El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 3, emplazado en Lomas de Zamora, dará inicio este lunes al juicio oral y público el lunes 17 de octubre por la masacre de Wilde. Pasarán por las audiencias 200 testigos, durante dos semanas, dentro de los cuales está Claudio Díaz, el único sobreviviente, quien testificará.

La masacre de Wilde fue un emblemático caso de gatillo fácil de la década de los ‘90 perpetrado por la Policía Bonaerense. El 10 de enero de 1994, once integrantes de la Brigada de Investigaciones de Lanús, a cargo del comisario Juan José Ribelli, investigado por la conexión local en el atentado a la AMIA, vestidos de civil, a bordo de cinco coches no identificados, salieron a la búsqueda de una banda de ladrones que trabajaban para la fuerza y querían independizarse. Su plan era matarlos, pero fallaron. En la brutal balacera fueron asesinados el remisero Norberto Corbo y sus pasajeros, Claudio Mendoza y Héctor Bielsa, que circulaban en un Peugeot 505; y el vendedor de libros Edgardo Cicutín, quien viajaba en un Dodge 1500, conducido por Claudio Díaz.

Las pericias recolectaron más de 270 balas nueve milímetros de pistolas y un subfusil Uzi, pertenecientes a la fuerza policial. Mientras que desde la Bonaerense se esgrimió que se estaba persiguiendo a un grupo que había asaltado una sucursal del Banco Galicia, las pruebas la contradicen. La hipótesis con mayor fuerza, a demostrar en el juicio, es que los presuntos ladrones, que la policía perseguía, se habían quedado con cinco kilos de droga y dinero, que debían rendir en la brigada. “En principio, los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó” (Comercio y justicia, 17/10).

En septiembre de 2014 se detuvo a Marcelo Ariel Rodríguez, que estuvo veinte años prófugo y fue liberado en menos de cinco. Cesar Córdoba y Carlos Saladino, integrantes de la policía Bonaerense, y partícipes de la masacre, fallecieron en estos 28 años, mientras estaban libres.

En 2013, la Corte Suprema de Justicia Bonaerense ordenó reabrir la investigación y anular los sobreseimientos, al sentenciar que “aún cuando se considerase que el cuádruple homicidio investigado no configura un delito de lesa humanidad, es indudable que si constituyó una gravísima violación de los derechos humanos”.

“Los procesados que llegan al juicio son los excomisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez, los exsubtenientes Mariano González y Pablo Dudek, los exoficiales Osvaldo Lorenzón, Julio Gatto y Marcelo Valenga, y el excabo Marcos Rodríguez, todos en libertad” (Info Región, 15/10).

Al momento de la masacre, la provincia era gobernada por Carlos Ruckauf (PJ), y la “maldita policía” comandada por Pedro Klodczyk, quien declaraba que “cuando era comisario inspector le descargué un cargador entero de una pistola 45 a un tipo en pleno centro de Quilmes, a media tarde y con la calle repleta de gente. Todavía no sé cómo no maté a ninguno de los que pasaban” (Revista Noticias, 1996). “El Polaco”, como le decían a Klodczyk, falleció en noviembre del 2000, sin pisar un tribunal, al igual que Ruckauf y Duhalde.

Los “soldaditos” y los “errores” del gatillo fácil no fueron hechos aislados del verano de 1994. Así lo demuestran la masacre de Ramallo en el 99, la masacre de Floresta en 2002, el crimen de Exequiel Demonty en 2002, la masacre de Lugano en 2005, el asesinato de Luciano Arruga en 2009 o la masacre de San Miguel del Monte en 2019, etcétera. Del mismo modo las denuncias de torturas y violaciones en las comisarías, que se multiplican mes a mes.

Hoy con Kicillof (Frente de Todos) en la gobernación provincial, y Sergio Berni a cargo de la seguridad, nada ha cambiado. “Luis Chocobar no es un asesino, lo que hizo fue con la mejor intención” declaró Berni, el mismo que avala la represión en La Plata, que terminó con la vida de Cesar “Lolo” Regueiro. Sea con el Frente de Todos o Cambiemos, la doctrina Chocobar se encuentra establecida desde hace largos años.

De muestra solo hace falta un botón. No es un oficial o un grupo de policías díscolos y “zarpados”, es la institución, es un régimen político y económico en crisis que se vale de estos métodos para sostenerse. Para terminar con el gatillo fácil, la represión, el delito organizado y la constante violación de los derechos humanos, por parte de las fuerzas policiales, hay que rajar a los políticos capitalistas, y tomar en manos de les vecines, trabajadoras y trabajadores la seguridad en las barriadas, lugares de trabajo y estudio.

Cárcel a los responsables materiales y políticos de la masacre de Wilde.

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