Mientras el gobierno de Gerardo Morales acentúa su persecución contra las organizaciones de desocupados que luchan contra el hambre, el Tribunal Oral Federal de Jujuy ha resuelto por mayoría dejar al empresario Carlos Pedro Blaquier fuera del banquillo de los acusados en el juicio que se desarrollará por la Noche del Apagón, cuando el ingenio Ledesma colaboró -en julio de 1976- con los grupos de tareas en el secuestro y desaparición de militantes políticos y trabajadores del departamento.

Los integrantes del tribunal -según informó el jueves Página 12– consideran que Blaquier no está en condiciones de afrontar el juicio debido a un supuesto deterioro cognitivo. En una audiencia realizada el 28 de marzo, miembros del Cuerpo Médico Forense dieron ese argumento. Sin embargo, los peritos del Ministerio Público Fiscal entendieron que el empresario simulaba ese deterioro, y sugirieron una ampliación de las pruebas.

Pero más allá de este nuevo capítulo, el ingenio azucarero venía operando hace tiempo por su impunidad, con la complicidad de la justicia. Blaquier fue procesado en el año 2012 (recién 36 años después de los hechos) en la causa por la Noche del Apagón y en otra causa por desapariciones al comienzo de la dictadura (como la del médico de la empresa y exintendente del departamento, Luis Arédez). Pero en 2015, la Cámara Federal de Casación Penal revocó su procesamiento. La Corte Suprema se tomó seis años y medio para pronunciarse, reconociendo que Casación había obstruido el proceso.

La defensa de Blaquier ensayó aún una maniobra más, ya que intentó dilatar el comienzo del juicio.

La impunidad de Blaquier es la impunidad de toda la clase capitalista que impulsó la dictadura genocida para quebrar la organización obrera en los lugares de trabajo. El mandamás del ingenio Ledesma siguió haciendo negocios durante la democracia y cultivó relaciones con todos los gobiernos, incluso el de Cristina Fernández de Kirchner.

Entre el 20 y el 27 de julio de 1976, la dictadura impulsó apagones nocturnos en el departamento de Ledesma para facilitar el secuestro de personas por parte de grupos de tareas. Se estima que 400 fueron raptadas y decenas permanecen desaparecidas. El ingenio proveyó camionetas para el operativo.

Hoy que oficialistas y opositores ponen el grito en el cielo frente al reclamo del movimiento piquetero, promoviendo la persecución penal de los que luchan por pan y trabajo, vale recordar la impunidad de estos empresarios, porque ilustra el carácter de clase del Estado.

Cárcel a los genocidas y sus cómplices, libertad a los luchadores.

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