El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acaba de ratificar nuevamente su apoyo a la figura de Sergio Berni, asignándole en el proyecto de Presupuesto provincial 2022 la suma de $216.816.673.000 a la cartera de Seguridad, con lo que se prevé incorporar 10 mil nuevos efectivos el año que viene. Un empoderamiento en regla de la Policía Bonaerense, cuyo accionar ha dejado su huella de sangre en un sinnúmero de episodios represivos contra la población trabajadora del territorio bonaerense.

Se trata de la segunda partida más grande contemplada en la ley de leyes, recientemente enviada a la Legislatura, y la cifra es incluso 62% superior a la presupuestada para el área de Salud. Lo anterior ilustra cuáles son las prioridades del oficialismo, que se dispone a aplicar un ajuste de proporciones en la próxima etapa de la mano del FMI y los bonistas. En lugar de utilizar los recursos de la provincia en remediar la profundidad de la crisis social, signada por la falta de vivienda y la pobreza creciente, o atender la crisis sanitaria en las vísperas de un rebrote de Covid, el gobierno opta por apuntalar un andamiaje represivo a fin de escarmentar las luchas populares que tendrán lugar en el próximo período.

Así es como el cristinista Kicillof sacrifica definitivamente el discurso de los Derechos Humanos en el altar de una agenda antiobrera y represiva que demanda la clase capitalista, y refuerza sin miramientos al derechista de Berni. Un ministro que se pasea en los medios preconizando la “mano dura”, y, en los hechos, defiende el proceder de la Bonaerense en cada crimen que comete alguno de sus agentes, como el del joven asesinado en un calabozo en San Clemente.

El kirchnerismo carga las tintas sobre los “discursos de odio” promovidos por la derecha que terminan legitimando los abusos policiales, sin embargo, en la práctica, el gobierno envalentona a quienes acuñan la misma prédica fascistizante al interior de sus filas.

Ya no solamente es que se preserva al “Bolsonaro” del Frente de Todos dentro del gabinete, sino que directamente el gobernador le ofrece un espaldarazo significativo, al asignarle una de las partidas presupuestarias más importantes. Vemos cómo la pátina progresista de su gestión se destiñe día tras día, porque al desalojo de Guernica le sucedieron otros en suelo bonaerense, porque la policía de Berni le disparó a los trabajadores de Penta pero también a los de Ema y porque la precariedad de la vida en los barrios pobres del conurbano es cada vez más inaguantable. Todos elementos de la realidad que opacan la pretendida imagen “nacional y popular” del dirigente camporista y que lo han conducido a una derrota en las recientes elecciones.

Kicillof “rompe el chanchito” para blindar a la maldita policía, usina del gatillo fácil. Descompuesta hasta la médula. La que bate récords siempre que se trata de dispararle a los pibes de los barrios, en función de regimentarlos. La que se llevó la vida de Luciano Arruga, de Lucas Verón, de Facundo Castro y de tantos otros, crímenes donde reina la impunidad y la protección estatal hacia los uniformados.

La institución directamente funciona como una asociación ilícita, garante todo tipo de actividades ilegales, promotora del delito y fuertemente entrelazada con el narcotráfico y la trata de personas. Sus agentes y los funcionarios de distintos escalafones del Estado se llevan una tajada de dichos negociados, mientras que la juventud más vulnerable queda a merced de estas mafias. Son las y los pibes de los barrios los que sufren en carne propia el flagelo de la droga, los secuestros para la explotación sexual o los narcofemicidios, es decir, toda la escoria social que auspicia la policía de Berni, que Kicillof decide premiar.

El presupuesto destinado a reforzar a la yuta asesina es sencillamente una afrenta para todos aquellos que nos hemos movilizado por reclamos genuinos, como la conectividad para poder estudiar y tierra para vivir, y no hemos recibido ninguna respuesta favorable de parte del gobierno provincial; también para los familiares de víctimas de la impunidad policial que exigen justicia. A su vez, consiste en una declaración de guerra contra el movimiento popular en su conjunto, sobre el cual se descargará todo el peso represivo, en la medida que salga a pelar por sus demandas frente al ajuste que se avecina.

Sin embargo, este amedrentamiento en curso no logrará represar la bronca de un pueblo, que, cansado de tantos agravios por parte de los gobernantes, ganará masivamente las calles. Luchemos para echar de una vez por todas a Berni y desmantelar el aparato represivo, y, de esta manera, estaremos en mejores condiciones de derrotar la embestida del gobierno, la oposición patronal y el FMI. El 11 copemos la Plaza de Mayo.

 

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