La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó este jueves un proyecto para introducir a las Fuerzas Armadas en tareas de represión interna. Y, en simultáneo, trascendió que Milei estaría analizando otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria a genocidas de la última dictadura militar. Esto, a pocos días de un nuevo 24 de marzo, en el que una multitudinaria movilización se abrirá paso para rechazar la impunidad y la represión de ayer y de hoy.

El proyecto estipula la modificación de la Ley de Seguridad Interior. El elenco oficialista busca ampliar las atribuciones de las Fuerzas Armadas en ese terreno, con el objetivo de tenerlas a mano para reprimir la protesta social. Todo esto con el pretexto de “combatir” el narcotráfico, cuando la historia se ha encargado de evidenciar el fracaso estrepitoso de este tipo de tentativas.

En relación a la prisión domiciliaria para los genocidas, si bien no se sabe con certeza qué es lo que tiene concretamente en carpeta el gobierno, todo aquel que se reclame defensor de los trabajadores y de los derechos humanos debe declararse en estado de alerta. Es que estamos ante un gobierno que reivindica abiertamente los crímenes de la dictadura de Videla y cía.; muchos de sus integrantes son divulgadores profesionales de la teoría de los dos demonios y del negacionismo del terrorismo de Estado.

Que Milei y su vice Villarruel reivindiquen acérrimamente el régimen genocida muestra con claridad los intereses de clase que defienden. Es que la dictadura garantizó el dominio económico de los ricos con métodos de guerra civil. Los capitalistas nativos y extranjeros hicieron negocios fenomenales con la dictadura, pues destruyó los convenios colectivos de trabajo y entregó la economía al capital imperialista.

Criminales y lacras como Alfredo Astiz, Antonio Pernías y Adolfo Donda podrían regresar a sus casas, lo que consumaría la impunidad total para los genocidas. Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, 8 de cada 10 genocidas condenados se encuentran bajo arresto domiciliario; solo 108 están en prisión.

Asimismo, permanecen en libertad más de 1.500 personas que están bajo investigación. Muchísimos genocidas, entre ellos Carlos Villanova y Horacio Alberto Conditi, han gozado de impunidad biológica –los criminales mueren mientras los testigos y familiares de las víctimas esperan justicia.

Todos los gobiernos capitalistas, desde la vuelta de la democracia, han promovido de alguna u otra forma la impunidad para los represores de la dictadura. Alfonsín lo hizo con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Menem con los indultos, Cristina Kirchner colocando al genocida César Milani al frente del Ejército y Macri con el intento de imponer el 2×1.

El operativo de impunidad se inició con el Juicio a las Juntas, en el cual de los 1.700 genocidas denunciados solo recibieron condena cinco capos de la dictadura: Videla, Massera, Viola, Lambruschini y Agosti. De estos, únicamente los dos primeros fueron sentenciados a cadena perpetua. Ese manto de impunidad tomaría distintas formas a lo largo de los años siguientes.

Tanto es así que los empresarios y todos los civiles cómplices (por ejemplo, miembros de la curia y de partidos políticos, como el PJ o la UCR, que aportaron intendentes al régimen videlista) nunca fueron sentados en el banquillo de los acusados. Más en general, hubo poco más de un condenado por cada centro de tortura y exterminio existente (814). Si se avanzó en la condena de genocidas fue más que nada por la lucha de los organismos de derechos humanos y de los trabajadores.

El gobierno libertario busca pulverizar los derechos de los trabajadores, eliminar el derecho a huelga, y se ha alineado en el plano internacional con Estados Unidos, promotor de la dictadura capitalista de Videla. Esto da cuenta de la enorme vigencia que tiene la lucha del 24 de marzo.

Este domingo copemos las plazas de todo el país con el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, vayamos por una jornada de lucha masiva contra el gobierno reaccionario y promilicos de Milei y también contra los gobiernos provinciales ajustadores y represivos. Los genocidas y todos sus cómplices deben pudrirse en la cárcel. Fueron 30.000.

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