La Corte Suprema rechazó por mayoría la aplicación del beneficio del 2×1 al represor Rufino Batalla, agente de inteligencia de la dictadura de Videla.

Batalla  fue condenado el 24 de octubre de 2014 a 13 años de prisión por 51 casos de privación ilegítima de la libertad, 71 casos de tormentos y por el asesinato de Laura Carlotto –hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo– y de Olga Casado, cometidos en el centro clandestino de detención “La Cacha” de la ciudad de La Plata. Batalla se encuentra cumpliendo “prisión domiciliaria”. El Tribunal Oral Federal N°1 le concedió la excarcelación un día antes de que la Corte anunciara cuándo trataría su caso por haber cumplido dos tercios de su condena.

Esta decisión de la Corte le ahorró una nueva crisis al gobierno, tras el precedente de la reacción popular ante el caso Muiña, cuando un millón de personas se movilizaron en todo el país para repudiar la aplicación del 2×1 a un genocida. El Congreso tuvo que reunirse de apuro en ese momento para votar una ley “interpretativa”, excluyendo del beneficio de manera taxativa a los condenados por crímenes de lesa humanidad, y poner paños fríos.

Aquel fallo de impunidad había sido votado por una mayoría conformada por los jueces Rosenkrantz y Rosatti que se integraron a la Corte por un acuerdo entre Cambiemos y el PJ, y la jueza Highton de Nolasco. La nueva acordada dejó en soledad a Rosenkrantz. Mientras Lorenzetti y Maqueda mantuvieron los argumentos que esgrimieron frente al caso Muiña, Rosatti y Highton de Nolasco apelaron a la ley “interpretativa” de 2017. Rosenkrantz, por su parte, asegura en su voto favorable a Batalla que la ley aprobada en 2017 es inconstitucional. Esto no significa que Lorenzetti y compañía representen un ala “democrática” del tribunal, ya que bajo su presidencia –durante el gobierno de CFK– se sentó jurisprudencia favorable a la prisión domiciliaria de los represores mayores a 75 años y se declararon prescriptos los crímenes cometidos en Malvinas por parte de los oficiales argentinos contra sus propios soldados, entre otros.

Con todo la decisión de la corte  termina tomando nota de la rebelión popular contra su fallo anterior, y que terminó precipitando una ley de apuro. Los límites del macrismo para una  política de impunidad a los genocidas volvieron a ponerse de manifiesto. Éste no ha ahorrado recursos para atraer al alto mando militar, desde el decreto de “autogobierno” de las fuerzas armadas hasta la reparación a militares dados de baja durante el gobierno anterior por sus posturas a favor de la dictadura, pasando por el cuestionamiento de los funcionarios a la cifra histórica de 30 mil detenidos-desaparecidos. Pretende granjearse su respaldo ante una eventual declaración de estado de sitio para enfrentar un estallido social producto del ajuste. El gobierno ha reorientado la función de los militares hacia la represión interna, descartando la hipótesis de conflicto con otros estados y sustituyéndola por “la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”, dictada por el Departamento de Estado yanqui e iniciada con las leyes “antiterroristas” bajo los gobiernos K. Apenas 24 horas antes, el gobierno difundía dos resoluciones –el nuevo reglamento para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales y la movilización de policía aeroportuaria y fuerza aérea para operar los aeropuertos en caso de huelga– que confirman este rumbo represivo.

Aunque los medios daban por descontado que la Corte votaría esta vez en contra del 2×1 a los represores a manos de la “nueva mayoría” conformada por Lorenzetti-Maqueda-Rosatti, el voto de Highton de Nolasco generó sorpresa. El aislamiento de Rosenkrantz, a apenas dos meses del golpe de mano que lo entronizó en la presidencia de la Corte, suma otra expresión de la creciente desintegración del gobierno, a duras penas contenida por el socorro de los yanquis y el FMI.

Redoblemos la movilización contra el ajuste y la represión.

Leé también:

Bullrich da licencia para matar



La reforma del Código Penal, complemento de la ´doctrina Chocobar´