En el Congreso, gran audiencia pública del FIT-U contra el gatillo fácil

Convocada por Romina Del Plá para reforzar la lucha de los familiares y amigos de Brandon Romero.

Fede Imas Ojo Obrero Fotografía

Este lunes 7 se realizó una audiencia pública convocada por Romina Del Plá para reforzar la lucha de los familiares y amigos de Brandon Romero, asesinado en 2020 por un subteniente de la policía bonaerense, Arcángel Bogado, quien le disparó 11 veces provocándole la muerte y cuyo juicio se realizará en el mes de mayo. El policía asesino en tanto sigue en libertad y en servicio.

Concurrió un nutrido grupo de familiares de víctimas del gatillo fácil, diputados y dirigentes del FIT-U, como el legislador bonaerense Guillermo Kane; Correpi, la abogada Claudia Ferrero; Hebe Sosa, madre de Matías Dimuro, víctima de la precarización laboral; la UJS y la presidencia del centro de estudiantes del Joaquín V. González.

Estuvieron presentes varios casos que salieron a la luz pública por la tenacidad de sus familias y amigos que organizados y movilizados fueron desmontando la cadena de complicidades con estos asesinatos. Así pudimos escuchar a Cristina, mamá de Facundo Astudillo Castro en plena pandemia secuestrado, torturado y asesinado por la policía bonaerense, que desarmó la trama de mentiras y testimonios truchos denunciando la responsabilidad absoluta de Berni en el amparo y encubrimiento de los asesinos.

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Emilia, mamá de Pablo “Pali” Alcorta informo que los fiscales se niegan a acusar a los policías dejando a las familias sin defensa y sin posibilidad de apelar si el joven asesinado es mayor de edad, describiendo la perfidia de los juicios por jurados pedidos por los propios asesinos. Daiana, hermana de Lito Costilla, un joven repartidor emboscado y sometido a una brutal golpiza por una patrulla de la Policía Municipal de Garro, en Tolosa, contó todas las etapas que atravesó su lucha, enfrentando al Ministerio Público Fiscal, encadenándose en la “motorizada”, logrando finalmente el cambio de carátula, la exoneración de los tres policías involucrados y su pedido de detención. “Es imprescindible sacar a Berni” concluyó. Gladys, mamá de Danilo Sansone de 13 años, uno de los 4 fallecidos acribillados en la masacre de San Miguel del Monte, denunció la responsabilidad directa de la intendenta Sandra Mayol, encubridora de estos crímenes y ahora premiada por Massa con una subseccretaría.

Otros casos fueron relatados como el de Diego Cagliero, Cristóbal “Bocha” Rego y Camilo Caupolicán Escobar.

A partir de los relatos desgarradores se fue arribando a importantes conclusiones y algunos debates. La primera es que el gatillo fácil es una política de Estado. En todos los casos se verifica el mismo “modus operandi”. Los asesinados son jóvenes, trabajadores y desarmados. Luego de los homicidios comienza el encubrimiento, se plantan pruebas falsas, se inventan enfrentamientos, se limpia la zona de posibles evidencias. Posteriormente llega el respaldo político de los Berni, Aníbal Fernández o Bullrich para que nadie dude que los asesinos tienen “banca”. En este punto hubo un debate sobre si correspondía plantear Fuera Berni siendo que todos los gobiernos democráticos desde la dictadura cargan con este “problema”. No es menor definir si hoy es central o no plantearlo, el que sea una política de Estado no exculpa al kirchnerismo porque ejerce el poder hoy, por el contrario lo señala como parte de un régimen social que necesita del crimen para aterrorizar a la población trabajadora. En este punto echar a Berni con la movilización sería una enorme victoria de la lucha popular. Porque se trata de la avanzada fascistizante contra todas las luchas obreras, por el trabajo, por la tierra y la vivienda.

“No hubo errores, no hubo excesos”, dijo Néstor Pitrola, parafraseando una consigna cantada en tiempos de dictadura de la que “el gatillo fácil es su continuidad”. “Ha fracasado la democracia”, y afirmó que “tenemos que desmantelar los aparatos represivos, tenemos una seguridad de clase y una justicia de clase”. Pitrola destacó el cuestionamiento de los familiares a los juicios por jurados, que no se pueden reivindicar alegremente sin considerar que quienes tienen que condenar o no a policías asesinos (10 sobre 12 jurados) están sometidos a un bombardeo sistemático de los medios para criminalizar a la juventud más pobre y/o le temen con justificada razón, a la hora de un veredicto, a una policía delincuencial, que regentea todos los negocios ilegales, amparada por el poder.

La Justicia actúa encubriendo a la policía, los fiscales no actúan en defensa de las victimas sino de los victimarios en tanto representan al Estado. En el medio, si los familiares denuncian reciben amenazas. El juicio por jurados se transforma en una farsa y así los jueces pueden lavarse tranquilos las manos.

Otro debate se dio ante la ausencia de los organismos tradicionales de derechos humanos más o menos afines al gobierno como la de muchos diputados “derecho humanistas” que, como informó Romina Del Plá, fueron invitados, lo que habla de una sujeción al gobierno que limita enormemente cualquier lucha consecuente e incondicional por las libertades democráticas, una falta de independencia que es decisiva cuando la magnitud del ajuste unifica a la clase capitalista para imponerlo de la mano de acciones represivas y de la criminalización de la protesta. Por eso el oficialismo se acuerda de los derechos humanos sólo para reivindicar a Cristina Kirchner mientras sostiene a los represores fascistas en su gobierno.

No fue raro escuchar a varios familiares planteando la necesidad de terminar con este sistema de opresión y mediante la lucha, abrir el camino para que no sigan matando a nuestros jóvenes. La audiencia fue un punto de reagrupamiento político de los familiares de víctimas del gatillo fácil en el camino de profundizar su movilización.

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