El triunfo que representa la legalización del aborto voluntario tiene un alcance histórico para nuestro país y para el mundo. Más aún cuando este triunfo contra el clero reaccionario es arrancado en el país del Papa. La proeza de la marea verde se impuso al Estado capitalista que imparte represiones y tabúes sobre los cuerpos de las mujeres trabajadoras para dominar las vidas del conjunto de la clase obrera. El desafiante movimiento de mujeres enfrentó con determinación las presiones y los principios reaccionarios de las iglesias, incluso en sus propios colegios y regiones del país que creían absolutamente dominados.

La fuerza de la marea verde, que desde 2015 no dejó de movilizarse, llegó a impactar con fuerza a nivel internacional.

En tiempos de pandemias, ajustes feroces, pauperización completa de las masas, incremento de las pobreza, robo a jubilados y recortes salariales, el triunfo de la marea verde cumple una doble función: mostrar que cuando se lucha en las calles masivamente se gana y golpear a instituciones que como las iglesias cumplen un rol de contención social que garantizan las políticas fondomonetaristas que se esparcen por todo el continente. Con el método de la huelga y la movilización ha triunfado también en simultáneo la gran huelga de los 20 mil obreros de la industria exportadora aceitera. Son triunfos con los métodos y el programa históricos de la clase obrera.

Una enorme colaboración para esta lucha la brindaron otros pueblos de América que protagonizaron grandes jornadas de lucha desde 2018. El temor a la rebelión popular que explotó en Ecuador y en Chile también influyó en la decisión de que enemigos históricos del aborto legal resolvieran adoptar este programa en las elecciones del 2019. No hay nada a lo que le teman más los gobiernos capitalistas que al levantamiento de los pueblos.

Mientras que la segunda ola de feminismo, que se transitó en EE.UU. y en Europa en los 60 y 70 abrió paso a la legalización del aborto en aquellos países, durante estos 60 años de historia la descomposición del capitalismo llevó a los gobiernos de América Latina a una alianza aún más férrea con las Iglesias que se tradujo en una resistencia más fuerte aún a este tipo de cambios. La cooptación imperialista que entre los 70 y los 90 organizó la integración de la lucha por los derechos de las mujeres al Estado, de la mano de conferencias internacionales de la ONU que armaron el programa de estatización de las demandas, fue parte de una iniciativa que bloqueó conscientemente la legalización del aborto allí donde las Iglesias representaban un poder especial ligado al Estado para contener a las masas pauperizadas por los planes fondomonetaristas.

Que la legalización del aborto voluntario se haya aprobado bajo un gobierno peronista deja una enorme lección política. El nacionalismo en la Argentina, históricamente enemigo de este derecho desde Montoneros y su Agrupación Evita hasta el Guardia de Hierro de Bergoglio, contrarios al reclamo de anticoncepción y al aborto legal, autodefinidos como agrupaciones “antifeministas”, debió entregar un recurso de disciplinamiento social por excelencia, el aborto clandestino, forzado por la ascendente movilización popular en torno a esta demanda. Al abrazar la causa del aborto legal la marea verde adoptó un programa contrario al levantado por los partidos gobernantes de nuestro país en toda su historia. Solo las organizaciones de la izquierda trotskista defendieron desde sus orígenes este programa y esta lucha, y padecieron sin atenuantes los golpes del Estado por hacerlo, como el intento allá por los 80 de no otorgar la personería electoral al Partido Obrero por llevar en su programa la defensa del aborto legal.

Por su parte, infinidad de mujeres con diferentes adhesiones políticas pugnaron por imponer este programa desde una identidad feminista a través de la cual le dieron impulso a innumerables actividades y proclamas desde hace más de 35 años. Los Encuentros Nacionales de Mujeres fueron un gran centro de reagrupamiento de quienes luchamos por este y todos los derechos de las trabajadoras. De los Encuentros surgió el reagrupamiento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto que comenzó reclamando modificaciones al artículo 86 del Código Penal para luego al finalizar el gobierno de Néstor Kirchner inscribirse en el camino del reclamo del Aborto Legal con un proyecto de ley cajoneado sistemáticamente por el kirchnerismo hasta que el gobierno de Mauricio Macri lo sometió a tratamiento pretendiendo así golpear al papado de Francisco aliado del peronismo por un lado. Por otro, al igual que ahora, para atenuar la crisis política que atravesaba como resultado de su fracaso.

La alianza del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner con la Iglesia Católica y con lo más reaccionario de las evangélicas, Aciera, sigue en pie. Y esa alianza va a requerir de nuevas concesiones hacia una curia que ha sido fuertemente golpeada por la aprobación del aborto legal. Su función política cobra mayor fuerza lejos de las grandes urbes del país, allí donde la Iglesia Católica tiene el monopolio de la educación, la salud y del poder judicial y los templos evangélicos se abren paso en las barriadas más precarizadas realizando las tareas de asistencia a las que el Estado renunció. Este triunfo abre un camino a la lucha por la separación de la iglesia del Estado que en nuestros países es una lucha de choque directo con el Estado.

 

 

Es importante destacar que la demanda de aborto legal creció en momentos en que la mortalidad por esta causa decrecía, como así también las internaciones por complicaciones, como fruto del desarrollo del aborto con pastillas, un mecanismo mucho más seguro que los abortos quirúrgicos, con sondas o con otros elementos a los que estaban condenadas las mujeres pobres en el pasado. El aborto es derecho al acceso a la salud, sin lugar a dudas, pero ante todo es la ruptura de un mecanismo político de condicionamiento social en favor de intereses ajenos a las mujeres y a las mayorías populares. Detrás de la condena a la práctica del aborto el régimen capitalista, en los países que cogobiernan con las Iglesias, coló principios de tutelaje de las mujeres, de imposición de médicos, curas y Estado por sobre la decisión de ellas mismas como así también otras formas de violencia cotidiana que imparte el Estado y que luego se ven reproducidas en la sociedad.

Con el aborto clandestino el Estado vulnera el derecho de aquella que tiene opciones a poder decidir y revictimiza a aquella a la que forzó a abortar, condenándola al trabajo precario, la miseria o a la violencia de género y a morir o a quedar mutilada para cumplir con la imposición del Estado.

En nuestro país la demanda del aborto legal estuvo presente desde la década del 60, pero cobró fuerza y un significado más abarcativo con la salida de la dictadura militar. El reclamo de aborto legal a la vez que cumplía la función de dar una salida a centenares de muertes evitables, también cumplía la función política de golpear a una de las instituciones emblemáticas aliadas de la dictadura militar, la Iglesia católica, que venía de bendecir las torturas y a los torturadores. Que el aborto legal se haya aprobado bajo el papado de Jorge Bergoglio, alias Francisco, uno de los principales aliados políticos de esa dictadura, del obispo que entregó un título honoris causa a Emilio Massera, impulsor de los vuelos de la muerte y de las torturas en la ESMA, cobra un valor especial también.

Tras más de 35 años de lucha, en 2018 la marea verde puso en pie una masiva movilización en torno a este reclamo, confrontando con todos los poderes del Estado y con las Iglesias -que desde la dictadura en adelante, fueron reforzando su poder bajo el amparo de todos los gobiernos. La lucha por el aborto legal cobró particular fuerza entre la juventud, que ocupó colegios reclamando educación sexual, confrontando con las autoridades confesionales (monjas y curas que dominan buena parte del sistema educativo en nuestro país), y que simboliza en la demanda por aborto legal una lucha de alcance extraordinario contra la regimentación, la opresión y todas las formas de violencia. Detrás del reclamo por este derecho, emerge un cuestionamiento de fondo contra los pilares del régimen de dominación capitalista.

Esta lucha también nos llevó a confrontar con la burocracia sindical de todos los colores políticos, en particular con las centrales oficialistas bajo la órbita del PJ. En 2018, las organizaciones clasistas le montamos un pañuelazo a la CGT luego de que se pronunciaran contra la ley, rechazando la obligación de las obras sociales a garantizarla. Para la burocracia sindical, fuertemente clerical, la subordinación de la mujer es un ariete de adoctrinamiento y de división de toda la clase obrera.

En 2018 el gobierno de Macri habilitó el tratamiento parlamentario con el objetivo de introducir una cuña entre el Pj-kirchnerismo que se reagrupaba para relevarlo en el poder, y el papa peronista. Ningún bloque político de la burguesía se jugó a fondo por consagrar la ley, y el lobby clerical se impuso finalmente en el Senado.

La potencia de nuestra lucha llevó al presidente que apoyó el Vaticano a tener que comprometerse con este derecho en plena campaña electoral. El delicado equilibrio de negociaciones con las iglesias impuso la dilación gubernamental durante todo el año. La demanda solitaria de Romina Del Plá en el Congreso durante todos estos meses, sin que ninguna diputada ni diputado oficialista se conmoviera por ello, da testimonio de una política que subordinó nuestro derecho a las especulaciones y conveniencias gubernamentales del momento. Esto lo vemos reflejado hoy en el tratamiento simultáneo del aborto legal, junto al ajuste infame de jubilaciones y asignaciones sociales.

Si Alberto y Cristina Fernández creyeron que con el aborto legal podrán ocultar el monumental robo a los jubilados que se consagró hoy mismo y la política de ajuste y ofensiva contra las y los trabajadores, se equivocan. Porque no se puede tapar el sol con las manos, y porque los agravios contra el pueblo los sufrimos y los enfrentamos día a día, en cada barriada y en cada rincón del país.

La lección popular de haber arrancado este derecho con la lucha, enfrentando un principio de sumisión y resignación con el que las iglesias y los Estados pretenden que toleremos todo tipo de ataques, reforzará sin dudas la lucha por las causas que defiende la mayoría social que vive bajo la opresión y la explotación.

La batalla ahora será por la aplicación efectiva de la ley y por la separación de las iglesias del Estado. Por la educación sexual laica y científica, contra la impunidad y protección gubernamental de los curas abusadores, contra el financiamiento y los negociados amparados por el poder a favor de estas instituciones reaccionarias. Pero será también una nueva batalla contra las restricciones incluidas en la ley por parte de los sectores clericales en torno a la objeción de conciencia, primero individual y ahora institucional. Perdidos por pedidos los cleros reaccionarios buscan ejercer la dominación oscurantista en el vasto sector de la medicina privada donde tienen fuerte influencia, lo mismo que en el circuito educativo público y privado. Cristina, opuesta a desempatar para preservar sus vínculos con el clero, ha admitido estas negociaciones que pretenden restringir el derecho y que todavía pueden profundizarse en la reglamentación.

Hoy arrancamos un triunfo histórico, con el que asestamos un golpe a la reacción clerical y a la clase social capitalista que necesita de ella para preservar sus intereses. Hoy nos reforzamos en la lucha. Hoy ganamos quienes tenemos un mundo por conquistar.

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