Hace dos meses el Arzobispo de La Plata, Víctor “Tucho” Fernández, designó un nuevo capellán general del Servicio Penitenciario Bonaerense en reemplazo del cura Eduardo Lorenzo, acusado de abuso sexual agravado, quien por entonces difundió en los medios una carta donde sostenía que renunciaba al cargo para no manchar el buen nombre del SPB, ya que estaba siendo víctima de una campaña difamatoria. Esto sucedió luego de la repercusión que tuvo que la causa, tras la lucha incansable de los familiares de un joven denunciante, fuera desarchivada después de 10 años de cajoneo.

Sin embargo, los familiares que impulsan la denuncia constataron que el cura mantiene su relación de dependencia con el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y continúa cobrando un sueldo de director, superior a los 100.000 pesos por mes. También figuran al día los aportes previsionales y goza de la obra social Unión Personal, es decir que bajó el perfil pero espera jubilarse sin problemas. El gobierno de Vidal queda en evidencia como parte del entramado de encubrimiento judicial y de la propia Iglesia, que por medio de Tucho Fernández –a la postre mano derecha del Bergoglio- brindó una misa junto a Lorenzo para respaldarlo, nada menos que el 24 de marzo, cuando ya circulaba la noticia de que la causa había sido desarchivada.

El caso, cabe recordar, nace cuando León logra animarse a denunciar que fue abusado, violentado y amenazado por Lorenzo entre 2007 y 2008, cuando era un adolescente y vivía en un hogar de la parroquia Inmaculada Madre de Dios de Gonnet, La Plata. Su familia, de fuerte creencia católica, llevó la acusación al Arzobispado de La Plata para que sea juzgado por la justicia canónica, pero desde el comienzo les dieron la espalda y les recomendaron desistir, advirtiendo los vínculos de Lorenzo con el poder eclesiástico y estatal.

Luego radicaron la denuncia en sede judicial, pero sin lograr mejores resultados. En menos de seis meses la fiscal Ana Medina archivó la causa dictando “falta de mérito”, rechazando todas las medidas de prueba propuestas por la querella. Mientras tanto, el cura se dedicó a amenazar a León y sus familiares, presumiendo tener relaciones con los peores criminales gracias a su rol como capellán mayor en el Servicio Penitenciario.

Pero ellos no bajaron los brazos y lograron, una década después, que la causa sea reabierta. En su lucha se acercaron a la bancada del Frente de Izquierda en la Legislatura, que logró la aprobación de dos pedidos de informes que apuntan tanto a esclarecer la situación de Lorenzo en el SPB como si continúa desempeñándose en escuelas católicas de la ciudad. Vale recordar que recientemente un grupo de padres de un colegio confesional de Tolosa juntó 2.000 firmas y evitó el traslado de Lorenzo a la parroquia aledaña. La preservación del cura abusador expone a nuevos menores de edad a sufrir estas terribles vejaciones.

También a instancias de la banca del FIT se realizó una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, con fuerte repercusión mediática, en la que todo esto fue expuesto y denunciado. Gracias a esta difusión, se acercaron nuevos casos de víctimas y se espera que aporten su testimonio a la causa en las próximas semanas. Las pruebas podrían ser lapidarias. Con este impulso, se refuerza la lucha para que Lorenzo siga el camino de quien fuera su confesor, el inefable padre Grassi.

Seguiremos acompañando esta lucha contra la impunidad de los abusos eclesiásticos y contra el encubrimiento estatal. Cárcel a Lorenzo, separación ya de la iglesia del Estado.