El gobierno nacional instruyó al Enre a que realice una presentación penal contra la concesionaria de parte del servicio de distribución eléctrica del Amba, Edesur, y que eleve un informe al Congreso para que “aconseje” respecto a la continuidad o no de la concesión. Esto ocurren medio de una bronca popular y diversos cortes de calle ante los reiterados y extensos cortes de luz, cuya mayor expresión fue la concentración en las puertas de las oficinas de la empresa. El gobierno cubre la retirada de Enel al frente de Edesur para rescatar el régimen de privatización que condujo al vaciamiento y colapso del sistema eléctrico.

Lo hizo a través de la Secretaría de Energía, a cargo de Flavia Royón, sumando un nuevo capítulo a las historia sin fin de este y los gobiernos anteriores, que intervienen en el salvataje de las concesiones privadas del servicio de distribución eléctrica.

Resulta que los cortes de luz vienen siendo una constante, afectando a decenas de miles de usuarios, debido a la falta de inversiones en la manutención, mejora y ampliación de la infraestructura eléctrica, la cual colapsa con cada ola de calor y/o demanda  alta.

El gobierno prepara “nuevos” informes y presentaciones inocuas cuando la relación se encuentra totalmente agotada, e incluso la empresa titular de Edesur –la italiana Enel- viene manifestando la intención de vender su participación mayoritaria en Edesur. Se abstienen de avanzar en la nacionalización del servicio porque priorizan rescatar el régimen de concesiones privadas, ubicándose como intermediarios en dicha transición.

Tanto el Enre, que cuenta con poder de auditoría e intervención, como el gobierno son responsables del vaciamiento del servicio de distribución eléctrica, permitiendo la desinversión, la falta de mantenimiento, la precarización y reducción de los equipos de trabajo y todo lo necesario para llegar a la situación actual.

Por ejemplo, el gobierno es cómplice directo de la precarización y tercerización laboral con la cual la empresa Edesur organiza las cuadrillas de trabajadores. Esto quedó de manifiesto en diversas ocasiones y más recientemente en el conflicto de los trabajadores de la tercerizada EMA, donde el Ministerio de Trabajo intervino respaldado la posición patronal y dejando pasar los despidos.

Además, a pesar de los incumplimientos sistemáticos, el Estado viene de condonarle parte de una deuda millonaria que mantienen Edesur y Edenor con la proveedora de electricidad Cammesa, que para el caso de Edesur significó un “alivio” de $47.225 millones a cambio de… más cortes.

La diputada nacional y precandidata a vicepresidenta por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Romina Del Plá, denunció que el Estado debería estar aplicando las sanciones e interviniendo la empresa, y no “pedir informes”. “Nosotros planteamos  que hay que estatizar Edenor y Edesur bajo control de los trabajadores”, sentenció Del Plá.

El Frente de Izquierda viene de presentar un proyecto de expropiación del transporte y la distribución eléctrica sin pago, hace tan solo un mes, donde se plantea una reconstrucción del servicio, el reconocimiento de todos los trabajadores precarizados y el control obrero de toda la cadena.

Contra la política privatista del gobierno que expone a los trabajadores a cortes de luz, agua y el deterioro de sus condiciones de vida, es necesario expulsar a las empresas privadas, anulando las concesiones, y nacionalizar sin pago el sector, bajo control de los trabajadores.

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