Finalmente se dio a conocer el curso que adoptará el tratamiento de los proyectos de aborto legal y el de los “1.000 días”, enviados por el Poder Ejecutivo, en la cámara baja. El esquema acordado por el presidente de Diputados, Sergio Massa, y lxs presidentes de las 4 comisiones a las que le dieron giro al proyecto de aborto, contempla jornadas durante toda la semana entrante.

Lunes y jueves: el proyecto de los “1.000 días”

El día lunes 30 de noviembre se reunirán las comisiones de Salud y Presupuesto para tratar el proyecto de “los 1000 días”, con la participación de funcionarios de la Anses y de distintos ministerios (Interior, Salud, Mujeres y Géneros), para pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves 3, fecha en la que buscarán emitir dictamen.

El proyecto -que no contempla ningún aumento significativo del presupuesto de salud ni consagra efectivos derechos para las mujeres y personas gestantes que no tienen trabajo, vivienda, ni ingresos mínimos de subsistencia- no es cierto que garantice el derecho a la maternidad. Por supuesto que la asistencia a quienes cursan un embarazo en contexto de vulnerabilidad es un reclamo de primer orden –y una de las causas por las que miles deben recurrir a la interrupción del mismo. Pero la disposición de una serie de asignaciones que rondan los 4.000 pesos mensuales por un período acotado de ningún modo resuelve el problema en un contexto de extrema crisis social como el que vivimos.

Que el “modelo” de este programa de los 1.000 días sean la localidad de San Miguel, gobernada por el ala más derechista y reaccionaria de Cambiemos, y la San Juan del antiderechos Uñac, habla por sí solo. La iniciativa no está pensada para brindar efectivas garantías al derecho de una maternidad deseada, sino como recurso de presión y disuasión para las mujeres que necesiten interrumpir un embarazo.

Su aprobación en comisiones un día antes que se dictamine sobre aborto legal, y el desembarco de tantos representantes del gobierno para respaldar el tratamiento es parte de una señal política, porque precisamente este proyecto ha sido elaborado como “prenda de negociación” con los sectores clericales, tal como lo manifestó la propia Ministra de mujeres y géneros, Elizabeth Gómez Alcorta.

El martes arranca tratamiento de la legalización del aborto

El proyecto de aborto legal tiene giro a 4 comisiones, todas ellas presididas por el oficialismo, que durante todo el año cajoneó el proyecto de la Campaña Nacional: Legislación General (Cecilia Moreau), Salud (Pablo Yedlin), Legislación Penal (Carolina Gaillard) y Mujeres y Diversidad (Mónica Macha).

El martes 1 arrancan las reuniones de comisiones, que se extenderán toda la semana con la intención de dictaminar el viernes 4/12, y llevar al recinto en sesión el día 10 de diciembre. Habrá tres jornadas maratónicas, los días martes, miércoles y viernes, que se prolongarán durante la mañana y la tarde.

Esta modalidad obedece a que los “celestes” impusieron –y el oficialismo acordó- la modalidad de expositores (algo que fue largamente agotado durante 2018), con el objetivo de garantizarse una tribuna para predicar contra nuestro derecho.

El rechazo de quienes defendemos el reclamo de la marea verde sin mayores dilaciones logró ponerle un coto, de modo que no se extienda más allá de esa semana.

Habrá entonces 50 expositores -25 del oscurantismo clerical y 25 defensores de la legalización, con 7 minutos para cada uno. Martes y miércoles por la mañana expondrán funcionarios del gobierno, y por la tarde los “expositores invitados”, a favor y en contra. El viernes es la fecha en la que se supone que emitirán el dictamen.

El panorama de las comisiones

Se descarta que el proyecto obtendrá mayoría en el plenario de comisiones. Según informa El Parlamentario, “en Legislación General, la comisión cabecera, hay 15 miembros a favor, 12 en contra y cuatro indefinidos; en Salud, 21 a favor, 13 en contra y un indefinido; en Legislación Penal hay empate 14 a 14 y dos indefinidos; y en Mujeres y Diversidad, 26 a favor, cinco en contra y ningún indeciso”. Advertimos, no obstante, que podrán incorporar modificaciones al proyecto del Ejecutivo –que en lo fundamental replica la media sanción conquistada en 2018.

En aquella oportunidad la banca del Partido Obrero libró una intensa batalla contra las restricciones que los bloques mayoritarios querían imponer a la ley para “ganar más votos”. Finalmente, nuestra diputada Romina Del Plá (cuarta firmante del proyecto de la Campaña), votó la media sanción, pero rechazó en la votación en particular dos artículos que vuelve a traer el proyecto del gobierno: la objeción de conciencia y la preservación de la criminalización del aborto en el código penal, aunque con penas más leves.

La batalla política que tenemos por delante

La gran batalla ahora será impedir que en el tratamiento en comisiones busquen imponer mayores degradaciones al proyecto que la marea verde supo conquistar con multitudinarias movilizaciones a lo largo de meses en 2018.

Ese es el piso mínimo que debemos defender y que debe ser punta de lanza de otra batalla fundamental: la lucha por la separación de las iglesias del Estado –que mientras sigan reforzando su injerencia en salud y educación, seguirán actuando para bloquear nuestros derechos, mientras el gobierno les permite funcionar como un Estado propio dentro del país, vulnerando todas las leyes que consagramos con la lucha.

Luego de diputados el proyecto deberá atravesar la instancia del Senado, donde todo es más incierto. Cristina Kirchner no compromete ni los votos de su propia tropa, empezando por Mayans, a quien designó como presidente del bloque del Frente de Todos, siendo un declarado enemigo de la legalización.

La semana que viene será clave para la marea verde, que debe estar en estado de alerta y movilización para impedir maniobras y dilaciones, y anotarse lo que podría ser un enorme triunfo popular en medio de tanta miseria y ataques a las necesidades populares más urgentes.

Si gana la marea verde, daremos un enorme impulso a todas las luchas en curso.

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