Hace tres años, Santiago Maldonado participaba de un corte en la Ruta 40 de la comunidad mapuche de la Pu Lof Cushamen, Chubut, que reclamaba por sus tierras. Esta acción fue repelida brutalmente por la Gendarmería Nacional, que a sangre y fuego persiguió a los compañeros y se introdujo en el territorio de la comunidad. Allí fue visto Santiago por última vez, escapando de las balas de la Gendarmería asesina.

La represión del 1 de agosto de 2017 se realizó bajo las directivas del gobierno nacional de Mauricio Macri y en connivencia con los gobernadores de la Patagonia. Respondía a un problema estratégico para el gobierno argentino y el chileno: combatir la llamada “problemática mapuche”, que afecta a la “seguridad jurídica” de los pulpos mineros, petroleros y gasíferos que explotan la zona a ambos lados de la cordillera. La especulación inmobiliaria también debía ser preservada del fantasma mapuche: recordemos que el magnate Benetton ocupa tierras ancestrales mapuches.

La represión encarada por la Gendarmería Nacional contó con la presencia en el lugar del entonces jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, mano derecha de la ministra Patricia Bullrich. Dos días antes de ese corte de ruta, Noceti se había reunido con los jefes de las fuerzas de seguridad de Neuquén, Río Negro y Chubut. El mismo día que desapareció Santiago, declaró ante radios de la zona que en esa reunión coordinaron la estrategia represiva frente a las protestas mapuches en tres provincias.

Desde el minuto cero, la causa fue empantanada y el foco de investigación desviado. La Gendarmería contó el tiempo necesario para lavar las camionetas y ocultar toda información. Incluso negaron que Santiago estuviera en el lugar de los hechos, pero ello fue corroborado posteriormente por imágenes. Llamativamente, ninguno de los teléfonos celulares secuestrados a los gendarmes tenía su memoria SIM ni Whastapp.

77 días después de su desaparición, el cuerpo de Santiago fue hallado en el Río Chubut a escasos metros de donde se produjo la represión, en un sitio que había sido rastrillado tres veces. En medio de todo ese marco de sospecha, la lucha de la familia de Maldonado no cesó, y tuvo que soportar la filtración de una foto del cuerpo de Santiago por parte del médico policial.

Apenas realizada la autopsia y sin tener los resultados finales, el juez federal Gustavo Lleral, apresurado frente a la proximidad de las elecciones legislativas de octubre de 2017, declaró que Santiago no había sido asesinado sino que murió ahogado. Con ello se intentó dar vuelta la página e instalar una versión sin ningún tipo de injerencia de las fuerzas represivas. Poco tiempo después, siguiendo su política  de encubrimiento, cerraría la causa y liberaría de culpa y cargo al gendarme Emmanuel Echazú, que era el principal imputado.

Esto fue apelado por las querellas. La querella de la Asociación de ExDetenidos Desaparecidos, representada por Apel (Asociación de Profesionales en Lucha), viajó a Comodoro Rivadavia y exigió en la audiencia que no se cierre la causa y que no se descarte la hipótesis de desaparición forzada seguida de muerte. Demostró también que las pruebas periciales de la autopsia no eran concluyentes y que ameritaban ampliarse. Asimismo reclamó al fiscal de la causa, que apoyaba el cierre de la misma, que cumpla con su deber de investigar. Finalmente, la Cámara de Apelaciones revocó la sentencia de Lleral y ordenó continuar con la causa, aunque descreía de la hipótesis de desaparición forzada, por el hermano Sergio Maldonado recurrió en Casación con el acompañamiento de las querellas.

Una nueva etapa del encubrimiento fue el apartamiento del juez Lleral, lo que fue rechazado por la Cámara a pesar que fuera recusado por la familia de Santiago por su parcialidad en la investigación. Lleral, vino a continuar con la política llevada adelante por el primer juez interviniente, Guido Otranto.

Además del derrotero de la causa penal, que a tres años de la desaparición de Santiago no tiene ninguna pista ni un solo imputado, el entonces gobierno nacional, principalmente con la ministra Patricia Bullrich, jugó un papel destacado de maniobras y ocultamiento.

Desde el primer minuto, Patricia Bullrich respaldó el accionar de la Gendarmería, que no contaba siquiera con una orden judicial. El gobierno de Macri en su conjunto amparó el accionar represivo, montando una campaña mediática de desprestigio contra el propio Santiago, su familia y los organismos de derechos humanos. Se sembraron entonces fake news sobre donde se encontraba Santiago para distraer y confundir. Meses después, otro operativo represivo contra la comunidad mapuche asesinaba por la espalda a Rafael Nahuel.

La desaparición de Santiago movilizó a miles de personas en todo el país y también en el exterior, pidiendo la aparición con vida y denunciando a la Gendarmería asesina. La movilización popular fue intensa y se manifestó contra la política militarista y la defensa de las Fuerzas Armadas del gobierno nacional.

Hoy, a tres años de la desaparición de Santiago Maldonado, buscamos a Facundo Astudillo Castro, que está desaparecido desde hace tres meses y fue visto por última vez en un retén de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Esto refleja una política de Estado que repite las peores herencias de los genocidas.

El Estado y el gobierno son responsables. Castigo a los culpables. ¡Justicia por Santiago Maldonado!

 

 

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