Las repudiadas declaraciones de la vicepresidenta Gabriela Michetti publicadas por el diario La Nación el domingo 1 de julio donde sostuvo que hay que desdramatizar las violaciones y su oposición al aborto no punible aún en esos casos, colocándose por detrás del Código Penal, redactado en 1921, no fueron un elemento aislado propio de una persona sin capacidad de empatizar con el sufrimiento ajeno. Se difundieron el domingo anterior al comienzo del debate sobre la ley de aborto legal, seguro y gratuito en el Senado, que ella preside, de manera que actúan como un reforzamiento de las perspectiva con la que se aborda el tratamiento de esta ley. Forma parte de una ofensiva contra su aprobación por parte de los sectores clericales, de la que la vicepresidenta se ha colocado como principal vocera. Michetti viene de visitar al Papa la semana que Diputados daba sanción al proyecto.  Luego, se reunió con el cardenal Mario Poli y el obispo Oscar Ojea.

El martes comienza el tratamiento en plenario de comisiones del proyecto de ley que salió de Diputados. La primera maniobra que tuvo que superarse fue el intento de que sea girado a cuatro comisiones, que retrasarían su tratamiento. Dado que perdía la votación, Michetti acordó debatirlo en plenario de tres comisiones, excluyendo Presupuesto. Dos de las tres están presididas por senadores contrarios a la aprobación del aborto legal. A su vez, se incorpora la comisión de Asuntos Constitucionales, que a pesar de que ha sido demostrado por abogados constitucionalistas y la propia Facultad de Derecho de la UBA que no, refuerza el argumento falaz de que la ley es contraria a la Constitución.

Pero ahora, las operaciones consisten en que el proyecto sea modificado o que se voten dictámenes alternativos que no solo implicaría que deba volver a la Cámara de Diputados sino que desnaturaliza su contenido.  

El diario La Nación (2/7) informa algunas de estas maniobras. Las intenciones van desde convertir la legalización del aborto en una mera atenuación de penas y sólo para el caso de violación, manteniendo la criminalización de la mujer que se realiza un aborto y la clandestinidad de la práctica; hasta el planteo de transformarlo en una despenalización, lo que conserva su ilegalidad, mantiene la presión estatal-clerical sobre la conciencia de las mujeres de que no se trata de una práctica avalada y, principalmente, siguen existiendo los peligros que su clandestinidad supone para las mujeres que no pueden pagar condiciones de salubridad para abortar, primer problema que ha traído hasta aquí la necesidad de legalizar el aborto: terminar con las muertes o complicaciones de salud en mujeres por abortos clandestinos. Del mismo modo, algunos pretenden incorporar trabas para los casos de embarazos productos de violaciones como la necesidad de presentar denuncias judiciales, que someten a la mujer víctima a la necesidad de contar con “pruebas” que habiliten el aborto, un tendal de nuevas situaciones traumáticas para disuadirla de su voluntad y derecho.

Otro elemento de importancia con el que se pretende obstruir este derecho es la introducción de la objeción de conciencia institucional, que es un gran bloqueo a la realización de la práctica que permite a instituciones de salud no cumplir con una práctica por intereses particulares vinculados a su relación con la Iglesia católica y poniendo el aborto en el plano de la moral en lugar de en el plano de salud. La objeción de conciencia institucional es sumamente grave porque gran parte de esos hospitales son ofrecidos en obras sociales en sus cartillas de prestadores a miles de mujeres trabajadoras en todo el país, que, además de atravesar la negativa de su hospital, deberían realizarse un aborto clandestino.   

Por último, los senadores podrían volver sobre el problema de la autorización de los padres para aquellas mujeres entre 13 y 16 años, en lugar del respaldo en el Código Civil, como sostiene el proyecto que cuenta con sanción de Diputados. Tal como se ha demostrado, la enorme mayoría de los abusos sexuales ocurren dentro del seno familiar o su entorno más íntimo y las presiones sociales para encubrirlos son enormes sobre las víctimas, como denuncian mujeres en todo el mundo. En esas condiciones, obligar a una joven embarazada a contar con autorización de sus padres la obliga a una exposición que debería, por el contrario, evitarse y facilitarle las condiciones para acceder al aborto.

En este cuadro, el movimiento de mujeres y el conjunto de la población debemos mantenernos alerta y movilizados. Las presiones que vienen desde el poder político y que bajan desde el Vaticano son más fuertes que nunca. Así como logramos con un millón de personas en las calles y una movilización sistemática y sostenida superar los ataques y conquistar la media sanción, es necesario ahora derrotar estas operaciones para que el 8 de agosto el Senado apruebe la ley de aborto seguro y gratuito. 





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