El pasado martes 7 de noviembre, los medios locales dieron a conocer la noticia del hallazgo de un feto en una bolsa de basura, que había sido recogida por un recolector municipal de la ciudad de Reconquista.  Rápidamente los agentes policiales iniciaron la búsqueda de la posible mujer gestante, y procedieron a tomarle declaraciones al trabajador municipal, a sus compañeros, como así también a los vecinos del barrio. Ese mismo día por la tarde los agentes policiales de la comisaría segunda y Policía de Investigación (PDI)  llegaron hasta un domicilio en el que entrevistaron a una mujer, quien manifestó ser la responsable del hecho.  La noticia dejó entrever  que hubo una  supuesta “entrega” de ella y que fue derivada a un servicio de salud pública para determinar su estado físico y emocional.

 

Durante la mañana del miércoles, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Aldo Gerosa, brindó una conferencia de prensa precisando algunos datos sobre la situación de la mujer, como por ejemplo que el feto hallado sería de aproximadamente 20 semanas, que en los informes médicos y psicológicos preliminares se informa que la mujer atraviesa un cuadro de “trastorno mental transitorio completo” y que por esa razón es “inimputable”. En otra parte de su intervención, en la conferencia, el funcionario aclara que la situación no amerita avanzar en su culpabilidad, y  que pudieron determinar el método abortivo -con pastillas-  mediante el “quebrantamiento espiritual” de la mujer.  Gerosa no omite palabras  al señalar participaciones y otras responsabilidades para decir que la mujer pudo haber recibido ayuda de terceros.

 

Los dichos del fiscal deslizan que la situación legal de la mujer y  la etapa de investigación judicial no están concluidas, ya que también se busca determinar quiénes colaboraron con ella, proveyendo la medicación o brindándoles asesoría. Esto  deja todo un terreno abierto para que dicha “inimputabilidad” pueda ser reconsiderada, sobre todo teniendo en cuenta el lobby mediático y político con el que cuenta la Iglesia y los sectores conservadores, y que pueda avanzarse judicialmente contra la mujer que abortó. 

 

El movimiento de mujeres de la provincia y de todo el país tiene que estar alerta frente a la posibilidad de que el poder judicial avance contra esta mujer y su entorno, exigiendo el cierre de la causa y reclamando el aborto legal.

 

 

Este caso se suma a otros hechos anteriores. En 2009, Ana M. fue derivada a Santa Fe desde Reconquista tras  un cuadro de infección generalizada por haberse realizado  un aborto clandestino, donde murió. En 2014, otra joven de la localidad de Malabrigo, quien había abortado con pastillas, fue  condenada a dos años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional por haber abortado un feto con 19 semanas de gestación. La sentencia fue acordada por medio de un juicio abreviado  en 2016, que fue acordado entre las partes.

 

Este cuadro pone al descubierto que las mujeres en el norte de Santa Fe abortan de manera clandestina y en las peores condiciones, poniendo en riesgo su salud y su vida, y que son criminalizadas. Luego de que el gobierno provincial reconociera la responsabilidad del Estado en la muerte de Ana María Acevedo (la joven empleada doméstica, mamá, que no recibió quimioterapia por estar embarazada y que murió), el cuadro continúa siendo el mismo para las mujeres pobres de nuestra provincia.

 

Durante los 12 años de gobierno del kirchnerismo el debate para legalizar el aborto no pudo siquiera ser introducido, línea política que continúa el gobierno macrista de Cambiemos. En Santa Fe, si bien existe el denominado protocolo ILE (interrupción legal del embarazo) para la atención de los casos no punibles, lo cierto es que las restricciones a recibir asesoría, conseguir la medicación y acompañamiento están presentes, mientras que las denuncias por las limitaciones para acceder a los procedimientos legales vienen del conjunto de trabajadoras de salud que atienden los casos.

 

Organicémonos de manera independiente del Estado y la Iglesia para salir a luchar por educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Ninguna mujer criminalizada ni presa por abortar. Cierre de la causa.