La nutrida movilización de las organizaciones sociales oficialistas, nucleadas en la Utep (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), del pasado sábado 7, ha dejado al descubierto dos cuestiones fundamentales: el crecimiento de la pobreza y de los sectores empujados a la precarización laboral y la marginalidad, y las tensiones al interior del gobierno del Frente de Todos.

La Utep está compuesta por diversas organizaciones sociales (Movimiento Evita, CCC, Somos Barrios de Pie, etc.) que se encuentran integradas al Estado por medio de diversos cargos en secretarías y ministerios de este gobierno y en algunas bancas parlamentarias, a las que han accedido por medio de las listas del Frente de Todos.

La movilización de este sábado 7 es la “típica” peregrinación de estas organizaciones desde la Iglesia de San Cayetano (Liniers) hasta Plaza de Mayo, comenzada en 2016 bajo el macrismo –como una forma de ejercer presión sin un plan de lucha-, con las consignas de “Tierra, Techo y Trabajo”. Pasados cinco años, los reclamos siguen intactos, lo que da cuenta de una continuidad ajustadora.

Sigue el ajuste

La magnitud de la movilización debe ser señalada como un indicador contradictorio: se trata del desarrollo de un sector social que expresa el agravamiento de la crisis económica, el desempleo y el crecimiento de la miseria social.

Los dirigentes del Triunvirato Cayetano se ufanan de “representar” a unos 6 millones de trabajadores de la “economía popular”: un eufemismo que engloba a beneficiarios de programas sociales, cartoneros, trabajadores informales y cooperativistas. Bajo este gobierno, el Potenciar Trabajo ascendió de 560 mil beneficiarios en abril a casi un millón en la actualidad, todos con ingresos de hambre por debajo del nivel de indigencia.

La marcha de San Cayetano es para apoyar al gobierno que quitó la IFE, ajusta a los trabajadores y jubilados y agravó la pobreza y la indigencia. Carece de todo sentido progresivo.

— Gabriel Solano (@Solanopo) August 7, 2021

Con un discurso dirigido contra el macrismo y con “reclamos positivos”, los Cayetanos encubren una pobreza que ronda el 45%, con unos 3 millones de nuevos pobres; siete de cada diez niños en la pobreza y más de cinco millones de personas en la indigencia.

Respecto al techo y a la tierra tampoco hay mucho que reivindicar. Este es el gobierno de la represión de Guernica y de decenas de ocupaciones de tierras en todo el país. A la fecha, no existe ningún plan universal de acceso a la tierra para las familias pobres, ni crédito hipotecario a tasas cero para la construcción o adquisición de viviendas.

El gobierno incluso incumple el compromiso de urbanizar 400 barrios populares por año, de los 4.000 registrados –ya son muchos más. El Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares), a cargo de Fernanda Miño (del bando de Juan Grabois), solo ha proyectado la mitad de la obra de urbanización comprometida por el gobierno.

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Los pies en el plato

Las organizaciones de la Utep pretenden solucionar el retroceso social de este gobierno con una Ley de Salario Básico Universal, con un piso igual a la Canasta Alimentaria de indigencia y acceso al crédito no bancario para la “economía popular”.

Lo paradójico es que este proyecto de formalización de la precarización y pobreza de millones de trabajadores tampoco tendría impulso en las listas y candidaturas del Frente de Todos, donde la Utep fue relegada a… la marginalidad.

Daniel Menéndez, dirigente de Somos y funcionario de Desarrollo Social va decimosexto en la lista, con pocas chances de ingresar. Además, el gobierno le bajó el pulgar a la “lista social” que pretendía competirle a Espinoza en La Matanza e hizo lo mismo en la mayoría de las intendencias y provincias.

Por último, el gobierno designó en el lugar del retirado Daniel Arroyo a un hombre de los intendentes del PJ bonaerense, Juan Zabaleta –actual intendente de Hurlingham-, lo que inquieta a los Cayetanos y restringe su lugar en el reparto de importante cartera de Desarrollo Social. La intransigencia de los Zabaleta podría terminar saliéndole caro al gobierno, cómo se vio en la reciente represión de Martín Insaurralde a las organizaciones piqueteras de Lomas de Zamora que reclamaban por alimentos y trabajo.

Aun así, las organizaciones de la Utep mantienen los pies en el plato y han recibido a cambio el “premio consuelo” del reconocimiento de la Personería Social y del estatuto presentado hace algunos meses, lo cual los pone en carrera en su objetivo de cristalizar una estructura que les permita negociar su ingreso en la CGT –más rosca- y regularizar los fondos de los aportes de sus afiliados. Aunque al costo de la degradación social de millones de trabajadores y de la subordinación directa al Estado.

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Contención y crisis

Estas organizaciones sociales, enroladas en la Utep, son conscientes del rol que juegan para el gobierno y las fuerzas patronales en la contención social. Grabois lo dejó en claro al señalar que “la paz social está en peligro” y que no escuchar las protestas sumará “sufrimiento, violencia y conflictividad en el país”: una amenaza solapada al interior del propio gobierno y a la disputa por espacios.

La movilización del sábado también sumó su poroto en esa dirección: una demostración de fuerza de la capacidad de movilización de un sector que ha salido perdidoso en el reparto de candidaturas y que espera algún tipo de “compensación”.

La acción en sí no abrió ningún canal de lucha por los reclamos planteados (“positivamente”), ni ninguna expresión concreta contra el FMI, el capital financiero y los acreedores privados que digitan la agenda política del gobierno nacional.

Ese canal se expresa solamente través de las organizaciones piqueteras, las cuales recientemente protagonizaron un acampe frente al Ministerio de Educación y que preparan nuevas acciones ante la insuficiencia de los paliativos sociales y económicos de este gobierno y el horizonte fijado en el pacto con el FMI y los ajustadores.

Las organizaciones de la Unidad Piquetera, con el Polo Obrero, son las que luchan por la universalización y aumento por arriba de la canasta básica del seguro al desocupado, sin contraprestación ni punteros, trabajo genuino, obras públicas, tierra y vivienda.

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