La represión aberrante sufrida por 60 profesionales de la salud cordobeses en la población de Taco Pozo, en el Chaco, se transformó en un nuevo escándalo nacional protagonizado por las fuerzas de “seguridad” del gobernador Zdero.

Los profesionales volvían de realizar tareas humanitarias en lugares aislados y muy marginales de la provincia cuyos habitantes están absolutamente abandonados por el Estado provincial, cuando al llegar a la mencionada localidad fueron brutalmente agredidos e incluso algunos fueron detenidos arbitrariamente. A cargo de esta acción estaba el comisario Melchiori, quien en un estado de completa ebriedad comandó este operativo junto a su patota policial.

Las denuncias y sobre todo las filmaciones de los profesionales se viralizaron de un modo enorme y pronto llegaron a los medios masivos, en particular a los diarios de Córdoba. Esto motivó la liberación de los detenidos y posteriormente la destitución de este comisario y el sumario de su tropa.

Menos reconocimiento tienen en el Chaco las poblaciones campesinas, los Qom y otras comunidades constantemente agredidas a manos de bandas de hacendados que protegidos por esa misma policía actúan con absoluta impunidad con la finalidad de apropiarse de tierras de esas comunidades.

La acción de este comisario y su patota hay que ubicarla en el contexto nacional donde el gobierno nacional y los provinciales (incluido el de Llaryora) han montado un monstruoso aparato represivo que actúa contra los reclamos populares bajo la doctrina del protocolo Bullrich y con carta blanca para ejercer la violencia más brutal, como tratan de naturalizar todos los miércoles contra las y los jubilados, periodistas y manifestantes frente al Congreso.

Esa “carta blanca” incluso a llegado a que estas “fuerzas” tiren a matar. Así sucedió el 12 de marzo con el fotógrafo Pablo Grillo y ese mismo día con el manifestante Navarro que perdió un ojo. Ambos hechos con una diferencia de solo 3 minutos, a manos de efectivos de distintas fuerzas (gendarmería y prefectura) ya identificados. Esto lo denuncia el abogado de Navarro, que afirma que “hubo una acción simultánea y coordinada que respondió a una definición política”.

Recientemente en la población de Yrigoyen en Salta, en medio de un reclamo de empleados municipales brutalmente reprimidos, uno de ellos también perdió un ojo y otro tiene también comprometida su vista. Los manifestantes denunciaron que la policía provincial tiraba a la cabeza. Y un poco antes también en Salta, en medio del “Operativo Güemes”, fue asesinado un bagayero por las fuerzas que integran ese operativo.

Ejemplos similares se extienden a todo el país. El objetivo del gobierno de Milei, que replican los gobernadores, queda muy claro: aplastar con la represión las protestas populares que enfrentan la tragedia del ajuste mileísta.

Queda en evidencia que una tarea elementalmente democrática que deberá encarar el movimiento popular que se organiza para terminar con todo esto es la de desmantelar ese monstruoso aparato represivo, junto a la imposición de todos los reclamos populares y la expulsión de este gobierno represor, hambreador y cipayo.

El cierre de listas hacia octubre

Editorial de Gabriel Solano en 14 Toneladas T2E29. -

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