El Estado pagó la defensa de los policías responsables del crimen de Franco Casco

Los vínculos del poder político y la narco policía santafesina

El actual ministro de seguridad del gobierno de Omar Perotti, Marcelo Sain, presentó la denuncia por desvíos de fondos de un millón de pesos del presupuesto del Ministerio de Seguridad en los años 2017/2018 (bajo la gestión del gobierno del Frente Progresista) para pagar los honorarios de los abogados privados, que actuaron en la defensa de los 5 policías de Asuntos Internos, que fueron investigados por encubrir la tortura, desaparición forzada y posterior homicidio de Franco Casco. 

El abogado de los 5 policías implicados que recibió esta cuantiosa suma es José Alcacer. Este personaje fue asesor político en la secretaría de control del Ministerio de Seguridad que dirigía Máximo Pullaro, previo a asumir la defensa de éstos. El mismo también defendió a Luis Paz, procesado como jefe de una banda narco. Actualmente es el abogado del capo criminal Esteban Alvarado investigado por asesinatos, lavado de dinero y narcotráfico.

El asesinato de Franco Casco también tiene marca policial y así lo denuncia su familia: «A mi hijo lo mató la policía a golpes, lo mataron en el calabozo y lo tiraron al río y lo ocultaron en el fondo del agua con sogas», denunció desde el primer momento Ramon Casco, padre de Franco. Luego de más de 20 días de incansable búsqueda y movilización por parte de la familia y diferentes organizaciones, fue hallado su cuerpo flotando en el río Paraná. 

Franco era un pibe de 20 años, un albañil que vivía junto a su pareja y su hijo pequeño en la localidad bonaerense de Florencio Varela. En 2014 estaba visitando a su familia del barrio Empalme Graneros de Rosario. El 6 de octubre tenía pensado volver a su hogar, su familia aguardaba por él. Fue ese día a la estación de trenes, pero nunca llegó. Fue secuestrado y torturado por la policía santafesina de la comisaría séptima.

Los avances del caso fueron gracias a la lucha emprendida por la familia junto a diferentes organizaciones sociales y políticas, con numerosas movilizaciones y acciones de lucha. Gracias a ello, se demostró la implicancia de la policía de la comisaría 7°, así como también el encubrimiento del crimen, por parte de 5 policías de la ex Asuntos Internos de la Policía de la Provincia. Hoy sale a luz que esos 5 efectivos recibieron el cobijo del Estado por un millón de pesos, para pagar su defensa privada.  El año pasado la justicia elevó a juicio a 19 de los policías implicados por el crimen de Franco. Seguimos esperando el inicio del juicio.

“Carpetazos” entre dos gobiernos defensores de la narco-policía

El “carpetazo” que supone la denuncia del ministro de seguridad salpica al gobierno del Frente Progresista y vuelve a demostrar el escandaloso nivel de vinculación del poder político con la descompuesta narco policía. El ex gobierno provincial del Frente Progresista se ganó el repudio de la población trabajadora que sufría los crímenes diarios y vivía la impunidad reinante en la provincia. Todas las medidas tomadas durante años por el Frente Progresista, no hicieron más que cambiar fusibles dentro la policía, manteniendo intacta la estructura descompuesta de las fuerzas represivas. 

Ahora el gobierno de Perotti se topa con la misma crisis y busca esquivar su responsabilidad y “echarle el fardo” al gobierno anterior. Repudiamos que el gobierno de Perotti utilice esta grave denuncia para salvar la responsabilidad actual de su gobierno y lo que está sucediendo actualmente. Llevamos 8 meses de gobierno del PJ, y lo que tenemos es que las bandas criminales con implicancia policial asesinaron al ex concejal de Rosario, Eduardo Trasante, cuya investigación tiene un hermetismo que no se corresponde con un caso con enormes implicancias políticas.

O el asesinato de Brian Sánchez, de 16 años,  mientras estaba pidiendo monedas en una esquina de la localidad de San Lorenzo.  El crimen de Brian sucedió en un barrio ubicado en el límite con Puerto San Martín que es terreno de disputa narco por un enfrentamiento entre bandas. La juventud y vecinos de los barrios populares de la zona de inmediato salieron a hacer piquetes en distintos puntos de la ciudad, con quema de containers, pidiendo justicia y movilizaron a la comisaría 7ma denunciando la complicidad de la policía y la Gendarmería con los kioscos de drogas. A pocos metros de donde mataron a Brian había un «kiosco»  que fue derrumbado por los manifestantes.

La escalada de violencia no tiene freno y en todos los casos al delito narco lo organiza la policía, como lo demostró el allanamiento de la comisaría séptima de San Lorenzo.

Durante marzo, hubo movilizaciones en distintas ciudades, repudiando la continuidad de los crímenes cotidianos, de los cuales la policía es una pieza clave al participar del gran delito. En definitiva, el régimen narco–sojero, con participación policial, está más vivo que nunca.

Reclamamos justicia para la familia de Casco, y que la investigación llegue hasta los últimos responsables políticos de este entramado. Juicio y castigo a todos los policías y funcionarios involucrados en el encubrimiento, tortura, desaparición forzada y asesinato de Franco. Desmantelamiento de la narco policía santafecina.

Llamamos a impulsar un plenario nacional antirrepresivo de familiares y organizaciones de lucha para terminar con la impunidad de la maldita policía.

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