En medio de un ajuste descomunal, el Estado y todos sus gobiernos echaron mano al Código Penal como intento de disciplinamiento social para evitar las luchas en curso. Como buenos alumnos del FMI, los gobiernos provinciales, con el aval del gobierno nacional -que como toda solución envía tropas para brindar una falsa seguridad a las barriadas rosarinas-, siguen la máxima de Aníbal Fernández: “actuaremos con el Código Penal en la mano”. Esa amenaza, que en 2003 realizara el ministro, hoy se hace realidad cuando recrudece la persecución y la judicialización del reclamo social a lo largo y ancho del país.

Este ataque de clase va de la mano con una campaña mediática de demonización y construcción de un enemigo desestabilizante que encaran los medios de comunicación y desenvuelven los elementos más fascistizantes de la vida política argentina, encarados por personajes como Milei, Espert, Marra y Patricia Bullrich. Pero esta política de persecución y criminalización no es ajena la agenda del gobierno de turno.

A lo largo y ancho del país

En la provincia de Santa Cruz se lleva a juicio oral a cuatro compañeros, entre ellos dos militantes del Partido Obrero, en un operativo montado para responsabilizarlos de daños contra la propiedad en la residencia de la gobernación y una supuesta invasión a la propiedad en 2017.

Neuquén, por su parte, tiene más de medio centenar de compañeros y compañeras procesados, principalmente del Polo Obrero y de la localidad de Zapala, por distintos cortes de ruta en reclamo de trabajo genuino y en apoyo de la heroica lucha de los “Elefantes”. En esta provincia, si bien logramos bajar varias imputaciones bajo la figura de “falta de mérito”, está pronta a dictarse fecha de juicio oral contra cinco de nuestros compañeros. En estas causas, la particularidad está dada, además, por la discriminación y ensañamiento que ejerce la representante del Ministerio Público, Karina Stagnaro, quien no solo fuerza pruebas sino que también ofrece a médicos la posibilidad de una reparación económica para cerrar el procedimiento, lo que no hace con los compañeros del Polo Obrero y el PO. Claro está que no aceptaríamos de ningún modo cerrar una causa ofreciendo dinero cuando no se cometió ningún delito, pero muestra a las claras la discriminación que se ejerce contra los luchadores sociales más empobrecidos.

En la provincia de Mendoza, la persecución por acampes y movilizaciones es descomunal. Al escribir estas líneas hay dos dirigentes del Polo Obrero detenidos bajo la acusación de “reiterancia”. Se persigue de modo económico imponiendo multas elevadísimas por manifestarse, se amenaza con el cierre del local del Partido Obrero y se criminaliza la protesta instruyendo causas contra los dirigentes del Polo Obrero y del Partido, Las causas ya suman una decena y los compañeros procesados superan los 15. En una batalla desigual, pero teniendo en claro que los delincuentes no son quienes cortan las calles, logramos cerrar algunas de las causas y otras siguen en trámite.

En Tierra del Fuego, en el marco de la visita de Alberto Fernández se detuvo a compañeros del Polo Obrero por “haber violado el cordón presidencial” al intentar hacerle llegar un petitorio. Esa acusación es falsa porque se respetó el espacio que las fuerzas de seguridad indicaron y los reclamos fueron respondidos con represión. La Justicia provincial, sin embargo, inició un proceso contra los compañeros en grado de flagrancia, lo que implica un juicio expedito y con escasas herramientas para defenderse.

En Jujuy se instruyó causa contra siete compañeros, entre ellos el dirigente del PO, Sebastián Copello, por la jornada del 3 de mayo de 2021. Sebastián Copello y Manuel Chorolque estuvieron presos durante siete días por un delito excarcelable. El feudo de Morales no resiste ningún tipo de lucha y el Poder Judicial cumple servilmente los intereses del gobernador.

En Misiones también se instruyen causas por corte de ruta, especialmente contra docentes, entre ellos dirigentes del PO.

Pero la criminalización de la protesta no se agota en reclamos por vivienda y salarios. Se extiende también a las protestas en defensa del ambiente, como pudimos ver en Andalgalá, Catamarca, enviando a prisión compañeros ambientalistas, entre ellos Aylén Saracho. En Chubut, en medio de una protesta en defensa del agua que dobló el brazo del Estado para imponer la megaminería, instruyó causa contra 23 compañeras y compañeros que en mayo de 2021 se manifestaron contra el rechazo exprés de la iniciativa popular que propugnaba por prohibirla definitivamente en la provincia.

El mismo juez que durmió la causa de Santiago Maldonado, Gustavo Lleral, hoy persigue a luchadores que defienden el ambiente.

Los pueblos originarios, por su parte, siguen siendo perseguidos, teniendo como emblema las cuatro mujeres mapuche encarceladas desde que se produjo el desalojo de un asentamiento en las inmediaciones de la ruta 40 en Villa Mascardi.

Pese a la magnitud de la criminalización que detallamos más arriba, este listado es solo enunciativo, porque los procesamientos siguen desarrollándose en todo el país e incluso se promueven protocolos antiprotestas y antipiquetes. Lejos del respeto a la libertad básica de la clase trabajadora, que es el derecho a huelga y el derecho protesta, el Estado pretende trocar el legítimo reclamo por el ilegal encarcelamiento de luchadores.

Arakaki y Ruiz, un caso emblemático

La mira está puesta en que estos procesos sirvan como advertencia a quienes osen levantarse contra los opresores del régimen.

Así lo advertíamos cuando se enjuició y condenó a César Arakaki y Daniel Ruiz por las jornadas de diciembre de 2021.

La condena a prisión efectiva de César y Daniel es una condena a todo movimiento de lucha y por ello, en defensa de nuestra clase, debemos reforzar la campaña por la absolución de los compañeros el próximo 13 de abril, cuando se va a desarrollar la audiencia ante la Cámara de Casación Penal.

A Aníbal Fernández, a los gobiernos nacional y provinciales y a todos los alumnos del FMI les decimos que el Código Penal se lo apliquen a todos los que lucran con el hambre popular, a los asesinos de trabajadores y los genocidas que siguen en libertad y que, a días de un nuevo aniversario del golpe, siguen lloviendo prisiones domiciliarias que no habla de otra cosa del privilegio que el régimen asigna a quienes devastaron a toda una generación.

Este 24 de Marzo decimos “30.000 detenidos-desaparecidos ¡presentes!”.

¡No al ajuste y la represión de los gobiernos y el FMI!

¡Basta de criminalizar las luchas!

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