Libertades democráticas
6/8/2024
Suicidios, torturas y condiciones inhumanas: ¿dónde quiere apresar Bullrich a los adolescentes?
El régimen penal juvenil y la intención de bajar la edad de punibilidad a 13 años.
Seguir
Centros Cerrados.
El gobierno impulsa un nuevo régimen penal juvenil donde la edad de punibilidad descienda a los 13 años y se endurezcan las penas. Ahora bien, en lugar de estar discutiendo el encarcelamiento a edades cada vez más tempranas, deberíamos ver cómo reemplazar los dispositivos de encierro que existen hoy en día por otros mecanismos que realmente sirvan para reinsertar a esos jóvenes en la sociedad.
Según los últimos datos de la Secretaría de Niñez, el 20% de los adolescentes que están dentro del sistema penal juvenil se halla cumpliendo su pena en centros de privación o restricción de la libertad. Se trata de un porcentaje alto, teniendo en cuenta que la Convención sobre los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (que tiene rango constitucional en nuestro país) dice que el confinamiento es una medida judicial que debería aplicarse solo en casos excepcionales.
Lo cierto es que el encierro, lejos de solucionar, agrava el problema del delito. El maltrato, las malas condiciones habitacionales y la escasez de espacios de recreación son moneda corriente en estos dispositivos penales, convirtiéndose en lugares donde los menores cultivan aún más el resentimiento y se exacerba la sensación de injusticia; sentimientos que, muchas veces, llevan a la reincidencia.
Sobran ejemplos que dan cuenta de esta realidad. Recién a fines de abril de 2023 el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), a cargo de Germán Urman, se dispuso a clausurar el Centro cerrado de Pablo Nogués (ubicado en el distrito bonaerense de Malvinas Argentinas), luego de 14 años de denuncias por parte de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sobre violaciones a los derechos humanos de los jóvenes alojados allí y precarización laboral de los operadores. La OPNyA desoyó continuamente los reclamos de los pibes, quienes exigían cuestiones elementales como respetar el horario completo de las visitas, pintura para las celdas, menos encierro y más talleres, artículos de limpieza e higiene personal, mejorar la atención de salud y la posibilidad de usar visera. Las malas condiciones de detención produjeron tres fallecimientos de menores en ese lugar: dos suicidios por ahorcamiento y otro por un incendio iniciado en su celda a modo de protesta.
Por otra parte, en junio 2023 el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del departamento judicial de La Plata presentó un habeas corpus donde denunciaba que los menores alojados en el Instituto Almafuerte (centro de privación de la libertad ubicado en la capital bonaerense) reciben la mitad de la ración diaria de comida y muchas veces deben consumirlas frías. A su vez, la presentación judicial pidió un informe acerca de la implementación de talleres en dicha institución y cantidad de tiempo al aire libre.
Recordemos que allí, en el año 2020, se suicidó un chico de 17 años que estaba atravesando un cuadro de depresión ante la imposibilidad de recibir visitas durante la pandemia de coronavirus. El director del penal, Juan Serrano, fue acusado de haberlo inducido al suicidio, ya que el día anterior había ordenado que los custodios le dieran una golpiza por desacatar la orden de regresar a su celda para quedarse chateando por Facebook con su familia; ese día, además, no le dieron de cenar. Serrano, luego devenido en director de Institutos Penales de la provincia de Buenos Aires, también fue denunciado por acoso sexual a una ex empleada de ese centro.
La CPM ya en 2012 había denunciado a las autoridades del Instituto Almafuerte tras constatar que al menos cuatro menores recibieron golpes con matafuegos, palos y patadas por parte del personal de seguridad. Y, posteriormente, se les fue negada la asistencia médica. Asimismo, verificaron otras irregularidades, como que las requisas consistían en desnudo total y no había salida de emergencia.
Otros Centros Cerrados de La Plata también se encuentran en pésimas condiciones. A marzo de este año, el Eva Perón tenía un solo baño para 26 menores detenidos, y, en el C.O.P.A., contaban con una sola ducha para 23 chicos. En el instituto Gambier una nutricionista denunció la mala calidad nutricional de las viandas y falta de higiene en la manipulación de los alimentos.
En mayo de 2023, los adolescentes que cumplían condena en el instituto de menores de Lomas de Zamora se organizaron y tomaron uno de los pabellones, en reclamo de menos tiempo de encierro en las celdas, acceso a visitas íntimas, permiso para usar celulares y mejoras en la comida. A su vez, los operadores denunciaban a la OPNyA por sueldos adeudados y despidos sin indemnización.
También reclamaban “que la cena sea fuera de las celdas en otra celda más grande que se usa de comedor en lugar de hacerlo aislados en cada celda, poder usar gorras durante las visitas y que les permitan sacarse fotos con sus familias, la entrega de ropa de abrigo y que les den elementos de limpieza una vez por semana” (Andar Agencia, mayo 2023).
Es el mismo centro que, en 2013, debió cerrar dos de sus módulos por graves problemas edilicios (filtraciones, falta de ventilación, calefacción y matafuegos, sistema cloacal excedido, etc.). Además, la CPM había denunciado abusos de autoridad por parte del personal a cargo (sanciones discrecionales, requisas vejatorias, amenazas), encierro prolongado y ausencia de talleres.
A tal punto llega el desfinanciamiento estatal al régimen penal juvenil, que el Centro Cerrado de Batán, radicado en Mar del Plata, no cuenta siquiera con un equipo psicólogos y psiquiatras en el establecimiento. Esto, cuando la atención en salud mental es sumamente necesaria para bridarle contención a los menores en situación de encierro.
En el Centro Cerrado de Virrey del Pino, partido de La Matanza, se registraron represión y torturas a manos del Servicio Penitenciario Bonaerense, sobrepoblación, encierro de hasta 18 horas diarias, reducción temporal en los espacios de recreación, pocos talleres disponibles, escasez de personal y cierre del centro educativo donde se dictaban cursos de formación profesional. En 2008 se suicidaron allí dos jóvenes y, en 2017, murió Federico Zalazar tras recibir tres puñaladas por parte de un grupo de agresores.
A pesar de las constantes denuncias, en los centros del sistema penal juvenil de la provincia de Buenos Aires se continúa vulnerando la integridad física y mental de los adolescentes. El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, son responsables de que perpetúen estos atropellos. Como vemos, no hay grieta entre el gobierno nacional y el provincial a la hora de considerar a los jóvenes que delinquen como un “descarte” que no merece recibir un trato digno.
En el resto de las provincias sucede lo mismo, sin distinción del signo político que gobierne. En CABA, por ejemplo, un médico del Instituto Agote denunció el año pasado que el personal de vigilancia ejercía maltratos, golpes y quemaduras de cigarrillo contra los adolescentes que cumplían condena en el establecimiento. Hechos que fueron encubiertos por la directora de la institución, Mónica Yurich. Sin embargo, los agresores fueron trasladados a otros centros y no recibieron castigo alguno. También trascendieron denuncias por maltratos en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) y en el Centro de Régimen Cerrado Gral. San Martín.
En 2014, salió a luz que los guardias del Complejo Esperanza, ubicado en la provincia de Córdoba, habían atacado con golpes y balas de goma a los menores allí alojados. El centro ya contaba con varias denuncias en su haber, por problemas de infraestructura, mala alimentación y hacinamiento.
Ahora, Patricia Bullrich y compañía pretenden someter a los chicos de trece años -que están en plena formación de su identidad- a esas condiciones inhumanas, en lugar de abordar seriamente los múltiples factores que conducen al robo callejero. No solo se trata de una medida cruel, sino que además refuerza el delito en vez de atenuarlo, dado que el confinamiento acentúa la exclusión de los jóvenes del mercado laboral.
Lo cierto es que al gobierno no le interesa combatir la inseguridad, solo busca hacer demagogia con el tema y habilitar una escalada represiva para aplicar sus políticas de hambre. Basta de estigmatizar a los pibes de los barrios y usarlos como chivo expiatorio al servicio de sus planes reaccionarios.
