El 23 de septiembre es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de personas -un negocio millonario que reposa en la reducción de millones de personas en todo el mundo a la categoría de una mercancía, susceptibles de ser “compradas y vendidas” para la esclavización sexual y laboral.

Según la OIT, la trata afecta a 24,9 millones de personas, de las cuales el 62% son mujeres y el 17% niñxs. Entre ellas, 4,8 millones son víctimas de explotación sexual, y de ese total el 99% corresponde a mujeres y niñas. En América Latina y el Caribe se calcula que hay más de 5 millones de personas sometidas a regímenes de esclavitud. Estas estadísticas, no obstante, son siempre parciales –debido al carácter clandestino y de amparo, promoción y encubrimiento por parte de los Estados de un negocio que se estima que moviliza alrededor de 40 mil millones de dólares por año.

Argentina: de la ley Palacios a la ley k de Aníbal Fernández

La fecha del 23S remite a la sanción de la ley 9.143 en nuestro país en el año 1913, conocida como “Ley Palacios” (en alusión al diputado del Partido Socialista que la impulsó) y que fue pionera en la región en la protección de las víctimas de la explotación sexual y penalización de sus responsables. Luego de eso, se dictó en 1937 la llamada “Ley de Profilaxis”, que prohíbe los prostíbulos, y castiga a quienes lo promueven “la prostitución ajena” y que tristemente nunca se implementó en nuestro país.

En 2008 se dictaminó la Ley 26.364 contra la trata promovida por Aníbal Fernández, aprobada por unanimidad en la cámara de senadores (el peronismo/kirchnerismo, la Coalición Cívica, el PRO, la UCR, y el PS -que abandonó hace décadas los postulados de Palacios). Dicha ley fue un paraguas de protección al negocio, como lo prueba que desde su sanción no se desmanteló una sola red de trata en nuestro país. Ningún gobierno ha tomado medidas para seguir la ruta del dinero -que alimenta el circuito financiero legal e ilegal, financia emprendimientos turísticos y hoteleros, nutre la ruta de la soja y el petróleo, entre otros.

Huelga decir que el abolicionismo figura en nuestra Constitución Nacional desde 1853. Pero no hay herramienta jurídica que valga cuando todo el régimen está comprometido con el negocio.

No hay combate a la trata con los Manzur y Aníbal Fernández

El “Comité Ejecutivo para la lucha contra la trata…”, coordinado por Gustavo Vera, queda hoy bajo el comando de Juan Manzur: jefe político de la Tucumán de la desaparición de Marita Verón y la más escandalosa protección e impunidad para las mafias de la trata. Entre los ministros que lo integran está también Aníbal Fernández -hombre de la maldita policía que vive de las cajas negras del narco y la trata. Las figuras estrella del nuevo gabinete son sencillamente una afrenta para quienes luchan contra la aberración del secuestro de pibas –una de las caras más aberrantes de la violencia que sufrimos las mujeres.

Actualmente está vigente el “Plan Nacional contra la Trata y Explotación de Personas 2020-2022”, que reedita los fracasos anteriores en materia de reducción de este delito. El primer programa de este tipo fue elaborado bajo el macrismo (2016-2018), y ya vamos por el tercero sin grandes modificaciones. Sí se multiplicaron oficinas burocráticas y cargos en los distintos ministerios: creación de múltiples instancias de “coordinación ministeriales”, “capacitaciones”, cambio de nombre y “jerarquía institucional” de los organismos creados –a eso se reduce buena parte de las “acciones” impulsadas… lógico que sin mayores beneficios para quienes sufren este flagelo.

En julio anunciaron un nuevo programa de asistencia a las víctimas “en el marco del Plan Bienal 2020/2022” -auspiciado desde casa rosada por el desplazado Santiago Cafiero. Allí informaron que desde la pandemia se recibieron 1020 denuncias por trata y explotación de personas, que motivaron 340 intervenciones del Estado, donde se rescató a 200 víctimas (67% de trata laboral y 30% de trata sexual). No hay información, sin embargo, de cierre de prostíbulos o lugares clandestinos donde se explota sexualmente a mujeres y niños, ni de talleres o granjas clandestinas que reposan sobre el trabajo esclavo en la ciudad y en el campo.

Sobre lo que ocurre con “las personas rescatadas”, todo se limitó a un reivindicación del Plan Acompañar del ministerio de Gómez Alcorta (un subsidio por 6 meses equivalente al miserable salario mínimo –cuya implementación es a cuenta gotas) y el anunció de medidas tales como la inclusión de las víctimas de trata en el Programa Potenciar Trabajo ¡que incorpora personas con el 50% del salario mínimo! Junto con ello, facilidades de crédito para vivienda –medidas que ni siquiera pueden ser un paliativo para personas que necesitan urgente trabajo genuino y un techo para vivir. No hay ninguna protección desde el Estado que evite que quienes fueron “rescatadas”, no vuelvan a caer como rehenes de las redes.

Lo que no hay es incautación de bienes de los tratantes, ni medidas efectivas de reparación de las víctimas -como denuncian en una acción frente a jefatura de gabinete en el día de hoy Alika Kinan y víctimas de estas redes.

Sin participación del Estado no hay trata

Una red de trata no es un grupo improvisado de cafishos y esclavistas. Requiere para su funcionamiento de la participación de todos los eslabones del Estado –y la protección y amparo del poder político. Las leyes de blanqueo de capitales promovidas por todos los gobiernos (con Cristina y con Macri), son un botón de muestra. Cuando no estamos ante casos que involucran de manera directa al personal político –como el exconcejal de Florencio Varela, Daniel Zisuela, que acaba de ser condenado por prostituir a chicas de 15 y 16 años y a partir de cuyo caso se denuncia un entramado de cómplices y partícipes que abarca a numeroso funcionarios del Frente Para la Victoria, candidatos de Juntos por el Cambio y burócratas de la UOCRA y ATE de la localidad.

Un país que se hunde en la miseria, con un 50% de la población bajo la línea de pobreza, es terreno fértil para el reclutamiento de las redes de trata. El capitalismo se nutre como un parásito del negocio de la destrucción física y moral de las personas. Los negocios ilegales son la forma más habitual que el capitalismo ha adoptado para obtener altas tasas de beneficios en momentos de caída de la producción, recesión internacional y crisis del circuito económico capitalista.

Este 23 de Septiembre reforzamos nuestro compromiso de lucha contra esta mafia, que es ante todo una lucha contra el Estado capitalista que se nutre de ella.

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