Este lunes 13 de diciembre Casación ratificó las condenas del secretario de Seguridad en funciones en diciembre de 2001, Enrique Mathov, y Rubén Santos, entonces jefe de la Policía Federal, a cuatro años y tres meses y a tres años y seis meses respectivamente. Tras dos décadas de idas y vueltas por los banquillos, los principales ejecutores del operativo de represión que se cobró 39 vidas apelarán este fallo en la Corte Suprema, y mientras tanto conservan su libertad.

Durante el 19 y el 20 de diciembre de 2001, en medio de una monstruosa crisis social, masas de trabajadores ganaban las calles dispuestos a enfrentar el estado de sitio declarado por el gobierno de Fernando De la Rúa y la Alianza. Las fuerzas policiales comenzaron una cacería brutal, y la represión cobró dimensiones de una saña escalofriante contra trabajadores, estudiantes y jubilados, con balas de plomo y en muchos casos por grupos de civil a bordo de automóviles particulares. El saldo final fue de 39 muertos.

La condena contra estos dos cabecillas de la masacre se ordenó en 2016 por penas mayores. En tanto, algunos efectivos de menor jerarquía recibieron condenas ínfimas. Tal es así que solo dos años después, en 2003, los agentes Bellante y Firpo Castro fueron liberados en un trámite exprés en poco menos de dos meses por parte de Servini de Cubría. Ahora, uno de los argumentos para buscar quedar libres de cargos es que los crímenes habrían prescripto, luego 20 años.

La liviandad de la Justicia con los responsables de la brutalidad policíaca de las jornadas de diciembre de 2001 es ilustrativa de todo un régimen de impunidad, que apunta a preservar las fuerzas represivas de las que se valen todos los gobiernos. Lo vimos en el 2017 en Plaza Congreso cuando Macri y Bullrich ordenaron la descomunal represión para hacer pasar la reforma previsional; o en Guernica donde Kicillof y Berni desplegaron un auténtico ejército de la policía Bonaerense para desalojar a miles de familias sin techo.

Hablamos de la misma justicia que condenó recientemente con argumentos y pruebas vastamente refutadas a César Arakaki y Daniel Ruiz por luchar en 2017 contra la reforma previsional macrista, y sentenciados bajo el gobierno de los Fernández. El régimen político no acata grietas cuando se trata de arremeter contra la movilización popular, dirigir la represión, absolver a sus responsables y perseguir con causas para condenar a los luchadores.

A 20 años del Argentinazo, la realidad es que nos continúa gobernando el mismo régimen, representante de una clase social que apoyó al menemismo y las privatizaciones, que respaldó la convertibilidad, los blindajes, el megacanje y el corralito, que estuvo luego con la devaluación contra las masas y que mientras resonaba en cada rincón de la Argentina “que se vayan todos” no dudó en abrir fuego.

El estallido del Argentinazo y de la quiebra nacional fue el resultado inmediato de las recetas y los acuerdos del Fondo Monetario, que una vez más es el tutor de la economía nacional. Como hace veinte años también, vemos que se ponen sobre la mesa las mismas demandas de aquí en adelante: una reforma laboral, una reforma jubilatoria, la profundización de un rumbo devaluatorio, el ajuste fiscal sobre la salud y la educación pública, machacando los salarios estatales y otorgando mayores prebendas al capital. El reforzamiento represivo apunta contra la creciente inquietud popular.

La condena a los responsables de la represión en diciembre de 2001 forma parte de la lucha contra la impunidad de los crímenes contra el pueblo y contra todo el rumbo fijado por las negociaciones leoninas con el mismo FMI que condujo a la bancarrota nacional y desconozca el pago de la deuda externa.

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