Libertades democráticas
12/2/2025
El gobierno prepara una reforma penal punitivista, privatista y represiva
Una cortina de humo que deja intacto el crimen organizado y establece las bases para un nuevo negocio privado.
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Patricia Bullrich.
El gobierno nacional tiene en carpeta una reforma del Código Penal cuyo espíritu sería el agravamiento de las penas para evitar las excarcelaciones, la eliminación de tipos penales específicos como el de femicidio, el establecimiento de la prisión perpetua “de por vida” y la privatización del sistema carcelario convirtiéndolo en un nuevo negocio. Un refrito de medidas punitivistas que ya han fracasado en el pasado como combate al delito, ya que garantizan la impunidad del crimen organizado y apunta a la criminalización de los pobres y activistas.
Según trascendió por declaraciones de funcionarios del gobierno y en diversos medios públicos, el gobierno ya cuenta con un proyecto de reforma casi finiquitado que presentaría al Congreso una vez inauguradas las sesiones ordinarias del 2025, y sería adelantado en el discurso presidencial previsto para el próximo 1° de marzo.
El proyecto en cuestión prevé una modificación del Código Penal para agravar las penas para determinados delitos con el propósito de que las condenas a prisión no sean excarcelables y de buscar una “mayor disuasión” contra los delincuentes.
Para el caso de la condena a prisión perpetua el objetivo es que la misma no tenga ninguna intención de logras una “reinserción social” sino que se transforme en una condena a prisión “de por vida”, algo que convertiría a los condenados en esclavos del sistema penitenciario y/o propiedad directa de los gestores privados e las cárceles que impulsa el gobierno.
Ya se ha comprobado que estas medidas punitivistas en nada ayudan al combate del crimen organizado, el cual teje sus redes con vínculos y asociaciones con la Justicia, las fuerzas represivas y el Estado, sino que solo sirven para reprimir y disciplinar a la población carcelaria, sin ningún ánimo de obtener una adecuada reducación y reinserción social.
El gobierno también aprovecharía la volteada para intentar eliminar la figura penal de femicidio, lo cual incluso redundaría en la libertad inmediata de unos 300 condenados (La Nación, 12/2).
Cabe agregar que aunque no ha trascendido en la información filtrada a los medios es probable que el gobierno intente avanzar en otras medidas represivas intentadas en el pasado, como la ampliación de las peas para el delito de “atentado contra la autoridad”, o la ampliación de las causales para justificar legítima defensa o el cumplimiento del deber de las fuerzas de seguridad, avalando el gatillo fácil.
También se encuentra el proyecto de reiterancia con media sanción en Diputados, que daría lugar a una mayor arbitrariedad del Estado en la persecución de activistas y luchadores, como ocurre actualmente en diversas provincias, como Jujuy Y Mendoza, donde es esto es aplicado contra las movilizaciones populares y piquetes.
El gobierno nacional se propone retener y ampliar la población carcelaria en el marco de una superpoblación de las prisiones y comisarías, que periódicamente dan lugar a noticias de fugas y escapes, en el marco de un ajuste presupuestario.
Desde el Ejecutivo vienen preparando las condiciones para consagrar un anhelo presidencial que es la privatización del sistema carcelario y la conversión de la política penal en un negocio para un puñado de capitalistas, con ingresos dependientes del Estado y de la mano de obra “esclava” que tendrían en su poder.
Esto se encuadra en los marcos de la reciente resolución el Ministerio de Seguridad para que los presos de las cárceles federales realicen tareas del establecimiento sin remuneración alguna, al menos 5 horas al día: algo que abarataría considerablemente los gastos de eventuales inversores privados.
La reforma penal que intenta el gobierno tiene un carácter punitivista, privatista y represivo, orientado contra las mayorías trabajadoras, y dejando intacto al crimen organizado. Un instrumento que será utilizado contra los trabajadores y activistas y que habilitaría nuevos negocios privados a costa del Estado y la población carcelaria.
