La aparición de las Fuerzas Armadas en cientos de villas y barrios populares del país es moneda corriente desde hace unos meses a partir del avance de la pandemia. La llegada del Covid-19 a la Argentina, y la instalación de la cuarentena, colocó en un papel central a las fuerzas de represión, que integran, además de las FF.AA., la policía federal, las policías provinciales, la policía aeroportuaria, prefectura naval y obviamente gendarmería. En una suerte de “división de roles” se colocó al ejército, en particular, en “tareas comunitarias”, sobre todo en el reparto de comida. En un país en el que las Fuerzas Armadas son repudiadas por ser responsables de un genocidio y el terrorismo de Estado, ponerlas a repartir comida responde a la necesidad de blanquearlas, es un objetivo político central para el Estado de los capitalistas. Va en el mismo sentido que la “vuelta de página” que Alberto Fernández le propuso al pueblo argentino en las vísperas del 24 de marzo. La pandemia ha agravado la crisis social y económica que ya vivía el mundo y el país. El objetivo central es contar con todos los elementos de represión para imponer el “disciplinamiento social” y evitar que el descontento generalizado por la crisis desate movilizaciones y rebeliones en todas las provincias del país.

En este comprimido informe, hemos volcado algunos hechos que muestran cómo la represión se ha agudizado bajo la cuarentena, desde atropellos individuales hasta la represión a manifestaciones y reclamos, es decir la criminalización de la protesta. Por otro lado, la “función social” del ejército es un fiasco.

Ni siquiera rascando la olla

El déficit a la hora del reparto de comida es indudable. Lo que reparten las Fuerzas Armadas está muy por debajo del trabajo que realizan los comedores que trabajan día tras día en cada barrio. En La Matanza, por ejemplo, el ejército supuestamente reparte a diario 24.000 raciones de comida (datos oficiales). Eso cubre solo al 1% de la población.

En cambio, los 700 comedores populares que reciben alguna asistencia municipal realizan alrededor de 300 raciones de comida diaria cada uno, por lo que en total reparten algo más de 200.000 mil raciones. La diferencia es abismal en este municipio, pero esa lógica es la que se repite en todos los rincones del país. A esto se suma que intervienen una enorme cantidad de voluntarios, y en los barrios son muchas las críticas hacia la calidad de la comida y por cómo esta cocinada.

Está claro, entonces, que la intervención de las fuerzas de seguridad está alejada de una “necesidad alimentaria”, cuyo rendimiento es deficitario en cantidad y calidad. El rol, como ya hemos mencionado, se encuentra asociado a la necesidad de regimentar los barrios en los cuales el descontento sobre las condiciones sociales en las que se desenvuelve la cuarentena pueda ser mayor. Buscan “enfriar” las “zonas más calientes” (Perfil, 27/3). Ni siquiera rascando la olla pueden verse buenas intenciones. Se quiere saciar el hambre con palos y no con comida.

Represión y gatillo fácil

“Dejalo que se muera como una rata”, expresó el policía Matías Ibarra luego de haber fusilado al joven César Obes (17) el pasado sábado en una esquina de Gregorio de Laferrere en La Matanza. El grito fue para un vecino que buscaba levantar al adolescente para llevarlo al hospital. Los testigos afirmaron que el último disparo que vieron por parte del efectivo fue con el joven en el piso, por más que Ibarra intentó justificarse argumentando (falsamente) que este había intentado robarle. 

Este reciente caso de gatillo fácil lejos está de ser un caso aislado. Es producto de un aumento de la actividad represiva que se desarrolla en los barrios populares del país y su creciente aplicación en la protesta social. Es que las restricciones, coacciones y la regimentación están destinadas a la población que no cuenta con condiciones sociales para desarrollar una cuarentena.

Esto no es algo que solamente incluya a la Argentina, sino que se trata de un fenómeno a escala internacional que tuvo fuertes expresiones en China, España e Italia. En América Latina, el caso más aberrante es el de Perú, en donde las fuerzas de “seguridad” están exentas, por un decreto presidencial, de toda responsabilidad penal en caso de matar o herir.

La argumentación del Estado y los sucesivos gobiernos es que las fuerzas de seguridad se distribuyen entre las llamadas “zonas sensibles” (barrios populares) con la finalidad de realizar tareas de ayuda alimentaria y colaboración social. No obstante, la experiencia demuestra otra cosa: cualquier tipo de acción en cuanto al reparto de comida y “asistencia” resulta menor y sumamente deficitaria, mientras que el papel principal (y casi único) que tienen la Policía, la Gendarmería y el Ejército es la represión y el control de cualquier tipo de manifestación popular o de algún tipo de descontento social, en lugares en el que el hambre y la falta de recursos es moneda corriente y se ve agravada en tiempos de Coronavirus. El intento de que la crisis la peguen los trabajadores no cierra sin palos y disciplinamiento social.

La instalación de las fuerzas en la seguridad interior es, asimismo, parte de una estrategia más general. Por un lado, se inscribe en la llamada “vuelta de página”, es decir, una reconciliación con las fuerzas de represión, poniendo al ejército en el desarrollo de tareas comunitarias como confeccionar barbijos o produciendo alcohol en gel. Y por el otro, que estas mismas fuerzas ganen autoridad entre las masas laboriosas ante las perspectivas de grandes convulsiones sociales. En esa línea se entiende el ciberpatrullaje, una herramienta de control social para “detectar” el humor social. 

Asimismo, el decreto que estableció el aislamiento social obligatorio le otorgó un gran poder discrecional a las fuerzas de represión, donde son estas las que determinan la validez de circular, ejecutando secuestros de vehículos, herramientas de trabajo, detenciones arbitrarias y demás. 

De Ushuaia a La Quiaca

En 50 días de cuarentena, se han realizado 71.889 detenciones o demoras realizadas por los agentes de la Policía Federal Argentina (PFA), Prefectura Naval Argentina (PNA), Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Esa suma alcanzaría a 100.000 si se suman los realizados por las fuerzas provinciales.

Además, las provincias han establecido restricciones más severas que el DNU nacional, colocando franjas horarias de circulación, entre las 8 hs y las 20 hs. Esto sucede en provincias como Neuquén, en donde los domingos está totalmente prohibido el movimiento de personas. En cuanto a las detenciones en protestas sociales se contabilizan 79 en todo el país. 22 en Santa Fe (Polo Obrero), 11 Chaco (MTR Cuba, Polo Obrero, 3 remiseros), Neuquén 5 (Polo Obrero Zapala), Córdoba 42 (municipales de Jesús María) y 5 trabajadores de Apps. 

Esta situación general profundiza la persecución y la represión en muchas de las provincias a lo largo y a lo ancho del país. En algunas de ellas se ve una escala represiva indudable. 

Al ya mencionado asesinato de Alejandro Obres, se suman situaciones de represión de todo tipo, como la que se llevó a cabo el pasado 10 de mayo en la comisaría N°9 de Villa Caraza, frente al pedido de condiciones de salubridad e higiene de los internos. Algo similar sucedió en Florencia Varela, que culminó con el asesinato de Federico Rey y 40 reclusos heridos. También la provincia vio uno de los primeros casos testigos de “ciberpatrullaje explícito”, cuando la policía fue a buscar a un joven de Balcarce por un “tweet” acerca de los saqueos.

A fines de abril doce efectivos policiales golpearon salvajemente a una familia de músicos de Junín, mientras participaban de un karaoke por videoconferencia en su casa. El padre (Marcelo Teilleri) tiene 2 costillas rotas, fractura de tabique y un ojo comprometido. Luego de la golpiza los llevaron detenidos a la Comisaría segunda por “incumplimiento de la cuarentena”.

Las fuerzas de seguridad a cargo de Sergio Berni continúan la lógica del ministerio de Patricia Bullrich y la doctrina Chocobar. Esto ha agudizado el gatillo fácil, las persecuciones y las detenciones. El 1° de mayo, el docente Ernesto Ortega recibió una golpiza en las calles de Ituzaingó luego de llevarle comida a su madre, por parte de dos efectivos de la Bonaerense que lo tiraron al piso y le pegaron sin razón alguna. La tensión, en tal sentido atraviesa toda la provincia.

Con la formación del “Comité de emergencia social” de Schiaretti, se procedió a más de 24.000 detenciones en el marco de la cuarentena, con un proceso represivo en crecimiento. Se sucedieron casos de abusos policiales y se multiplicaron las detenciones arbitrarias con falta de garantías mínimas de higiene y salud y sin posibilidad de comunicarse con algún familiar.

A esto se le suma la profundización en términos de criminalización de la protesta social. El ministerio público avanza en las imputaciones de aquellos que se movilizaron el último viernes 8/5 en el concejo deliberante, contra el recorte salarial a los municipales. El gobierno provincial y la justicia buscan ilegalizar a los que luchan.

En las barriadas populares, como Villa El libertador, la policía dispara tiros al aire cotidianamente, amedrentando, regimentando, deteniendo por salir a comprar pan o remedios. Incluso, la fuerza provincial ingresa a hogares a detener personas sin orden judicial, como en Alta Gracia, en donde amenazaron a toda una familia con armas. La muerte de un joven en la Unidad Contención del Aprehendido (UCA), por falta de atención médica, pinta de cuerpo entero la situación que allí se vive. En definitiva, muchos barrios hay un “estado de sitio no declarado”. A la par de este proceso, se liberan a genocidas como Yanicelli, mientras las personas privadas de su libertad padecen todo tipo de vejámenes y torturas en las cárceles y comisarias.

El cuadro represivo aumentó. Hubo una intervención policial contra la asamblea de trabajadores de la planta Bagley, se detuvieron a 42 compañeros municipales de Jesús María, y la fuerza policial agredió a 5 trabajadores de reparto. Lo mismo sucedió con las amenazas de iniciar causas penales y hostigamientos a los compañeros del Polo Obrero. 

Han avanzado enormemente los abusos policiales, y los controles se ubican el ingreso y egreso de los grandes barrios populares de la capital. Asimismo, el dato en la provincia ha sido la criminalización de la protesta social de desocupados, docentes, ceramistas y mineros. Estos últimos están siendo rodeados por decenas de efectivos de gendarmería nacional. En los días de corte de ruta han sufrido múltiples amenazas de represión. 

A esto se suma el arresto de dos militantes del PO por más de 12 horas en la localidad de Chos Malal. Los compañeros fueron emboscados después de que asistieran a llevar la solidaridad a los mineros. Por otro lado, en Zapala se desarrolla una constante intimidación. La policía, por orden del gobierno municipal, arrestó a cinco compañeros del Polo. Las protestas que siguieron en la plaza céntrica son rodeadas por efectivos policiales. Los docentes, quienes vienen creciendo en las protestas, están siendo investigados por la fiscalía provincial con la amenaza de causas penales. 

 

El aumento de las detenciones es moneda corriente. El gobierno de Chaco se está valiendo de la cuarentena para enfrentar las luchas sociales. En la última jornada nacional piquetera, militantes del Polo y MTR Cuba fueron encarcelados cuando esperaban una comunicación con funcionarios. Algo similar sucedió con tres remiseros en medio de un reclamo para poder trabajar; lo mismo pasó con las imputaciones a Raúl Castells, luego de que se manifestara con su organización para reclamar por diversas reivindicaciones de desocupados. Al igual que a la militante social Débora Páez, a quien se le inició un proceso penal por “instigación a cometer delito contra una institución” por el solo hecho de una publicación en Facebook que retrataba su indignación con empresas que suspenden y rebajan salarios. Queda claro que se está instalando progresivamente un virtual estado de sitio en la provincia, que se refuerza con medidas adicionales como el aislamiento de barrios enteros.

En la provincia de Santa Fe, 20 compañeros de Polo Obrero de Villa Constitución fueron encarcelados por varias horas por reclamar alimentos y kits sanitarios. Este hecho se suma a la detención por más de 10 horas de otro compañero del Polo en Rosario, cuando salía de una ferretería. La discrecionalidad en el arresto de Juan “Poncho” Ibarra, fue un claro intento intimidatorio. 

En la provincia los métodos represivos aumentaron enormemente. Es conocido el hecho que la policía de Santa Cruz esta forjada a base de corrupción, encubrimientos y casos sin resolver desde siempre. Pero en medio de la realidad que nos atraviesa, el reforzamiento policial aumentó los casos de represión. El 21 abril, policía motorizada le disparó a dos jóvenes balas de goma provocando un choque con un automóvil, resultando uno de ellos con rotura de cráneo por lo que se encuentra en un coma inducido. En localidades como Los Antiguos, Perito Moreno, Pico Truncado, Las Heras, los abusos se concentran en maltratos a la hora de pedir identificación o secuestros de vehículos al voleo. Otra localidad, Comandante Luis Piedra Buena se vio conmovida por el femicidio de una docente, Jesica Minaglia, por un miembro de la policía de esa localidad. Dos mujeres de la ciudad de Puerto San Julián, militantes del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), fueron retiradas de su hogar este sábado por 9 por agentes de la policía provincial, quienes las golpearon en la calle y continuaron torturándolas en la comisaría. Abusos policiales, “suicidios” en comisarías, son los hechos que manchan a la Policía de Santa Cruz donde el gobierno les otorga una carta blanca para que puedan seguir ejerciendo con total impunidad.

El gobernador Arcioni y su ministro de Seguridad, Federico Massoni, han desplegado un extenso operativo represivo en el territorio provincial: a mitad del mes de abril ya había 2.500 detenidos en el marco de la cuarentena. En ese contexto se inscribió el audio filtrado de uno de los directores de seguridad (Paulino Gómez) para “meter gente en cana” porque las comisarías estaban muy vacías. En sintonía con esta orientación, Arcioni decidió contratar a un funcionario con un sueldo de 450 mil pesos para que haga “ciberpatrullaje”, cuando el “No es No” contra la megaminería crecía como planteó todo Chubut.

La provincia concentra posiblemente la mayor cantidad de aprehensiones de Argentina en relación a la cantidad de habitantes. Es que solo en abril, la cifra de detenidos superaba la de los presos comunes. Cerca de 5.000 detenciones fueron realizadas por la policía tucumana. El caso más brutal ha sido el de dos jóvenes del barrio Los Vázquez, quienes fueron encarcelados después de comprar unas gaseosas. A los pibes los detuvieron por 27 horas, los denigraron, golpearon y torturaron. En Villa Alem, en el sur de la capital, un abuelo fue arrestado por la policía provincial cuando fue a comprar medicamentos. En un barrio de las Talitas, una localidad del interior, efectivos arremetieron disparando por la calle contra un grupo de vecinos que se defiendieron a pedradas. En la localidad de Famaillá, una persona llegó a su casa en un auto y mientras desciendía, de varios móviles bajaron policías para detenerlo. Al no poder lograr su cometido, uno de ellos se sube al vehículo particular y se lo lleva mientras amenaza a la familia. Las denuncias contra la policía incluyen el pedido de coimas para liberar a los detenidos por violar la cuarentena. Este accionar no es exclusivo de Tucumán, se extiende en todo el país.

Organización y lucha

En efecto, queda claro que la presión de las patronales por una completa liberación de la cuarentena, coloca en el centro de la escena a la represión de la protesta social. Sucede que, a medida que se van levantando gran parte de las actividades económicas y productivas, la cuarentena va quedando reducida a un recurso contra el derecho a luchar. Que la liberación de las actividades sea potestad de los gobernadores también arroja un gran papel de represión de las policías locales. En momentos donde se generalizan las suspensiones, rebajas salariales y una colosal crisis social se agudiza, la cuarentena se mantiene contra la protesta social. La organización en cada uno de los barrios es fundamental para pelear contra la política del “disciplinamiento” social. Con hambre no hay cuarentena. Con represión tampoco.