Mujer

8/2/2024

Arremetida contra el aborto legal, en medio de una crisis política sin precedentes

La marea verde debe poner en pie un masivo 8M ganando las calles en todo el país.

Foto: archivo.

Apenas un día después del bochornoso fracaso gubernamental con la caída de la Ley Ómnibus, se conoció el envío de un proyecto al Congreso para derogar la ley de aborto legal firmado por 7 diputados de La Libertad Avanza: Rocío Bonacci, Beltrán Benedit, María Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y Oscar Zago (presidente del bloque libertario). El asunto generó un escándalo legislativo cuando Lemoine y Quintar denunciaron que su firma fue puesta sin su consentimiento y el propio Milei mandó a su vocero Adorni a aclarar que no se trata de una iniciativa del gobierno. “No sería el momento político”. Temen que la furia y la lucha de la ola verde irrumpa en medio de una crisis política que no para de escalar.

Antilibertad

El proyecto no sólo establece la anulación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) conquistada en el 2020 con un potente movimiento de lucha rodeando las calles en el Congreso y en todo el país. Más aún, retrocede respecto del Código Penal de 1921, eliminando las causales que descriminalizan la práctica del aborto bajo ciertas circunstancias particulares. Estos artículos fueron modificados por la ley 27.610 de IVE y lo que ahora proponen los liberfachos es agravar nuevamente la criminalización de las mujeres y recuperar un poderoso instrumento de adoctrinamiento y control social de la mano del Código Penal y la tutela del Estado.

Concretamente, el proyecto de los diputados de La Libertad Avanza elimina de un plumazo la legalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación y la despenalización por causales fuera de ese plazo debido a una violación o por riesgo de vida o de la salud integral de la persona gestante (artículos 85 y 86 del Código Penal); y elimina la condena al “funcionario público o la funcionaria pública o la autoridad del establecimiento de salud, profesional, efector o personal de salud” que obstaculice, dilate o se niegue a realizar la práctica en las condiciones legalmente permitidas (artículo 85 bis). Recupera de este modo una legislación reaccionaria que se ubica ideológica y políticamente por detrás de la Revolución Francesa y cualquier aspiración de tipo libertaria, en un aspecto tan básico e íntimo de las libertades individuales como el de una mujer o persona gestante a decidir sobre su propio cuerpo y proyecto de vida.

Clandestinidad: retroceso civilizatorio y negocio capitalista

La legalización del aborto hasta las 14 semanas puso un coto a un verdadero drama en nuestro país, permitiendo casi eliminar una de las principales causas de muerte de mujeres embarazadas. En particular, de las mujeres más precarizadas y empobrecidas, expuestas a prácticas en condiciones de absoluta insalubridad donde terminan con mutilaciones gravísimas y muchas veces con su propia vida, por no poder acceder a una práctica segura que siempre se cobró carísimo en clínicas y sectores privados. Nadie nunca se metió con ese negocio, más bien quienes pregonan “la defensa de la vida” son lobistas de quienes lucran con la propia vida. Antes de la ley, el costo de la realización de un aborto en condiciones seguras superaba con creces al salario mínimo. Las consecuencias de la clandestinidad tienen un fuerte contenido clasista, como muestra también quiénes se benefician de ella, enriqueciéndose a costa de la necesidad y la salud de quienes cursan un embarazo no deseado.

La clandestinidad bloquea también el acceso a la información sobre el aborto seguro con misoprostol y mifepristona, de uso habitual en numerosos países y que hasta son referencia de Milei como el Estado genocida de Israel, donde una causal para admitir el aborto es “la soltería”: una condición ridícula interpuesta para condicionar derechos de las mujeres y cuestionar sus capacidades. Como dice Vanina Biasi, diputada electa del PO-FITU: “Milei, que llama esto ‘una democracia de avanzada’, busca estar muy por detrás que la propia legislación del Estado que es referencia política para él y al que acaba de visitar”.

El debate, la organización y la lucha de las mujeres extendió asimismo el reclamo por una educación sexual, laica y científica, por el acceso a la información y el conocimiento sobre los cuidados en el ámbito de la sexualidad de manera amplia, por la separación de las iglesias del Estado. La disminución de embarazos adolescentes fue sin duda un subproducto de este proceso. La ley de IVE no es una ley restrictiva ni obliga a nadie a abortar, sino que habilita un derecho para quienes tienen esa necesidad.

Ofensiva y crisis política

El ataque a los derechos de las mujeres es un eje central en la agenda del gobierno, y también el anhelo de buena parte de la oposición patronal. La conquista del aborto legal, a instancias de la masiva movilización popular que se impuso en el Congreso de los dinosaurios, no sólo fue una conquista en defensa de la vida y la salud, sino sobre todo un golpe a un andamiaje jurídico capitalista y clerical que educa a la población en la subordinación y discriminación de las mujeres para dividir a lxs trabajadorxs. Cuando el plan motosierra amenaza con destruir a niveles históricos las condiciones de vida de la clase obrera, estos mecanismos se vuelven más necesarios y apremiantes para el capital.

Con la designación de la fundación Conin del Opus Dei y de Aciera como los intermediarios oficiales para la asistencia alimentaria en los barrios (con un convenio millonario, luego de recortar la entrega de alimentos en comedores populares), el gobierno no sólo busca reforzar negocios de aliados, sino apuntalar y financiar a los agentes del adoctrinamiento más oscurantista y reaccionario.

El límite, como siempre, es la organización y la lucha. El peronismo en todas sus variantes trabajó para la desmovilización, al tiempo que empobreció brutalmente a las mujeres y siguió reforzando a las iglesias. Pero la ola verde demostró su potencia y no va a tolerar provocaciones, y el gobierno lo sabe. Por eso la quilométrica Ley Ómnibus no había planteado avanzar contra este derecho. Por eso ahora el gobierno le baja el precio al proyecto de ley de sus diputados. Pero ya mostraron más que los dientes y quieren ir a una guerra contra las mujeres y diversidades. Nosotras y nosotres tenemos que responderles con un masivo y combativo 8M que reagrupe a todxs lxs luchadorxs del movimiento piquetero y los lugares de trabajo, de la cultura y las asambleas populares y empujar a las calles nuevamente a millones en defensa de las mujeres, nuestros derechos y contra todo el plan motosierra. ¡No pasarán!