El juicio por el femicidio de Fátima Florencia Acevedo se realizará entre el 22 y el 26 de febrero  próximo y será acompañado por una vigilia de las organizaciones de mujeres de Paraná que vienen luchando por justicia, de la que participará el Polo Obrero y el Plenario de Trabajadoras, entre otras. Ese mismo día el Plenario impulsa acciones de visibilización en distintos puntos de Entre Ríos, como Concepción del Uruguay, Concordia y Colón.  En el inicio del juicio el PDT movilizará a la casa de Entre Ríos de la Ciudad de Buenos Aires, para colocar en el centro del poder político el reclamo de juicio y castigo para Martínez y para todos los funcionarios cómplices del femicidio.

El juicio estará a cargo de la jueza María Carolina Castagno y la causa está caratulada: “Martínez, Jorge Nicolás s/ homicidio agravado lesiones defraudación en grado de tentativa, violencia de género en concurso real por tratarse de una ex pareja y de haberse perpetrado en un contexto de violencia de género (femicidio)”, figura por la que le cabe la prisión perpetua. El hilo de  responsabilidades se corta ahí, pese a que como quedó demostrado en  los audios de Fátima, así como en las denuncias previas a su asesinato, existe una cadena de responsabilidades estatales en el desenlace que la propia víctima previó pero no pudo frenar, porque el Estado le dio la espalda. En este juicio está ausente la responsabilidad del Estado.

El Ministerio Público Fiscal estará representado por los fiscales Leandro Dato e Ileana Viviani; en representación de la querella actuará la abogada Alejandra Pérez y el abogado Milton Urrutia. El imputado Martínez será asistido por el defensor oficial Jorge Sueldo.

Será un juicio por jurados, con 12 jurados titulares y 4 suplentes, en igualdad de género, cuya selección se realizará el 19 de febrero, desde la 9, en Tribunales de Paraná.  Para reclamar por la transparencia de este proceso, que estuvo cubierto de declaraciones sinuosas del fiscal Datos, las organizaciones de mujeres y amigas y amigos de Fátima Florencia movilizaron el 17 en Paraná.

Un femicidio anunciado

Fátima anticipó su propio final, consciente de que el calvario que padecía de parte de su agresor y victimario terminaría en su muerte. Así lo manifestó en numerosos audios que conmovieron al país por su crudeza y por el cuadro de abandono de parte de quienes son responsables de dar una respuesta estatal. Desde ese 1 de marzo de 2020, a esta parte, nada ha cambiado, como lo expresa el femicidio de Úrsula en la Provincia de Buenos Aires.

Recordemos que el cuerpo de Fátima Florencia fue hallado sin vida, el 8 de marzo de 2020, tirado en un pozo de agua, en el fondo de la casa de su femicida tras 7 días de búsqueda. Se la había visto por última vez el 1º de marzo cuando salió de la Casa de la Mujer, sola, sin ser acompañada por la policía ni ninguna asistencia estatal, para retirar los documentos de ella y su hijx, para poder escaparse definitivamente de Entre Ríos hacia otra provincia, que es lo que ella quería según le dijo reiteradamente a sus amigxs. Fátima era asediada en las inmediaciones de la Casa de la Mujer por Vázquez.

Los audios que se conocieron luego de su muerte dieron cuenta de la situación crítica en la que se encontraba a mediados de noviembre. En ellos Fátima trazaba un escenario angustioso y desolador, luego de haber recurrido a la justicia y a la policía, sin conseguir respuestas reales a sus reclamos. En su relato esclarecido, ella atribuía esa ausencia a la complicidad del poder de turno con Nicolás Vázquez, que trabajaba en el domicilio privado del ex Juez Toloy.

“Ya estoy podrida de cagarlo denunciándolo y que la Policía no haga nada, ni la Policía ni el juzgado ni nadie. Ayer fui al juzgado a ver qué pasaba con las últimas denuncias que yo había hecho y que nunca me llegaron los papeles de la orden de restricción ni nada”, manifestó en uno de ellos. “Puede ser que cuando termine muerta por culpa de él, la Policía y el Juzgado y toda la mierda que tienen que hacer algo puedan hacer algo, pero bueno, mientras tanto tendremos que seguir pagando las consecuencias con el gordo”. Las denuncias de Fátima venían de larga data, desde el 2017, donde ella reclamaba que la justicia termine con el asecho permanente de su expareja. De acuerdo a lo consignado en el Juzgado de Familia N° 1 de Paraná, el hombre la golpeaba cuando se negaba a tener relaciones sexuales y la perseguía: “Si no sos mía, no sos de nadie” (Perfil 9/3).

El ahora ex juez, Héctor Toloy, fue responsable de desviar la causa de la desaparición de Fernanda Aguirre, desaparecida en 2001 en Entre Ríos y cuyo paradero se desconoce hasta el día de hoy. Otro caso impune en nuestra provincia, cruzada por el funcionamiento de las redes de explotación sexual y de trata. Toloy es actualmente abogado defensor de policías y femicidas en un territorio largamente gobernado por el PJ, que ha sido y es el que designa a la casta judicial de la provincia.

El femicidio de Fátima fue prolongadamente precedido por una serie de denuncias y acciones de la víctima, enterradas por el Estado. Cuando este se vio obligado a actuar lo hizo omitiendo las nuevas denuncias respecto a la inminencia de una nueva agresión de su ex pareja. El encubrimiento policial, las negativas de la justicia, la ausencia de políticas efectivas, son una radiografía de un régimen social responsable de los femicidios y las violencias contra las mujeres, con sus instituciones a la cabeza.

¡Justicia para Fátima Florencia! ¡Castigo a todos los implicados en este crimen!

El caso de Fátima Florencia, como el de la compañera Esther Mamani en Capital Federal y el de Úrsula Bahillo en Rojas, son casos testigos, en donde las denuncias previas quedan archivadas en un cajón y no se realiza ningún tipo de seguimiento al acusado ni protección a la denunciante. Todo termina en cargar a la víctima con la responsabilidad de pedir una perimetral y tener un botón antipánico ineficaz, porque la instancia judicial que  -“con suerte”- te da el botón utiliza esto para deslindarse de cualquier seguimiento posterior del agresor.

En vísperas del inicio del juicio el próximo lunes 22 de febrero, las compañeras del Polo Obrero junto a familiares y amigos, y otras organizaciones, exigimos Justicia por Fátima Florencia, perpetua para Martínez y castigo a todos los responsables de este crimen. También la asistencia integral para su hijx.

Como en otros casos, el Estado estuvo presente, pero para garantizar la reproducción de la violencia. La subordinación femenina permite también tener una mano de obra barata a la que se explota en diferentes rubros.

Los ministerios y secretarías de género han fracasado y para superarlos hay que abrir paso a organismos independientes de los gobiernos de turno, electos por las propias mujeres y cuyas políticas sean fijadas por ellas mismas. Un Consejo Autónomo de Mujeres que destine el presupuesto necesario para enfrentar esta realidad sin ataduras a los planes fondomonetaristas y ajustadores de los gobiernos de turno y las políticas de un Estado femicida.