Libertades democráticas
24/9/2026
No a la remoción de las juezas Pacual y De Marinis: abajo la ofensiva represiva contra la juventud
La ofensiva oficial busca disciplinar a los jueces para imponer el nuevo régimen penal juvenil.
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La cacería judicial e ideológica impulsada por Jorge Macri, Patricia Bullrich y la derecha busca disciplinar a los jueces para imponer manu militari el nuevo régimen penal juvenil y la baja de la edad a los 14 años. Contra esta avanzada, la clase obrera debe elaborar un programa propio en defensa de la juventud y las libertades democráticas.
La cacería judicial contra las juezas que frenan la prisionización temprana
El pedido de remoción formulado por el gobierno de Jorge Macri en CABA contra la jueza de menores Laura De Marinis, sumado a la persecución desplegada contra la jueza de la provincia de Buenos Aires, Marta Pascual, constituye una abierta cruzada autoritaria que atenta contra las libertades democráticas más elementales.
El delito imputado a las juezas es haber ejercido sus facultades constitucionales al negar la aplicación retroactiva o regresiva de la baja de la edad de responsabilidad penal a los 14 años impuesta por la Ley 27.801. La no imposición de pena a adolescentes por hechos de menor gravedad y su derivación a organismos de protección de derechos constituye una práctica corriente en la Justicia de menores. Por ende, la acusación de “garantismo extremo” encubre una operación demagógica destinada a presentar como excepcional una decisión que se inscribe en criterios ampliamente aplicados por los propios tribunales de menores.
Lo que se busca no es cuestionar una resolución aislada, sino disciplinar a los jueces que pretenden poner límites al avance del nuevo régimen punitivo y convertir cualquier apelación a garantías constitucionales en motivo de persecución política.
La exigencia de “respeto a la ley” y los pedidos de juicio político promovidos por Jorge Macri y la derecha exhiben una hipocresía brutal. Mientras invocan la legalidad para encuadrarle el régimen carcelario a pibes de 14 años y sancionar a los jueces que no se alinean, el oficialismo y sus aliados guardan absoluto silencio cuando el gobierno de Milei desconoce abiertamente las leyes aprobadas por el Congreso que amparan la salud pediátrica, a las personas con discapacidad y a las universidades públicas.
Este salto represivo tiene su antecedente político inmediato en la sanción de la Ley 27.801, donde el bloque oficialista de Milei y la derecha de Macri contaron con el concurso y los votos decisivos de las bancadas peronistas para instaurar la baja de la edad de punibilidad a los 14 años. La aprobación de esta ley consagró un acuerdo de fondo de todo el arco político del régimen para responder a la quiebra social mediante el reforzamiento del aparato represivo.
La persecución promovida contra De Marinis y Pascual expresa una tendencia de alcance más general. El poder político busca reforzar la adecuación de distintas instituciones estatales a la nueva agenda punitiva, reduciendo los márgenes de actuación de quienes invoquen garantías constitucionales para restringir el avance de la intervención penal. El pedido de remoción contra ambas magistradas persigue un objetivo disciplinador sobre el conjunto del Poder Judicial y procura sentar un precedente para futuras ofensivas contra cualquier obstáculo que limite el despliegue de esta orientación represiva.
El fallo M.I.A: la miseria de los barrios populares expuesta sin atenuantes
El desencadenante del pedido de remoción contra la jueza De Marinis fue su resolución en la causa N° 255289/2026-0, donde declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801 y sobreseyó por no punibilidad a M.I.A., un adolescente de 14 años imputado por una tentativa de robo simple de un celular sin violencia física.
El expediente judicial sacó a la luz la realidad objetiva de las barriadas populares que el gobierno intenta ocultar bajo la demagogia punitiva: un joven sumergido en la indigencia, con una madre desocupada aquejada por episodios epilépticos, un hermano de 19 años recientemente despedido de su trabajo tras ausentarse para asistirla, la vivienda privada del servicio de gas natural por falta de pago y la falta de escolarización. Los informes interdisciplinarios del Centro de Admisión y Derivación (CAD) constataron que la conducta del menor expresaba el intento desorganizado de convocar la atención de un adulto de referencia en un entorno familiar devastado por la crisis.
Frente a esta catástrofe social, la única respuesta del régimen capitalista es la intervención penal y el encierro. El Estado reaparece exclusivamente a través de la policía y la cárcel, invirtiendo las cargas: le traslada al adolescente la responsabilidad individual por la falta, ocultando que fue el propio Estado el que le negó la educación, la salud y las condiciones elementales de vida.
La construcción del delito desde arriba y el discurso punitivista
La propaganda oficial busca convencer a las familias trabajadoras de que sus sufrimientos cotidianos derivan de los pibes que roban, presentando al gobierno como un protector eficiente por encuadrarlos en el régimen carcelario. Con esta maniobra, el régimen oculta que el hambre y la angustia son el resultado directo de su política económica, mientras el propio aparato estatal regentea las redes del delito organizado que financian las cajas de las comisarías y del poder político.
En este entorno asfixiante, las nuevas generaciones se crían inmersas en dinámicas de violencia cotidiana implantadas en el territorio por el propio negocio narco y la ocupación policial. A su vez, el narcotráfico actúa desarticulando los lazos comunitarios y persiguiendo cualquier intento de organización popular, dejando a los pibes sumidos en una profunda soledad y en la más absoluta necesidad de contención e integración social. En lugar de perseguir a las bandas armadas y a los verdaderos responsables del crimen organizado, el gobierno descarga toda la furia del aparato represivo sobre la juventud de los barrios populares.
Toda esta campaña de demonización mediática y persecución estatal choca de plano con los registros del propio sistema penal: en la provincia de Buenos Aires, las causas atribuidas a adolescentes menores de 18 años equivalen a un marginal 2,2% del total investigado. La abismal desproporción entre la dimensión real del fenómeno y la ofensiva punitiva revela el verdadero propósito de la agenda oficial: invisibilizar la complicidad estatal con el gran negocio delictivo, blindar la ocupación policial de las barriadas e intensificar la represión contra la juventud trabajadora.
La clase obrera ante la defensa de las libertades democráticas
El intento de destituir a las juezas De Marinis y Pascual representa una grave afectación de las libertades democráticas que atañe directamente al conjunto de la población trabajadora. El avasallamiento sobre los jueces que no ejecutan la línea oficial persigue la regimentación total del Poder Judicial. La consolidación de este régimen de excepción busca perfeccionar un aparato de persecución que mañana será descargado de lleno contra las luchas obreras y el movimiento popular. La defensa de las libertades públicas frente a este avasallamiento autoritario es una tarea democrática de primer orden.
La pelea contra la prisionización de la juventud es parte indisoluble de la lucha general del pueblo en defensa de sus libertades democráticas: de su derecho a reunirse, a organizarse y a luchar por su propia existencia. Los organismos de derechos humanos deben repudiar este atropello y reclamar la anulación del nuevo régimen penal juvenil y de la Ley 27.801.
Esta perspectiva exige una movilización popular independiente de la clase trabajadora frente al régimen represivo y la catástrofe social.
Repudiamos el pedido de remoción de las juezas Laura De Marinis y Marta Pascual. Derogación inmediata de la Ley 27.801. Basta de gatillo fácil y hostigamiento policial en los barrios.
