En un contexto de ajuste fiscal, donde el hambre y la pobreza se ciernen sobre la mayor parte de la población, la tercera revisión del FMI exige que el gobierno continúe con el recorte en asistencia social durante el 2023, incluso a pesar de que Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social, ya haya dado de baja 160 mil planes Potenciar Trabajo.

El Presupuesto para el Potenciar Trabajo, de 2022 a 2023, ya fue licuado por la inflación del año pasado. En 2022 alcanzó los $322.609 millones mientras que para este año se actualizó a $590.981 millones, es decir un aumento del 83% que quedó por debajo 94,8% de inflación con el que culminó el año pasado. A esto se agregan los graves problemas con la entrega de alimentos a los comedores populares, las interminables demoras en la entrega de herramientas a los emprendimientos productivos y las bajas naturales del programa Potenciar Trabajo, el más importante del Ministerio, que son por fallecimiento, por jubilaciones y otras causas y que no son reemplazadas.

Sin embargo, el organismo reclama un mayor recorte para que el gasto social sea “focalizado” y agrega que “ya se han eliminado más de 20.000 beneficiarios no elegibles, y se esperan más reducciones durante el transcurso del próximo año”, lo que quiere decir que el ajuste salvaje que el gobierno está llevando adelante contra los sectores más vulnerados se recrudecerá a lo largo del 2023.

Por otra parte, los planes para seguir limitando el Potenciar Trabajo abarca a aquellos que reciben otras transferencias del gobierno para “alentar el reingreso al mercado laboral formal”. Buena parte del ahorro en gasto social será utilizado para promover el programa “Puente al Empleo”, que transfiere el subsidio del plan social a las patronales, por medio de la cobertura parcial de los salarios, más una bonificación del 100% en los aportes patronales, como estímulo adicional para los capitalistas para que éstos contraten empleados. Es decir, le sacan lo que probablemente sea el ingreso más importante de las familias pobres para cubrir la demanda de mano de obra barata y temporaria de las patronales.

Asimismo, el FMI también busca avanzar aún más contra las jubilaciones: “Los primeros diagnósticos se han centrado estrechamente en identificar la fragmentación del sistema, en particular la relativa generosidad de los múltiples regímenes especiales para diferentes ocupaciones, aunque la elaboración de propuestas de reforma específicas solo será plausible después de las elecciones”, evaluó el organismo en el último informe técnico. La próxima revisión de las jubilaciones comenzará en febrero.

Queda claro que el objetivo del capital financiero, del gobierno y de los capitalistas es que el ajuste fiscal siga recayendo sobre los ingresos de la población trabajadora, incluso sobre los sectores más golpeados por la situación de crisis actual como son los desocupados y los jubilados. En tanto, se le otorgan prebendas cambiarias e impositivas a las petroleras, a las energéticas y a las grandes multinacionales, y a los especuladores se les ofrece reaseguros contra la inflación y la devaluación.

El peronismo fracasó en responder a las necesidades populares, al contrario, se ha convertido en el mejor alumno del FMI. Superarlo implica la construcción de un nuevo movimiento popular, que supere a todos los políticos capitalistas y que enarbole las banderas del socialismo, las de su propia clase.