Eugenio Burzaco, el nuevo ministro de Seguridad porteño, asumió pidiendo “una ley que regule el derecho a manifestarse” y que, para contrarrestar los piquetes, son necesarias “multas muy grandes” y “penas de prisión” para los organizadores de las marchas. En un contexto de acuciante crisis social, donde las manifestaciones sociales se tornan cada vez más recurrentes, el gobierno solo atina a amedrentar a los que luchan contra las políticas oficiales de hambre y miseria para hacer pasar el ajuste que exige FMI.

El ministro también aseguró: “En Mendoza cayó notablemente el nivel de piquetes y cortes porque pusieron leyes más contundentes, claras y duras”. Sin embargo, el escándalo que generó el avasallamiento a las libertades democráticas y a las garantías constitucionales con la detención de los compañeros del Polo Obrero en Mendoza fue tal que tuvieron que liberarlos. Incluso, lejos de terminar con las movilizaciones, el hecho generó un piquetazo nacional. Si el ministro quiere terminar con los piquetes debería atender los reclamos de trabajo genuino y asistencia alimentaria para los comedores.

Además Burzaco afirmó que “hay un negocio del piquete”, pero hace dos semanas las calles del AMBA se encontraban repletas de cortes de calles por parte de los vecinos de distintos barrios contra los cortes de luz, cuya mayor expresión fue la concentración en las puertas de las oficinas de Edesur. El gobierno de la ciudad quiere sacar a los manifestantes de las calles pero no puede garantizar los servicios básicos elementales como la luz y el agua, lo que favorece el deterioro de las condiciones de vida de la población, y encima los trata de tránsfugas por protestar.

Y agregó: “La Ciudad no tiene una ley que regule el derecho a manifestarse. Casi todos los países del mundo y ciudades serias han ido regulando esto, para que tu derecho a manifestarte no afecte el derecho de los demás”. Quedó claro que proponer terminar con los piquetes a la fuerza es una estafa. Pero además no sabemos de qué países habla el ministro, siendo que en Francia se está llevando adelante una ola de huelgas y movilizaciones contra el gobierno ajustador de Emmanuel Macron que quiere extender la edad jubilatoria. Los manifestantes se enfrentan con la represión brutal de la policía y las calles de París son un polvorín.

Estas declaraciones están emparentadas con las de Milei y Espert, quienes piden cárcel o bala para quienes se manifiestan, pero todas se montan sobre los discursos oficiales que atacan a quienes luchan contra el ajuste, allanando el camino para las “peticiones aleccionadoras”, y la política de criminalización de la protesta social que esgrime el conjunto del arco político, como lo hicieron con Cesar Arakaki y Daniel Ruiz, Sebastian Copello en Jujuy y Martín y Lorena en Mendoza. En tanto, funcionarios oficialistas como el represor de Berni piden copiar el “modelo Bukele” y César Milani exige la reforma de las garantías constitucionales para avanzar contra las libertades democráticas.

Todos los políticos capitalistas piden mayores penas y represión social, lo que desnuda la incapacidad por resolver los reclamos sociales. Reforcemos la lucha contra el ajuste, por nuestras condiciones de vida y en defensa de nuestra clase social, única salida real a los problemas sociales del país.

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