La Sala III de la Cámara de Casación Penal ratificó las sentencias dictadas por el tribunal de primera instancia contra José Pedraza y los demás condenados por el homicidio de Mariano Ferreyra y las heridas de Elsa Rodríguez. De este modo, Pedraza continuará cumpliendo la condena a 15 años de prisión ordenada por el Tribunal Oral N° 21.

Se trató de un fallo dividido, adoptado por mayoría (con los votos de los camaristas Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, y el voto en disidencia de la jueza Liliana Catucci, que pidió la absolución de Pedraza). Catucci atribuyó a Juan Carlos Fernández -mano derecha de Pedraza- el plan criminal que condujo a la muerte de Mariano, deslindando de responsabilidades al ex secretario general de la Unión Ferroviaria. En su fallo, Catucci recogió la “tesis” de que a Pedraza “no le convenía” el homicidio de Mariano.

Este fallo de la jueza es encubridor, porque soslaya las maniobras de Pedraza por asegurar su propia impunidad (coimas, sabotaje a la prueba, etc.) que en un principio creía garantizada, precisamente, por sus relaciones al más alto nivel con el poder político. Aún después del asesinato de nuestro compañero, Pedraza continuaba siendo invitado a actos oficiales. El encarcelamiento de Pedraza y su posterior condena fueron el resultado directo de la presión obrera y popular que exigió justicia por Mariano desde el mismo momento del crimen, y que no cesó hasta el juicio oral.

En su voto, Catucci recoge la existencia de un plan criminal, como demostramos en el juicio oral, pero atribuye la premeditación sólo a Juan Carlos Fernández y el resto de la patota ferroviaria, para los cuales admitió la figura de homicidio agravado y solicitó prisión perpetua.

En síntesis, los jueces que ratificaron las condenas del TOC 21 desestimaron la existencia del plan criminal. La jueza Catucci, por su parte, la cree probada, pero deslinda a Pedraza de toda responsabilidad. Ambas posturas pivotean en torno de la “fruta envenenada” que introdujo el tribunal de primera instancia en su sentencia, cuando afirmó que el crimen de Mariano era “inconveniente” para Pedraza, ya que terminaría preso. Con este argumento falaz, la Justicia canceló la posibilidad de que las investigaciones avanzaran sobre las responsabilidades políticas y empresarias.

La defensa de Pedraza adelantó que interpondrá un recurso extraordinario contra el fallo de Casación. El voto en disidencia de Catucci le otorga viabilidad a su pretensión de llegar a la Corte Suprema. Advertimos que la lucha contra la impunidad de Pedraza y una reversión de las condenas no ha culminado aún.

La Policía

En cuanto a la participación de los policías, los tres jueces coincidieron en la sentencia del Tribunal Oral N° 21 por unanimidad. Los policías Osvaldo Mansilla y Jorge Ferreyra habían sido sentenciados a diez años de prisión y el Tribunal de Alzada elevó su condena diez años y ocho meses al considerar su participación como “necesaria”. En cuanto a Luis Echeverría, Gastón Conti y el comisario Hugo Lompizano -los policías de la Dirección General de Operaciones que monitorearon el apoyo de los destacamentos de la Federal a la patota-, los camaristas mantuvieron sus condenas a dos años de cárcel por “incumplimiento de deberes de funcionario público”. Respecto del camarógrafo policial David Villalba, que deliberadamente evitó filmar el momento de la agresión, se ratificó la multa irrisoria que le impuso el TOC 21 por el delito de “omisión de deberes”. Durante el juicio oral, demostramos que el aporte de la Policía Federal fue esencial para que el plan criminal se consumara. El menoscabo de las responsabilidades de la cúpula policial (Lompizano) es un resguardo para el candidato  Aníbal Fernández, responsable político de la actuación policial en el momento de los hechos. Fernández, pocas horas después del crimen, felicitó a los efectivos por su actuación, cuando Pedraza y sus matones aún permanecían impunes.

Por último, el Tribunal de Casación confirmó las absoluciones de los ferroviarios Juan Carlos Pérez, Guillermo Uño y el subcomisario Rolando Garay.

La ratificación de las condenas de Pedraza y su patota constituye una victoria. Pero el fallo de Casación, al igual que el de primer instancia, dejó afuera a los responsables políticos del sistema de tercerizaciones que llevaron a este asesinato, como ex secretario de Transporte Juan Carlos Schiavi, y al responsable político de las fuerzas policiales, Aníbal Fernández. Asimismo, abre las puertas para que Pedraza recurra a la Corte Suprema.

Esta lucha sigue.