Esta semana se presentó un informe elaborado por la ONG Human Rights Watch, que pone de relieve los obstáculos que existen en Argentina para acceder a la interrupción del embarazo e insta al gobierno nacional a la presentación del proyecto de aborto legal, que fuera parte de su campaña electoral.

En nuestro país, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es un debate que lleva décadas y la lucha por su aprobación de la mano de la ola verde, convocó la movilización de millones de personas en todo el territorio nacional en ocasión de ser tratado el proyecto de la Campaña durante 2018. En aquella instancia, el proyecto obtuvo media sanción por la Cámara de Diputados (con algunas modificaciones respecto del original) el 13 de junio, pero fue rechazado por el Senado el 8 de agosto: 38 votos en contra, 31 a favor, dos abstenciones y un ausente. Cabe recordar también que el bloque PJ-K votó dividido, incluso una de las abstenciones corresponden a Omar Perotti (PJ), actual gobernador de la provincia de Santa Fe y quien mediara para bloquear la supuesta nacionalización de Vicentin.

Claramente, y en la misma sintonía que el informe, el rechazo a la ley IVE no trae aparejado el abandono de la práctica. Somete sin más y con todos los riesgos que conlleva, a la clandestinidad, repercutiendo en la vida, la salud y en la persecución penal para las personas gestantes que deciden abortar y quienes realizan la práctica en un país donde se realizan más de 400.000 abortos por año.

Para sortear estas circunstancias, el movimiento de mujeres organizado desarrolla redes de profesionales por el derecho al aborto, personal de salud, abogadxs y otros, bajo el amparo del “modelo de causales”: artículo 86 del Código Penal (1921), fallo FAL. Aún así, el Código Penal prevé penas de hasta cuatro años a mujeres que se provocan un aborto. Casos como el de Belén en Tucumán (2016) dan cuenta del ensañamiento para con las mujeres que deciden abortar.

En el informe que presenta la ONG se puede leer algo que las organizaciones de mujeres y diversidades-disidencias denunciamos desde siempre: “la criminalización del aborto genera múltiples barreras para las personas gestantes que procuran acceder a un aborto legal, incluida la falta de información pública sobre el alcance de las causales, particularmente sobre cuándo el embarazo pone en riesgo la salud; las restricciones ilegales impuestas por los centros de salud, como el requisito ilegal de que los padres, las parejas o autoridades judiciales o de protección de niños y niñas autoricen el acceso al aborto o el uso de métodos de anticoncepción; los límites gestacionales arbitrarios impuestos por hospitales y centros de salud, y la necesidad de presentar una denuncia policial o de conseguir una orden judicial que permita realizar un aborto en casos de violación”. En otros pasajes del informe se agrega a esta enumeración la objeción de conciencia, los límites gestacionales arbitrarios, la violación de confidencialidad, la persecución penal de mujeres, profesionales de la salud, activistas, etc.

Desde ya, los obstáculos en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos aumentan con el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional en marzo de este año.

Es así que el informe insta a la presentación del proyecto de “despenalización y legalización” con el que el Frente de Todos hizo campaña y llevó a la cooptación de una parte del movimiento que depositó expectativas en dicha acción.

En lo que va del año no se conoce el texto del proyecto tan anunciado, los trascendidos de la mano de Vilma Ibarra solo tuvieron la intencionalidad de poner paños fríos a la demanda incesante por este tema y se suma a que, en las últimas semanas, el mismo Ejecutivo dijo que no se trataría durante 2020 porque “hay otras prioridades” y requiere que los ministros y secretaría de Salud estén abocados al debate. Algo que hoy no se podría hacer por la emergencia por el Covid-19.

Desde ya, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad mantiene un silencio de radio.

Ni hablar que la dilación en aprobar el proyecto IVE ha permitido que los sectores antiderechos sigan operando y obteniendo de esa presión la reglamentación restrictiva del Protocolo ILE (Interrupción Legal del Embarazo) en la Ciudad de Buenos Aires, con resoluciones que introdujo el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta por fuera, habilitando la “objeción de conciencia” institucional o el bloqueo a la Educación Sexual Integral científica y laica.

Exigimos la inmediata aprobación del proyecto de la Campaña Nacional por el derecho al aborto. Separación de las iglesias y el Estado. ¡Basta de lobby clerical!