Cruz de Eje también existen torturas y muertes que no salieron a la luz. Si se comete un delito hay que cumplir la condena, pero no pagarlo con la vida sin justificación. Hay que desmantelar este sistema, para que dejen de actuar de esta manera”, dijo Guillermo.

Guillermo está realizando una gran campaña para investigar por su cuenta la causa de su hijo y se van destapando más hechos que se encuentran encajonados como el de Luis Alberto Santacruz, en el que aparentemente habrían participado personas involucradas en el caso de Ezequiel. Guillermo nos comentó que: “Los policías y otros funcionarios actúan de manera mafiosa y el poder judicial los encubre. Existen más de 300 denuncias por golpes y vejaciones, pero no se investiga…. El gobierno nacional y provincial no nos escuchan. La secretaria de Salud Mental, Pía Guidetti, estaba al tanto del caso, pero nunca nos dio ninguna información, encubrió los hechos… La secretaria fue a conocer el CPA, luego de reunirse con nosotros. Estaba a cargo de un lugar que no conocía. Julián López, el ministro del gobierno nacional, no nos recibió nunca. El Fiscal General no nos recibe. El secretario de seguridad nos dice que tienen muchos problemas con las detenciones con problemas de salud mental. Pero no dan respuestas”.

“Es un aparato descompuesto que involucra a la policía, al servicio penitenciario, al poder judicial y al gobierno, que encubre este tipo de hechos. Todos saben los golpes y torturas que se le propinan a las personas privadas de su libertad. No nos queda otra que salir a las calles a luchar hasta que se logre el objetivo. Hay que denunciar y denunciar, sin temor a la corrupción, del Poder Judicial, de la policía, o del servicio penitenciario”, agrega.

La situación es brutal: “En el servicio penitenciario, los hospitales como el misericordia y el neuropsiquiátrico, en la Senaf, se siguen llevando a cabo hechos delictivos y corrupción. Les piden dinero o especias para poder comer, hay uso de picanas, golpes recurrentes, violaciones por parte de los mismos miembros de las instituciones, son un peligro para la sociedad. Y todo bajo el manto de encubrimiento y complicidad del poder judicial y las mismas instituciones. Los imputados no fueron apartados de sus puestos de trabajo, y luego del de mi hijo se dio el caso de Matías Mariño; los mismos tres médicos participaron del caso de Matías. Los Fiscales son responsables de estas cosas”, señaló.

En el marco del aniversario de la muerte de Ezequiel, la lucha continúa. La familia realizó la siguiente convocatoria: “el próximo jueves 27 de junio a las 9.30 hs en Tribunales I (Caseros 551) a recordarlo y a exigir respuestas al Fiscal General Delgado: ¿Qué pasó con Ezequiel? Justicia es que no pase Nunca Más! Basta de tortura en los lugares de encierro! Renuncia ya de la secretaria de Salud Mental Pia Guidetti! Ezequiel Castro presente, ahora y siempre”.

Mientras el gobierno se esfuerza en perseguir y condenar a los luchadores, armando causas e investigando con sorprendente celeridad, incluso hasta con pruebas inexistentes, siguen encubriendo los hechos aberrantes en el Servicio Penitenciario y en comisarías. Apoyemos la lucha de la familia de Ezequiel y de todas las familias destruidas por la represión estatal. Justicia por Ezequiel. Hay que desmantelar este aparato represivo nefasto que no soluciona ningún problema de la sociedad y condena a los jóvenes y detenidos a muerte sin juicio previo.

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