En una reciente entrevista radial, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero se encolumnó detrás de los defensores del gobernador formoseño Gildo Insfrán y de los centros de aislamiento forzado, frente a la lluvia de denuncias por violaciones de derechos humanos en la provincia.

La defensa ensayada viene como respuesta, entre otros, a los reclamos de Amnistía Internacional con pedidos de informes y de actuaciones al gobierno nacional por las reiteradas denuncias en la provincia. Frente a la negación del gobierno, Amnistía advierte ir a la corte internacional.

Las declaraciones de Cafiero vienen en la misma línea del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, quien viajó a Formosa la semana pasada. Ambos funcionarios debieron reconocer que hubo casos de abusos institucionales, pero no especificaron a cuáles se refieren ni afirmaron que se hayan tomado medidas al respecto, y niegan violaciones a los derechos humanos de forma “sistemática”.

Como recapitulamos desde Prensa Obrera, los atropellos de las fuerzas policiales contra la población son una política de Estado. Al caso de Zunilda, la mujer oriunda de Clorinda que perdió un embarazo por estrés producto de su aislamiento forzoso a pesar de contar con un PCR negativo, se suma la represión “sistemática” a las comunidades originarias, con más de una veintena de personas wichi detenidas y golpeadas para ser luego aisladas en uno de estos centros, en las últimas semanas. Las comunidades también denuncian tratos discriminatorios en el acceso a la salud pública. Otro hombre de Clorinda fue brutalmente golpeado por la policía mientras a los familiares les ocultaban dónde se encontraba detenido.

Esta política de encubrimiento buscó ser cubierta por el jefe de Gabinete manifestando que “no nos tiene que decir cómo manejarnos con los derechos humanos, menos a nuestro espacio político, somos hijos de las Madres y de las Abuelas”. Es una defensa vergonzosa por parte de un espacio político que empodera a Berni y su manejo criminal de la podrida Bonaerense de gatillo fácil a la juventud y represión a las familias sin tierra. Es de un cinismo mayúsculo intentar tapar con el pañuelo blanco al régimen de Insfrán, que se sostiene desde hace 30 años condenando a la población al hambre.

Bajo este gobierno sucedió el asesinato de Roberto López Qom de la comunidad de La Primavera, la represión a los pibes del ex Colegio Nacional, el espionaje por parte de las fuerzas represivas, los secuestros de DNI a pueblos originarios en tiempos de elecciones, entre una larga lista de atropellos contra el pueblo.

Desde el gobierno nacional de los Fernández quieren hacer creer que no se trata de un régimen represivo sino de casos aislados de algunos policías. En realidad, la violación de las libertades democráticas es parte constitutiva de un gobierno que sistemáticamente pisotea además el derecho al trabajo, a la alimentación, la vivienda y la salud.