El Fiscal Guillermo González Sacco imputó por el delito de usurpación a 47 familias en Viedma, que protagonizaron el 2 de enero pasado una toma de terrenos lindante a la ex cancha del club Fátima. La tierra en cuestión está ubicada 

a la vera de la ruta provincial N°1, lindante a un foco de acopio de residuos ( otro basural), el barrio Alvarez Guerrero (ex Loteo Silva) y el predio de la U12 del Servicio Penitenciario Federal.

El carácter ocioso de la tierra en la capital provincial, gobernada por el radical PRO José Luis Foulkes, o en otras partes de la provincia (en San Antonio Oeste se remataban tierras fiscales para emprendimientos) contrasta con una necesidad insatisfecha y básica del pueblo trabajador en toda la provincia.

Se calcula que debería haber un plan de alrededor de 50 mil casas para paliar la demanda habitacional en la provincia. Viedma tiene una población de 75000 habitantes y los planes habitacionales, el ultimo tan solo de 78 viviendas y que llevo más de 10 años terminarlo, no son suficientes. Vale señalar que este plan, denominado "Techo Digno" y presentado por Cristina Kirchner y Pichetto estuvo atravesado por fuertes sospechas de corrupción y desvíos de fondos. De hecho la justicia federal tiene iniciada causas sobre varios jefes comunales. Otro dato revelador sobre estos planes es que Weretilneck salió a tapar estos chanchullos, pasando este plan federal (Techo Digno) a la órbita del IPPV (Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda en Río Negro), como paso en Regina, Godoy, o la misma Viedma. Sea como fuese, una última encuesta sobre pobreza arrojó un dato alarmante en la localidad, pero que bien sirve para entender uno de los motivos de la ocupación. El 30% de los que viven en la comarca Viedma-Patagones está por debajo de la línea de la pobreza . A esto debe sumarse que la inflación y los tarifazos alejan aún más el sueño de la casa propia.

La justicia informó que por el momento no existen órdenes de desalojar a las familias, anunciando un pre acuerdo entre la Fiscalía y los abogados querellantes.

La noticia del procesamiento llega en un momento donde las tomas proliferan, como ha ocurrido en General Roca o Cipolletti, Pero donde además la políticas represivas se profundizan. Este procesamiento se condice con la política represiva del gobierno de Cambiemos y los gobernadores, apuntada a criminalizar la protesta o a quienes se organizan por sus derechos.

Basta de la criminalización de los que luchan. Desprocesamiento y otorgamiento de las tierras a cada una de las familias. 

Abajo el régimen entreguista de Macri, Weretilnek y el FMI.