El intendente de la ciudad de Rafaela, Luis Alberto Castellano, que responde al Partido Justicialista, anunció hace unos días que José Caruso ocupará el cargo de asesor del área de seguridad que dejó vacante Juan José Mondino, quien renunció  luego de las Paso.

 

Mondino abandonó su cargo de la Secretaría de Seguridad como resultado de una batalla tenaz de los organismos de derechos humanos y de algunos partidos políticos, entre ellos el PO, para que sea destituido, por haber encubierto a los responsables del crimen de  Silvia Suppo cuando era Jefe de la policía de Rafaela. Silvia Suppo fue asesinada en 2010 de doce puñaladas a plena luz del día en el centro de Rafaela, tras declarar en  la causa contra el juez federal Víctor Brussa y otros represores de la última dictadura militar en su calidad de ex detenida-desaparecida, lo que asemeja su caso al de Jorge Julio López.

 

El pejotismo ha elegido para el relevo a otro probado represor. José Caruso,  quien hasta hace pocos días asesoraba a un presidente comunal de Cambiemos,  fue secretario de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Rafaela y mentor de la GUR (Guardia Urbana Rafaelina), fuerza local encargada de regimentar al pueblo rafaelino. Pero los “blasones” represivos van mucho más atrás. Caruso ocupó un alto rango en Gendarmería  cuando ocurrió la represión contra el pueblo correntino que reclamaba sobre el puente General Belgrano salarios atrasados y una serie de reivindicaciones sociales, que tuvo como saldo la muerte de dos jóvenes y decenas de heridos luego de la represión ejercida por el gobierno de la Alianza en su debut en el poder. Caruso fue investigado y juzgado por su participación en esta represión, pero terminó siendo sobreseído. Este nefasto personaje es el que el intendente ha puesto a cargo de “asesorar” a las fuerzas de seguridad de Rafaela.

 

La designación de Caruso ha coincidido con la presentación de un proyecto de ordenanza impulsado por los concejales de Cambiemos para la instalación en la Terminal de Ómnibus de una “Oficina de Denuncias e Informes”, cuya tarea consistiría en “controlar y supervisar el egreso e ingreso de las personas a la ciudad, conocer su procedencia, su destino, motivo de su visita y recibir denuncias”.  La Oficina de Denuncias e Informes (OCDI) dependerá de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (bajo la órbita de Caruso) y de la Subsecretaría de Movilidad Urbana. El proyecto también postula la colocación de cámaras de video vigilancia en “puntos estratégicos” con el objetivo de “lograr un óptimo control del lugar, las cuales formarán parte del Centro de Monitoreo de la Guardia Urbana Rafaelina”. Una medida que busca regimentar la libre circulación de personas y que de aplicarse redundará en un mayor hostigamiento sobre la juventud, los migrantes y los trabajadores de parte de las corrompidas fuerzas policiales, que amparan el delito organizado que acompaña a la ruta de la soja: narcotráfico y trata de personas, incluida la esclavitud en el campo.

 

Desde el Partido Obrero hemos iniciado una campaña  por la inmediata remoción de Caruso, y el juicio y castigo para el ex comandante de la Gendarmería. Opongamos a las medidas de reforzamiento represivo, la lucha por la defensa de las libertades democráticas, que se expresa con fuerza en estos días por la aparición con vida de Santiago Maldonado.