El Ministerio de Ciencia y Tecnología habilitó a la designación de Mariana Herrera Piñero como nueva directora del Banco Nacional de Datos Genéticos. Se trata de otro paso hacia la privatización de este organismo, que fue clave para restituir la identidad de la mayoría de los 115 nietos recuperados y de centenares de otras personas. 

 

Contra la resolución que dispone la designación de Herrera Piñero, las organizaciones que luchamos contra el desguace del BNDG denunciamos que existe una incompatibilidad de intereses:  ocurre que Herrera Piñero es titular accionaria de Genda S.A. empresa que compite en su objeto social con las labores del BNDG, y también de MYGEN S.A., sociedad destinada a la compra y venta de diversos materiales aplicados a prácticas y determinaciones biológicas. 

 

Los capitales privados, en especial los laboratorios, son los grandes beneficiarios por la restricción de competencias del banco que estableció la ley 26.548 a los delitos de lesa humanidad anteriores al 10 de diciembre de 1983. En representación de esos intereses, Herrera Piñero participó de la comisión asesora para la reglamentación de esa ley.

 

Vale resaltar que hay una demanda en curso, a fin que se suspenda el traslado del BNDG en este marco de irregularidades. También solicitamos la inconstitucionalidad de los artículos que limitaron la competencia del BNDG a los casos de lesa humanidad ocurridos hasta diciembre del ´83, despojando del derecho de recurrir al Banco a las víctimas de adopciones ilegales, bebés apropiados en las redes de trata y de personas desaparecidas en democracias. 

 

El desguace del banco se inscribe en un contexto de avances de un Estado abocado a la cooptación y malversación de la memoria, para forjar un relato acorde a sus propios intereses. 

 

El caso Luciano Arruga, enterrado como NN en el cementerio de Chacarita, no sólo reveló la complicidad de todo el entramado estatal para garantizar la impunidad de los responsables de su desaparición, sino que también puso al descubierto que, en la política oficial de derechos humanos, los desaparecidos en democracia son deliberadamente apartados de la agenda. Aunque CFK afirme que hoy "nadie puede desaparecer", los hechos revelan la existencia de más de 210 desaparecidos en democracia.