En una entrevista, Sergio Berni declaró que la política de seguridad y penitenciaria del presidente salvadoreño Nayib Bukele “es el camino en materia penal y punitiva” y que “es música para mis oídos”. Los dichos del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires no extrañan ni a propios ni a extraños.

Desde hace algunas semanas, El Salvador está en el centro del debate por las políticas penitenciarias y de seguridad de su presidente, que son objeto de denuncias de organismos de derechos humanos y ONGs, debido a la militarización de las calles y la detención de personas sin las mínimas garantías.

Estas medidas constituyen una clara violación a los derechos humanos y de las garantías procesales, a lo que se suma la grave situación en las cárceles, un problema que viene ya desde la gestión anterior de Salvador Sánchez Cerén (prohibición en las cárceles de las visitas de familiares, restricción del acceso al aire libre a una hora al día y solo tres veces por semana, limitación severa del acceso a defensores). En 2017, la ONU instó al gobierno a derogar estas medidas carcelarias cuyas consecuencias se vieron empeoradas por el hacinamiento, la desnutrición y un rebrote de tuberculosis que hizo estragos. Finalmente, en 2018 estas medidas se volvieron permanentes, previamente a que las aprobara el Poder Legislativo.

Para fines del 2020, gobernando ya Bukele, un conjunto de asociaciones civiles y ONGs presentaron un informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denunciando que las condiciones de las personas detenidas se agravaron notablemente, pandemia mediante.

Bukele constituye una profundización en lo que se refiere a la falta de acceso a la información que el Estado debe brindar sobre personas detenidas. A la vez, ha montado una enorme campaña publicitaria promocionando el supuesto éxito de sus políticas de “combate a las maras y pandillas”, por ejemplo, con el encierro modular, lo que significa que la persona está sola en una celda pequeña, donde no entra ni siquiera el sol (modelo implementado en cárceles de EE.UU.) y aquellos que se encuentran en celdas compartidas lo hacen con miembros de pandillas rivales incitando así a situaciones de extrema violencia. También Bukele fue noticia por la construcción de una cárcel con capacidad para 40 mil personas llamada Centro de Confinamiento para Terroristas, en la cual, por ejemplo, 100 personas compartirán 2 baños. Estas medidas contrastan con la ausencia total de políticas que propendan a la reinserción social de las personas presas.

Sergio Berni, mientras reivindicaba estos campos de concentración, criticó el derecho de los presos a tener celular en las cárceles bonaerenses. A su vez, criticó el otorgamiento, en el marco de la pandemia por coronavirus, de derechos previstos en la Ley de Ejecución Penal, como la prisión domiciliaria. El ministro de Axel Kicillof hace demagogia y tergiversa la realidad de las cárceles de Buenos Aires, donde los presos esperan un puesto de trabajo durante un largo tiempo, lo que les permitiría tener buenos informes, poder comer, o que simplemente su tiempo en condición de recluidos pase más rápido. Berni planteó la necesidad de introducir trabajo obligatorio. No dice nada sobre la connivencia entre el servicio penitenciario y el delito organizado. La política de Berni vuelve más imposible aún la resocialización de los presos.

En un año electoral, personajes de la falsa grieta como Berni y Bullrich radicalizan sus propuestas de mano dura. Kicillof, quien respalda a Berni, buscará la reelección. El gobernador está ejecutando el plan de infraestructura penitenciaria (construcción de cárceles y alcaldías) más importante de los últimos años; defiende esa política con el argumento mentiroso de que más cárceles equivalen a mejores condiciones de detención.

El Estado viola sistemáticamente los derechos humanos en las cárceles, que son un instrumento de regimentación social.

Los jueces deben ser electos por el voto popular y sus puestos revocables, y son los organismos de derechos humanos los que deben controlar que en las cárceles existan condiciones dignas para los detenidos.

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