La muerte de Daiana Soledad Abregu en el calabozo de una comisaría ha generado toda una convulsión política en la localidad bonaerense de Laprida. El caso, que ya se encuentra atravesado por múltiples intrigas e intentos por parte de los funcionarios del gobierno de blindar de impunidad a las fuerzas de seguridad, dio cuenta de las condiciones calamitosas en las cuales se encuentran las personas detenidas en las comisarías y del accionar criminal de la Policía contra ellas.

Daiana se hallaba en una comisaría que tenía dispuesta una clausura judicial y no estaba habilitada para el alojamiento de personas detenidas. La Comisión por la Memoria (CPM) ha denunciado que “a pesar de los fallos judiciales, las prohibiciones y clausuras, y la denuncia sostenida sobre las condiciones de detención de estas dependencias, la comisaría continúa funcionando como depósito de personas detenidas, sometidas a graves violaciones de derechos humanos” (Diputados Bonaerenses, 8/06).

La utilización de comisarías inhabilitadas para su uso se transformó en una práctica habitual de las fuerzas de seguridad y sus gobiernos. En una estación policial de las mismas características ubicada en El Talar, hace una semana, un joven fue encontrado sin vida como producto de un ahorcamiento.

Las muertes al interior de las comisarías se vienen produciendo hace mucho tiempo; la CPM ha registrado, en lo que va del año, cinco muertes en estas (y en las dependencias de la Policía bonaerense), las cuales se suman a las veinticinco relevadas durante 2021. La mayoría de las muertes (36%) que se producen en las comisarías son por ahorcamiento, mientras que un 15% se deben a la deficiente atención médica que reciben los detenidos; por otra parte, se desconoce la causa de muerte de un 35% de los casos. Un relevamiento de este tipo de muertes realizado por la CPM ha arrojado que en 9 años, tomando como punto de partida el 2012, el total de casos ascendió a 225.

En las comisarías, además, los efectivos aplican métodos de tortura y de regimentación. La Defensoría de Casación, que elabora reportes a partir de las denuncias que realizan defensores oficiales, reveló que en 2021 hubo 119 casos de golpizas protagonizadas por agentes de la Policía Bonaerense, 30 de ellos tuvieron lugar en La Matanza, catalogada como la “jurisdicción más violenta para los detenidos” (Infobae, 8/06). En ese mismo informe, dieron a conocer algunos casos que demuestran la existencia de otros métodos para encerrar personas, como la implantación de armas o las imputaciones “erróneas” (truchas). Hace muy poco, la Infantería de la Policía de Salta irrumpía en la Comisaría N°42 para enviar a 20 personas al patio del establecimiento y proceder a golpearlos con la utilización de artefactos como machetes o látigos.

La masacre de la Comisaría 1era de Pergamino en 2017, donde 7 jóvenes murieron en medio de un incendio, es otro de los casos más conocidos y brutales de la barbarie policial. En noviembre de 2018, otro incendio terminaba con la vida de 10 jóvenes en la Comisaría 3era de Esteban Echeverría; en esa ocasión, los policías cortaron el agua para dejar que el fuego haga su trabajo.

Las comisarías bonaerenses (así como también las del resto del país) se caracterizan por la sobrepoblación y el hacimiento. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en enero de este año se registraron 4.692 detenidos. Un elemento que predomina es el uso arbitrario de la prisión preventiva, algo utilizado frecuentemente por el aparato policial-judicial para perseguir a la clase trabajadora y a sus jóvenes. Los procesados sin condena, por ejemplo, conforman más de la mitad de la población carcelaria. El hacinamiento en las comisarías es de una envergadura impresionante, que deja a veces empequeñecido el existente en los penales; “el 40% (de las personas) está alojada en calabozos que fueron clausurados judicialmente”, indicó un miembro del CELS (Infobae, 17/02).

De acuerdo a fuentes oficiales, hay alrededor de 45.600 detenidos en las cárceles bonaerenses, unos 1.700 en alcaidías y otros 3.000 con tobilleras. La población carcelaria ha crecido un 46% desde 2015 hasta el actual periodo, y en 2019 la sobrepoblación llegaba al 160% según el Tribunal de Casación Penal; hoy, esta situación sigue en niveles críticos. Esto ha venido produciendo motines contra el hacinamiento, como ocurrió en la Comisaría 5ta del barrio La Unión (Ezeiza), en octubre de 2021. Como puede verse, el uso de comisarías ilegales está íntimamente ligado a la sobrepoblación de las cárceles.

Durante la cuarentena por el coronavirus, la cantidad de personas detenidas en las comisarías y alcaidías de la Provincia de Buenos Aires (entre marzo y mayo de 2020), aumentó más que durante todo el 2019. La desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, que tiene a la Bonaerense como su principal responsable, fue una de las manifestaciones más extremas de la represión policial.

La metodología que utilizan los efectivos de la policía, que van desde las golpizas, pasando por las torturas, hasta el asesinato liso y llano, es una expresión de la descomposición de la Bonaerense, que es reforzada por el gobierno del Frente de Todos para imponer el ajuste en medio de una enorme crisis social.

Sergio Berni, el ministro de seguridad bonaerense, es un acérrimo defensor del gatillo fácil, otro ejercicio que viene creciendo, y encubre las torturas y crímenes que suceden en las comisarías. El Bolsonaro criollo cuenta con la banca del gobernador cristinista Axel Kicillof, que no pretende soltarle la mano, puesto que lo necesita para su propio sostén y es una pieza estratégica de la estructura represiva del Estado.

Daiana fue una víctima de la Bonaerense. Su desmantelamiento es más necesario que nunca. Fuera Berni.