En enero de 2019, Camilo se dirigió a comprar flores de marihuana a la casa de un excompañero de colegio, en plena ciudad de Buenos Aires. Mientras lo hacía, un policía vestido de civil y quien había pactado una hora de encuentro con el vendedor para poder comprar, presentó su placa y empezó a disparar, hiriendo gravemente a Camilo. Este acto, conocido en la jerga como una “mexicaneada”, en la que “un ladrón le roba a un ladrón”, es una práctica común dentro de las fuerzas de seguridad, en la cual se hacen de la mercancía para poder vender ellos mismos. Según afirman los testigos, lejos de asistirlo, este se dio rápidamente a la fuga.

La denuncia nos fue referida por el propio padre de Camilo, Oscar Escobar (número para contacto: 11 2869-4975) quien se nos acercó cuando estábamos restaurando el mural de homenaje a Mariano Ferreyra, vandalizado por grupos de derecho, en Sociales de la UBA.

Habiendo pasado más de dos años de realizada la denuncia, sus familiares agregan que la justicia se niega a disponer de los recursos para realizar las pruebas correspondientes para identificar al policía. Esto no es novedoso: el mismo Estado que es responsable de avanzar hacia una cada vez mayor criminalización de la juventud, teniendo un caso de gatillo fácil cada 28 horas, garantiza la impunidad de las fuerzas represivas del Estado poniendo todos sus recursos a disposición para encubrir a los responsables materiales de los asesinatos para poder perpetuar una política de hostigamiento sobre les jóvenes.

El caso de Camilo toma particular importancia en un momento en donde distintos funcionarios del gobierno, como el caso del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, afirman que “la marihuana está legalizada de hecho” mientras abundan los casos de criminalización del consumo. Además del caso de Camilo, actualmente continúan detenidos un grupo de jóvenes por cultivar marihuana en el distrito bonaerense de Puan.

El caso de Camilo se suma a los miles de casos de asesinatos y desapariciones en manos de las fuerzas represivas en estos últimos años. Sin ir más lejos, el empoderamiento que las fuerzas represivas gozaron en la cuarentena del 2020 nos dejaron como saldo los asesinatos de Wálter Nadal y Luis Espinoza a manos de la policía tucumana, la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro a manos de la Bonaerense. Mientras escribimos estas líneas, seguimos sin saber qué ocurrió con Tehuel de la Torre. Estos casos, como el de Camilo, nos confirman que lejos de ser casos aislados de determinadas provincias, la criminalización de la juventud es una política del Estado argentino, reproducida por todos los gobiernos provinciales y sus respectivas fuerzas de seguridad, algo que es garantizado a partir de todo un entramado de impunidad.

En ese sentido, la designación de Aníbal Fernández como ministro de Seguridad, conocido defensor del accionar de la policía en el asesinato de Maxi y Darío, donde aseguró que “los piqueteros se mataron entre sí”, como así también en el asesinato de Mariano Ferreyra, cuando negó la existencia de una zona liberada afirmando que “la policía actuó correctamente” o en la desaparición de Jorge Julio López, en la que buscó tapar la situación afirmando que “podría estar en la casa de su tía”.

La sucesión de gobiernos y ministros de Seguridad nos muestra que lejos de ser una política particular de algunos gobiernos, la defensa del régimen descompuesto de las fuerzas de seguridad, heredado de la última dictadura, es una política del Estado argentino para criminalizar a la juventud y les trabajadores, mientras se acentúa la connivencia con el crimen organizando.

Exigimos justicia por Camilo y por todos los casos de gatillo fácil. Que se faciliten los elementos necesarios para avanzar en la investigación inmediatamente.

Desde el Partido Obrero nos ponemos a disposición de sus familiares para participar de las distintas instancias de visibilización y movilización que se resuelvan.

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