La crisis política que sacude al gobierno por estas horas no debe confundir. Contra los pronósticos de un giro “nacionalista” o antiajuste que representaría la jugada golpista del kirchnerismo, la carta de Cristina vino a clarificar una política contraria. Muestra de ello es la designación de Juan Manzur como Jefe de Gabinete.

El prontuario de un emblema de la derecha clerical del PJ

El hasta ahora gobernador de Tucumán no solo es fiel representante de una política de ajuste y agravios al pueblo, sino que lo distingue su prontuario de ataques a las mujeres y diversidades. Es un hombre del reaccionario Opus Dei, jefe político de una provincia proclamada “celeste”, que es tierra privilegiada de las redes de trata, la impunidad, el oscurantismo, la violencia de género y la reacción contra nuestros derechos.

En el año 2009 fue designado por CFK como ministro de Salud de la nación luego de haber protagonizado un escándalo por la manipulación de estadísticas en Tucumán -donde ejerció los cargos de ministro de Salud y luego vicegobernador del derechista Alperovich. Manzur se jactaba de que en la provincia no había desnutrición infantil, ya que el diagnóstico de malnutrición en todos sus grados había sido prohibido por resolución ministerial. Se ha estimado que de este modo en aquel momento más de 22.000 niñxs que padecían hambre fueron borrados de los registros oficiales.

En Tucumán gobierna con una furiosa impronta antiderechos, siendo un fanático defensor del aborto clandestino, hizo declarar a la provincia como “provida”. Desde ya que no adhirió a las leyes nacionales de ESI y salud sexual y procreación responsable -una prerrogativa que habilita las leyes impulsadas precisamente por los gobiernos kirchneristas. Sin ir más lejos, es una de las provincias donde se imparte educación religiosa en la escuela pública.

Bajo el gobierno Alperovich-Manzur fue presa Belén, la joven de 16 años que tras llegar a un hospital público con un aborto espontáneo en curso fue detenida y condenada a 8 años de prisión por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía”. En el año 2016 Belén asistió al Hospital Avellaneda por un fuerte malestar, sin saber que estaba embarazada, y lejos de recibir asistencia y contención, fue torturada con un feto muerto, maltratada y encarcelada. Su caso pretendió ser usado como emblema para adoctrinar y amenazar al movimiento de mujeres de la provincia, que emprendió una potente lucha a nivel nacional hasta conquistar su liberación tras haber sufrido 3 años prisión –con numerosas movilizaciones. El Plenario de Trabajadoras levantó con vigor esta causa, y, con nuestra entonces diputada Soledad Sosa, protagonizamos una fuerte campaña dentro y fuera del Congreso Nacional, que incluyó la presentación de un amicus curiae con frondosas adhesiones.

La lucha por “niñas no madres” en 2019 también fue una respuesta nacional a la política antiderechos de Manzur. En aquella oportunidad la marea verde salió a las calles para denunciar la situación de Lucía, la niña de 11 años que fue obligada a parir tras haber sido abusada y solicitar el derecho a la ILE (interrupción legal del embarazo). Luego de eso vino la denuncia y persecución judicial a los profesionales de la salud que asistieron a la niña –volcando todo el peso de la maquinaria opresiva del Estado contra quienes garantizan derechos.

Manzur es asimismo la cabeza política de una provincia que es el paraíso de las mafias de la trata. La Tucumán de la desaparición de Marita Verón no modificó un ápice con su gobierno la estructura prostibular y sigue creciendo el flagelo del secuestro de mujeres y niñxs para convertirse mayormente en esclavxs sexuales. La impunidad y protección al clan Alé, principales involucrados en el caso de Marita, fue la regla durante todos estos años.

La Tucumán de Manzur es emblema de la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones: la del trabajo precario y la superexplotación laboral de las cosechadoras del arándano, la de la desocupación y miseria de miles de mujeres y la de impunidad de hierro ante los abusos y femicidios. Es la provincia de Lupe (denunciante del legislador Bussi) y de Paola Tacacho, víctima de femicidio –casos recientes que han puesto sobre la mesa toda la maquinaria de protección a los agresores que involucra a lo más alto de las esferas del poder político, judicial y empresarial en la provincia. Al juez Pisa, que cajoneó 14 denuncias de Tacacho, lo premió con una jubilación de privilegio. Nada cambió desde la época de Marita Verón en esta materia.

Ante una agenda reaccionaria, las mujeres debemos volver a ganar las calles

El candidato de Cristina es una afrenta a nuestras luchas y nuestros derechos. Muestra el verdadero carácter del golpe palaciego: su protección personal y su cuota de poder dentro de un gobierno que se derrumbó en las urnas, sin romper con el FMI y el ajuste que reclama mayor sumisión de las mujeres como mecanismo de contención de las masas de trabajadorxs que se hunden en la ruina. La agenda del ajuste es la de la reacción clerical. Eso lo saben Cristina y Alberto. No es un gobierno que “le puso fin al patriarcado”; es un gobierno que busca sobrevivir con el empoderamiento de sus más rancios agentes.

El ajuste del que ahora “todos” toman nota es precisamente el que solo denunció el Frente de Izquierda en estas elecciones. El lugar conquistado como tercera fuerza nacional sin dudas nos refuerza para seguir dando batalla en todos los terrenos contra el oscurantismo clerical, por la ESI y por la defensa integral de las mujeres y diversidades –una lucha que abrazamos cientos de miles en este país y que debe volver a ganar primera plana.

El movimiento de mujeres y diversidades debe tomar nota seriamente de los intereses que se expresan en esta crisis, y organizarse para volver a ganar las calles contra la reacción. Los encuentros regionales de mujeres que se preparan en varias provincias del país tienen una importante tarea por delante.