A poco más de 3 años del asesinato de Rafael Nahuel, en una nota de hoy Clarín titula “Una nueva pericia revela que la bala que mató a Rafael Nahuel no salió del arma del prefecto acusado”, buscando deslindar de los hechos a las fuerzas represivas. El homicidio de Rafael se produjo en un intento de desalojo del territorio de la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, en el que participaron 300 efectivos, de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, y que estuvo comandado por la exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. En ese momento, y a pesar que testigos y pruebas indicaban exactamente lo contrario, desde el Ministerio de Seguridad lanzaron la versión de que los prefectos habían sido sorprendidos y atacados por un grupo mapuche, armado con armas de fuego y lanzas.

El hecho sucedió a pocas semanas del hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado a muy pocos kilómetros, asesinado por Gendarmería Nacional, en cercanías del Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en la provincia de Chubut.

La nota de Clarín dice que según un informe del Ministerio Público de Salta, no habría sido Francisco Pintos quien gatillara contra Rafael Nahuel, sino otro integrante del grupo Albatros, cabo primero de la fuerza e integrante del mismo grupo especial de la Prefectura Naval, Guillermo Cavia. Pintos contaba con prisión preventiva, dictada por la Cámara Federal de General Roca en 2019, que establecía a su vez el cambio de carátula de “homicidio en la legitima defensa” a “homicidio agravado”. La detención se produce luego de que sea rechazada la apelación presentada por el abogado de Pintos, el exfuncionario de Seguridad bonaerense Marcelo Hugo Rocchetti.

“Quisieron inculpar a una persona inocente, cuando se sabía que los Albatros habían sido atacados por 20 personas y les tiraron con todo. Fausto Jones Huala, que estaba en el predio, reconoció el uso de armas. Los análisis de pólvora en las manos dieron positivos en Nahuel, Jones Huala y Lautaro González. ¿Dónde está el delito? Los agentes tuvieron que defenderse y si no hubiera sido porque eran grupo de élite, no sobrevivían”, dijo el abogado de Pintos a Clarín.

Con declaraciones de este estilo, lo que busca es abonar a la teoría del enfrentamiento armado entre el grupo Albatros y los miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu, a pesar de que se identificaron más de 100 disparos de armas de fuego del grupo especial de Prefectura, y ninguno por parte de la comunidad. Esta maniobra fue dictada, en su momento, por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

El caso de Rafael Nahuel muestra el carácter represivo del Estado cuando tiene que proteger la propiedad privada, y se sostiene gracias a la impunidad de los sucesivos gobiernos que convalidan estos crímenes. Como la causa de Santiago Maldonado o de Facundo Castro, asesinados por las fuerzas represivas estatales, que se encuentran cajoneadas.

Fue la Prefectura. Nos seguimos sumando nuevamente al pedido de sus familiares y exigimos justicia. Abajo la impunidad, castigo a los responsables materiales y políticos.

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