Los gobernadores del ajuste quieren criminalizar la protesta social

Se profundiza la criminalización de la protesta del movimiento obrero. El pasado 31 de marzo, el juez Juan Manuel López dictó su habeas corpus colectivo contra las movilizaciones populares en el centro de la ciudad de Córdoba. La criminalización de la protesta dio un salto en la provincia. Esto es parte de una carrera derechista de los bloques políticos capitalistas.

Mientras, en la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, integrante del actual bloque oficialista y candidato (nuevamente) a gobernador, osó alardear en las redes sociales de que en su provincia se respetaba "la ley" y que allí no había protestas piqueteras, en medio de una jornada nacional de la Unidad Piquetera donde el Polo Obrero mendocino protagonizó una acción de lucha completando el mapa nacional.

En esa misma jornada del 5 de abril, en Córdoba, el fiscal De Aragón anunció que imputaría a seis referentes por participar de la protesta. Se trata de una medida que sostiene como eje del orden a una policía descompuesta y autora de casos de gatillo fácil, narcotráfico, femicidios, robos y demás crímenes.

Este miércoles 12 se dio a conocer la imputación, por parte de la Fiscalía de Distrito 4 Turno 1, al dirigente provincial Emanuel Berardo; al secretario general de la Central y de ATE Córdoba, Federico Giuliani, y a la dirigente Marisa Caridi, de la organización Libres del Sur. Hay que destacar que en la citación a los imputados, la carátula de la causa es de “Actuaciones labradas”. Es decir que todavía no existe claridad por parte de la fiscalía de cuál sería el delito del Código Penal que le atribuirían a los dirigentes sociales.

El régimen social y sus gobiernos ponen los recursos judiciales para condenar luchadores ¡y hasta para espiarlos!, como se reveló en Mendoza, mediante un medio de comunicación -Diario Mendoza Today-, que publicó que en la visita que realizó el compañero Eduardo Belliboni en la provincia, se le hicieron tareas de espionaje a mediados de marzo cuando participaba del reclamo por la libertad de Martín Rodríguez y Lorena Torres, ordenadas por dos funcionarios del Ministerio de Seguridad y de la Dirección de Investigaciones de dicha provincia.

Está claro que las armas de la clase capitalista son las campañas de odio y discriminación en los medios, la represión y la persecución política de los dirigentes sociales. Por otro lado, el movimiento piquetero está hoy a la vanguardia de la lucha por los derechos de la clase trabajadora, de los sectores medios cada vez más empobrecidos, por paritarias por arriba de la inflación, por aumento de presupuesto en salud y educación, por infraestructura en los barrios, escuelas y hospitales, por alimento, trabajo y vivienda.

Luchar contra el hambre no es delito. ¡Fuera los políticos capitalistas!

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